Sistema de Seguridad Social. El concepto de sistema social da por supuesto que todas y cada una de las personas

Sistema de Seguridad Social

El concepto de sistema social da por supuesto que todas y cada una de las personas acostumbra a vivir en común de una manera estructurada. Siempre existe un orden mínimo y de acuerdo a este los hombres y mujeres que conforman una sociedad actúan y se comportan siempre dentro del marco de un sistema social, que cada uno percibe con diferente claridad.

El sistema social existe cuando un grupo de personas que se rigen por una serie de normas culturales, influyen habitualmente unas sobre otras con motivo de las expectativas sociales mutuas, y tienen al menos algunas metas en común.

Por su parte, seguridad social hace alusión a certeza social, que se refiere a tener la seguridad de que todos los ciudadanos contarán con los elementos necesarios que le garantice una vida plena, es decir, es aquella que es entendida y aceptada como un derecho al que toda persona debería poder acceder, que le asegure al menos una protección básica para satisfacer estados de necesidad, de poseer bienes o medios de producción en cantidad y calidad suficiente, o percibir un salario o pensión que le asegure tener acceso a los recursos materiales que son indispensables para tener una vida como mínimo digna.

Estamos hablando de un sistema de seguridad social que comprende educación, salud, atención de enfermedades, sistema laboral, asentamientos humanos y vivienda, recreación, realización personal, desarrollo comunitario y regional.

Es así como los Estados se han configurado con el propósito de establecer modelos al servicio de esos fines, y es en ese contexto que se ha concebido al Estado como el principal, sino el único promotor de tales acciones. Sin embargo, no siempre se ha logrado implementar o desarrollar un sistema de seguridad social equitativo y justo, en el cual las personas tuvieran la necesaria participación política.

El Estado debe elaborar y ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar a todas las personas en determinadas áreas como la educación, la salud y en general todo el espectro posible de seguridad social al que hice referencia en líneas anteriores.

Los programas gubernamentales destinados a satisfacer tales necesidades y que son financiados con presupuesto estatal, deben tener carácter gratuito, en tanto que su existencia y funcionamiento es posible gracias a los fondos provenientes de la hacienda pública, que se costea a partir de las imposiciones fiscales que el Estado establece para gravar a los propios ciudadanos. En esa línea, el Estado lo que hace es un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases inferiores de la sociedad son las que resultan mayormente beneficiadas con la cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.

En este sistema social se engloban temas como el subsidio al desempleo, los planes de pensiones y jubilaciones, la salud pública, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones importantes para la sociedad y otras medidas que han ido brotando en muchos países tanto industrializados como en vías de desarrollo para asegurar por lo menos niveles mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos y corregir los desequilibrios que han ido aumentando con el pasar de los años en lo que se refiere a la distribución de la riqueza y acceso a oportunidades.

Adentrándonos en la realidad, es evidente ver las innumerables acciones que se dan a lo largo y ancho del país en contra de ese sistema de seguridad social, veamos el caso de la evasión fiscal, para ello empecemos leyendo lo que señaló la organización Oxfam en un comunicado publicado en Australia: “Los países en desarrollo pierden unos $100.000 millones anuales en ingresos tributarios debido a la evasión de impuestos” (La Nación, 2014). No es necesario ser muy diestro en economía para saber que se está hablando de una cuantiosa cantidad de dinero, que representa una enorme pérdida para los ingresos netos del Estado, los mismos que después en el Plan de Presupuesto Nacional serán distribuidos entre las diferentes organizaciones estatales destinadas a dar cobertura social a aquellos que más lo necesitan.

Veamos esta noticia relacionada de igual forma con la evasión fiscal: “El Servicio Nacional de Aduanas del Ministerio de Hacienda reportó este viernes que gracias a labores de inteligencia lograron detectar una supuesta evasión de 273 millones de colones en impuestos, más multas, por parte de una empresa internacional reconocida, dedicada a la importación de pantallas planas” (elmundo.cr, 2015). Lo anterior es una de las tantas situaciones de evasión fiscal y de enormes pérdidas que esto produce al presupuesto del Estado, lo importante aquí es destacar que son casi siempre las grandes compañías nacionales y extranjeras las que buscan evadir o disminuir el pago de sus impuestos corporativos, en gran parte de los casos lo hacen aprovechando las lagunas legales que existen en esta materia.

Fijemos en este punto nuestra atención específicamente al área de la salud, cuando nos referimos a este tema la mayoría pensaremos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y por supuesto, ya que esta es la institución a cargo de la sanidad de todos aquellos ciudadanos que están al amparo de la cobertura social, pero al igual que sucede con la evasión fiscal, los que más tienen siempre buscan evadir el pago de sus obligaciones con el Estado y con las diferentes organizaciones gubernamentales, aunado a esto buscan eludir también determinados procesos ya sea con la CCSS, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica y demás instituciones según sea la actividad que realicen. Para darnos cuenta de esto basta con ver algunos de los titulares que aparecen en los diferentes medios de información nacional, veamos el siguiente: “Una lista divulgada por la CCSS esta mañana señala que los 20 patronos activos con mayor morosidad con la entidad adeudan ¢5.962 millones. En la lista figuran constructoras, hoteles y hasta el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).” (La Nación, 2013).

Noticias como estas ya no son un acontecimiento desconocido o esporádico para la población que día a día trabaja para llevar el sustento diario a sus hogares y que sí desembolsan sus respectivas obligaciones con el fisco o la CCSS, y son ellos mismos los que tienen que ver como las grandes compañías evitan saldar las cuentas de sus impuestos y de sus obligaciones obrero-patronales, y ver además como el Estado después de tantos años no ha podido dar solución a este problema que perjudica considerablemente al sistema de seguridad social.

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