Septima Papeleta

“La séptima papeleta”

Durante la fase final del trámite de la reforma constitucional promovida por el gobierno del presidente Virgilio Barco se propuso, en diciembre de 1989, convocar a un "Referendo extraordinario por la paz y la democracia" que debería realizarse el 21 de enero de 1990 para consolidar los acuerdos de paz con el movimiento insurgente del M-19. La presión violenta del narcotráfico aprovechándose de esta consulta hizo que el pueblo se pronunciara también sobre la extradición, esto obligó al gobierno a hundir la totalidad del proyecto.

De la necesidad de una Asamblea Constituyente se venia hablando en los partidos tradicionales desde finales del Frente Nacional y se insistió con fuerza en el Diálogo Nacional pactado por el M-19 y el EPL con el gobierno de Belisario Betancur. El 20 de mayo de 1989, en los salones del Congreso de la República, en la Mesa de diálogo y concertación sobre asuntos constitucionales, se firmó el pacto para que por la vía de la reforma al artículo 218 de la Constitución se incluyera "la convocatoria a una asamblea constituyente de amplia representación política y social".

Los estudiantes de varias universidades del país impulsaron la inclusión de una "séptima papeleta" en las reuniones del 11 de marzo de 1990 para apoyar la convocatoria a una asamblea constituyente, a pesar de que este mecanismo de reforma constitucional no estaba autorizado en la Constitución y contrariaba expresa prohibición constitucional (artículo 13 del plebiscito de 1957). El respaldo a esta iniciativa por algo más de dos millones de votos que informalmente fueron escrutados, creó una situación de facto que el gobierno implementó mediante el decreto 927 de 1990, por el cual se facultó a la organización electoral para contabilizar los votos que se depositaran en las elecciones presidenciales del 27 de mayo para expresar apoyo o rechazo a la posibilidad de convocar una asamblea encargada de reformar la Constitución.

Parte de esa historia se hizo en una mesa del Hotel Continental en Bogotá, cuando con algunos amigos de la revista Debate le propusieron a Carlos Pizarro que ante el hundimiento de piezas claves del pacto firmado con el gobierno Barco que figuraban en la fallida reforma constitucional, se llamara a un voto adicional para que los colombianos se pronunciaran por la paz y por una constituyente para la democracia.

El primer borrador se redactó en una servilleta y los coautores Alberto Caicedo y Adriana Velásquez, conocidos como parte del grupo de los 12 apóstoles delegados por el M-19 para las mesas del diálogo, fueron los encargados de llevarlo a Santo Domingo, donde se concentraba la comandancia de esa agrupación a la espera del cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno y del Congreso para pasar a la desmovilización total.

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