Tema de Un derecho pendiente.

La restricción de los derechos electorales de las personas privadas de su libertad  constituye un notorio agravamiento de la pena impuesta y, a su vez, muestra una peligrosa faceta del supuesto Estado de Derecho.  El derecho penal ocupa un lugar protagónico en este análisis, en el cual se procurará establecer una relación entre las diversas teorías de la pena desarrolladas a lo largo del tiempo con el artículo propuesto.

En primer lugar, dentro de las teorías justificacionistas relativas de la pena, es posible destacar la de la prevención especial positiva. Así como el mismo Código Electoral Nacional sostiene la prohibición de votar, la ley 24.660  de Ejecución Penal, se inclina mayormente por la mencionada teoría ya que contempla un programa destinado a la reinserción del encarcelado que apunta principalmente a la instrucción y educación. Por lo tanto, puede denunciarse una clara contradicción proveniente de ambos textos legales, provocando una confusión acerca de cuál es realmente el modelo deseable. ¿Cómo se pretende lograr la “función resocializadora penitenciaria” si el mismo sistema subestima y descree de la capacidad de los presos para ejercer su derecho político y constitucional de elegir a sus representantes?  Resulta difícil de entender esta práctica excluyente en el seno de una democracia, utilizando los instrumentos que la misma proporciona. De este modo, ¿cómo puede considerarse a la pena como un bien para quien la sufre si se tiene en cuenta este agravamiento impuesto a la privación de la libertad? La resocialización, reeducación, reinserción, etc. no resisten ni el más mínimo análisis en una sociedad en donde se lo priva de la posibilidad de participar del debate político –esencial en una democracia- dejando al sujeto estéril y totalmente aislado. Es así que la pena asume un papel perjudicial no sólo para la misma persona sobre la que se le impone sino también para el Estado de Derecho, ya que atenta contra él mismo. Asimismo, se produce una manifiesta falacia normativa que conduce a afirmaciones a priori que no son contrastables con los hechos. Estas ¨ideologías re¨ sostenidas por la teoría de la prevención especial positiva se hallan deslegitimadas frente a los datos de la realidad social, en donde el Estado de derecho es reemplazado por un estado de policía absolutamente paternalista. A pesar de que se visualiza una gran evolución, tanto en el ámbito nacional como en otros países, todavía queda mucho por hacer.

En segundo lugar, propongo relacionar el artículo a la luz de la teoría de prevención especial negativa. La prohibición de voto puede considerarse como una manifestación de esta teoría, ya que busca neutralizar al diferente e inferior, fundamentándose en un bien para el cuerpo social. Sacarle la posibilidad de votar significa su aislamiento social, quedando completamente anulado e indefenso frente a todo el sistema que intenta eliminarlo. Nace una lucha desigual y en la que no importa la solución del conflicto, profundizándose la problemática. ¿Con qué fundamento el Estado se cree capaz y habilitado para neutralizar a un individuo? Resulta paradójico y necesario manifestar que muchas veces los habilitados para ejercer el poder punitivo hacen muchísimo más daño al “cuerpo social” que lo que pueden llegar a hacer los prisionizados, más aún si se tiene en cuenta que el 90% de los presos son por obras toscas de delincuencia y portación de estereotipo. Entonces, ¿cuál es el argumento para que aquellos puedan participar en el mismo seno del debate político –ya sea votando o postulándose a candidaturas- mientras que los presos permanecen anulados y fuera del sistema? Si alguien lo descubre que por favor lo declare, entretanto lo único que visualizo es una manifiesta selectividad y arbitrariedad de nuestro sistema penal, más aún si muchos de los excluidos ni siquiera tienen condena firme.

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