Violencia política: Indígenas Amazónicos

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En la actualidad, existe una predisposición a pensar que el conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas, originado a partir de la contraposición de ideales e intereses que ambos poseen, es completa responsabilidad de estos y, por esa razón, se cree que son las partes mencionadas las únicas que deben cargar con la presión de buscar una solución factible al problema; sin embargo, esto no es cierto. En realidad, es importante que la sociedad peruana se mantenga informada sobre la situación que atraviesan estos pueblos, ya que son ellos quienes, finalmente, sufren las consecuencias más terribles del conflicto. De esta manera, no solo se vuelve posible que los ciudadanos conozcan la información concerniente al problema mencionado, sino que también adquieren la posibilidad de informar a los demás sobre lo que verdaderamente ocurre. En este sentido, este texto está orientado, precisamente, a brindar información en lo que se refiere al conflicto entre el Estado y las comunidades indígenas en la actualidad. A lo largo de las páginas, serán analizadas las causas que originan el conflicto, entre las que se hallan, principalmente, la omisión de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y el problema socioambiental que generan las actividades realizadas por el Estado, ya sea que este se halle o no acompañado de determinadas empresas, en territorio indígena, así como la subjetividad del indígena frente a industrias extractivas. Además, serán propuestas algunas soluciones, las cuales comprenden la inclusión de los pueblos indígenas al mercado y el fortalecimiento de las instituciones indígenas.

Durante décadas, gran parte de la población de los países que poseen territorios en donde habitan comunidades indígenas ha ignorado o no ha sido informada adecuadamente acerca de la violación que sufren estas comunidades desde hace mucho tiempo y continúan sufriendo en la actualidad. Este abuso contra los pueblos indígenas por parte del Estado se hace visible a través de los constantes reclamos que los primeros han presentado ante los organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos. Básicamente, la causa de los reclamos, y del conflicto en general, está constituida, en primer lugar, por la omisión de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y sobre los recursos que de estas emergen. Esta problemática ha subsistido desde que los colonizadores españoles arremetieron contra los indígenas al despojarlos de sus territorios y riquezas naturales. La acción mencionada fue, luego de que el dominio español llegara a su fin, imitada por el Estado y, más tarde, por empresas extractivas multinacionales. Por esta razón, los pueblos indígenas vienen luchando en razón de que sus derechos a la posesión, administración y desarrollo de sus tierras, territorios y recursos naturales sean reconocidos. El reconocimiento de los derechos que ellos demandan incluye el respeto de parte del Estado y de cualquier agente externo hacia la relación que las comunidades indígenas mantienen con su territorio. Así, según la ONU, “La relación de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios tradicionales constituye, según se dice, una parte fundamental de su identidad y espiritualidad, y está profundamente arraigada en su cultura y en su historia.” (ONU 2007:1)

En base a lo citado, la Organización de las Naciones Unidas reconoció, en el 2007, una serie de derechos básicos de los pueblos indígenas sobre aquellas áreas que son consideradas relevantes para ellos. Entre los derechos referidos se encuentran el derecho a la integridad cultural, el derecho a la igualdad y a la no-discriminación, el derecho al autogobierno y a la autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, el derecho al consentimiento previo, libre e informado, entre otros. Estos se basan, principalmente, en el derecho a la libre determinación. Sin embargo, a pesar de que los derechos nombrados hayan sido reconocidos oficialmente por la ONU, actualmente estos no son cumplidos en su totalidad. Se atribuye como causa principal del incumplimiento de estos al no reconocimiento de la profunda relación que las comunidades indígenas mantienen con sus tierras, territorios y recursos. Un ejemplo claro de esto lo constituyen las reformas que muchos países de América Latina como Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, México, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Nicaragua y Perú han aplicado a sus sistemas jurídicos y constitucionales en respuesta a las reclamaciones y llamados de diversos movimientos indígenas para que su derecho a la protección y al control de sus tierras sea reconocido legalmente.

Las reformas aplicadas llegan a reconocer el carácter colectivo de los pueblos indígenas; sin embargo, los procedimientos para otorgarles los títulos de sus territorios han sido morosos, complejos y exhaustivos y, en la mayoría de los casos, muchos de los títulos otorgados a las comunidades no han sido respetados en la práctica.

En segundo lugar, el problema socioambiental y la subjetividad del indígena frente a agentes externos también forman parte importante de la causa principal del conflicto. Este último componente refiere la vital importancia que tiene para el pueblo indígena el cuidado y respeto de su hábitat al oponerse a todo tipo de agente externo y extractivo que incluya dentro de su actividad el deterioro del medio ambiente. Para las comunidades indígenas, la extracción de recursos por parte de las industrias crea un problema socioambiental en sus regiones, el cual debilita la subsistencia de sus habitantes y conduce a que se realicen protestas en contra de cualquier actividad que dañe su ecosistema. La competencia existente en todo el mundo entre industrias extractivas por controlar, extraer y explotar las tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas ha traído consigo consecuencias negativas e incluso devastadoras para ellos.

A pesar de esto, y con miras hacia el futuro, no puede afirmarse que los intereses de las comunidades indígenas y de las industrias extractivas han sido siempre contrapuestos. En realidad, gran parte de los pueblos indígenas ha demostrado su aceptación hacia el diálogo y a la negociación con el Estado y con empresas extractivas, siempre que la actividad de extracción de sus recursos naturales resulte beneficiosa para ellos y en la medida de que los derechos que les han sido reconocidos sean respetados. Por otro lado, no existe duda alguna acerca de que hay casos en los que la extracción de recursos y la explotación del territorio han resultado netamente incompatibles con los intereses planteados por las comunidades indígenas,  debido a que las actividades extractivas realizadas han servido para la creación de obstáculos en lo que se refiere al acceso de los indígenas a su territorio y a sus recursos naturales que, en cualquier caso, son fundamentales para ellos por brindarles garantías de bienestar físico y de integridad cultural.

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