Ciclos de problematización y respuestas jurídico-políticas

Ciclos de problematización y respuestas jurídico-políticas

Como problema social masivo, el que se asocia con las drogas ilícitas es un

proceso moderno y coincide con la expansión colonial europea y con la consolidación del capitalismo. En la era moderna, además, la expansión de nuevas formas de consumo y los problemas asociados se han venido presentando en forma de ciclos u oleadas, con claros ascensos y descensos, a veces tan imprevistos e intensos que han transformado la representación social y el estatus jurídico de estas sustancias, muchas de ellas milenarias. Desde la crisis de la ginebra en la Inglaterra el siglo XVIII, a la expansión del opio en la China Ch‘ing, la prohibición y el castigo han sido las respuestas sociopolíticas favoritas tanto de gobiernos como de movimientos sociales al éxito de las nuevas modas en el terreno de las drogas, su presentación o forma de administración

(Spence 1975, Clark 1976, Stern 1998, Burnett 1999). El impulso prohibicionista que ha dominado el control internacional de los opiáceos, derivación sobre todo del largo ciclo de consumo de opio en China, se consolidó como un acuerdo internacional en 1909 para ser desde entonces ampliado a prácticamente todo el planeta y a una multitud de preparados psicoactivos de amplia demanda, como la cocaína, el cannabis, la metanfetamina, etc. (Mcallister 2000).

Hoy es obvio, sin embargo, que bastantes de los perjuicios individuales y

colectivos que provoca el consumo de las principales drogas ilícitas provienen de las leyes que prohíben su producción, su comercio y su consumo y de la forma en que tales leyes se aplican en cada lugar y momento. O sea, es posible que haga más daño la prohibición de las drogas que su farmacología y que ambos factores se combinen de forma perversa en algunas formas de consumo especialmente peligrosas.

En este sentido, la persecución y el castigo penal por fabricar, distribuir o

consumir drogas ilegales afectan de forma decisiva los precios y costes que los usuarios pagan por esas sustancias, el contenido último que acaban ingiriendo y las formas y patrones más comunes que adopta la ingesta. Por ejemplo, el uso intravenoso de heroína, sobre todo en sus vertientes callejeras, seguramente no existiría de no haberse producido un encarecimiento extraordinario de los precios en una situación de intensa persecución de la producción y comercio de opiáceos en Estados Unidos y en China en la primera mitad del siglo XX (Gamella 1990, 1994; Wakabayashi y Brook 2000).

El mercado, además, adquiere especiales características en una economía política

en la que, según aumentan los beneficios (asociados tanto a la presión punitiva como a la demanda), suele aumentar la violencia y la intimidación para hacer cumplir los contratos establecidos entre financieros, productores, vendedores al por mayor, transportistas y minoristas. Por lo tanto, una gran parte de la violencia, los delitos y la corrupción política e institucional que se asocia con las drogas deriva de las características que adopta el comercio y el consumo al adaptarse a situaciones de ilegalidad.

Además, los males derivados de la prohibición de las drogas afectan de manera

desproporcionada a los más pobres y excluidos de aquellos que se aficionan o habitúan a consumirlas. Es precisamente cuando los consumos intensivos de drogas se extienden entre poblaciones segregadas, discriminadas o excluidas, cuando los problemas suelen tomar un cariz especialmente grave, que ya no es sólo de alarma exagerada, sino de anomía y autodestrucción colectiva.

Una de las más evidentes consecuencias del régimen punitivo hoy dominante es el aumento de la población encarcelada por delitos relacionados con el tráfico de drogas, incluso sin contar los delitos violentos asociados también a ese mercado peculiar. El problema ha adquirido tal dimensión que cualquier observador contemporáneo que compare datos básicos extrae consecuencias alarmantes. Por ejemplo, en un reciente artículo en el New York Times, el ex-presidente Jimmy Carter, recordaba que:

―A finales de 1980, justo antes de dejar mi cargo, había en prisión unas

500.000 personas en Estados Unidos; a finales de 2009, el número se acercaba a

los 2,3 millones. Hay 743 personas encarceladas por cada 100.000

norteamericanos, una proporción mayor que en ningún otro país y siete veces la

que tiene Europa. Unos 7,2 millones de personas están o presas o en libertad

condicional o en ―probation‖, lo que supone ¡más del 3 por ciento de todos los

norteamericanos adultos!

…la causa que por si sola ha causado un mayor incremento en la población

encarcelada ha sido la guerra contra las drogas… el número de personas

encarceladas por delitos no violentos se ha multiplicado por 12… El gobernador

de California, Arnold Schwarzenegger declaró que, en 1980, el 10 por ciento del

presupuesto de su Estado fue a la educación superior, y el 3 por ciento a prisiones; en 2010, casi el 11 por ciento se gastó en prisiones y sólo el 7.5 por ciento en educación superior… (Carter 2011)1.

En esta situación, hoy se aprecia el crecimiento, al menos en Occidente, de un

clima de opinión que asume el fracaso del modelo prohibitivo y punitivo que domina el control internacional de ―narcóticos‖ y querría que se diseñen alternativas. La corriente favorable a la legalización ha conseguido importantes avances intelectuales y mediáticos, aunque eso apenas tenga traducción política, pues ningún partido importante ha recogido ese testigo en sus programas y agendas. Además, el peso de actores de enorme peso regional o global (China, Rusia, Irán, Arabia Saudí, entre otros) hace que el debate resulte casi imposible en los propios foros internacionales.

Es preciso reconocer, por tanto, que en las otras zonas del sistema mundial la

prohibición se percibe como adecuada y su aplicación como exitosa. Por ejemplo, en Asia Oriental, desde China a Singapore, donde predomina una visión extremadamente punitiva de las políticas en este campo. Lo mismo puede decirse de los países islámicos más autoritarios (Irán o Arabia Saudí) y en Asia en general. Y también hay países europeos donde el enfoque punitivo y prohibicionista está muy arraigado y la visión

dominante es que ―funciona‖ y debe mantenerse e incluso exportarse, como es el caso 1 . ―At the end of 1980, just before I left office, 500,000 people were incarcerated in America; at the end of 2009 the number was nearly 2.3 million. There are 743 people in prison for every 100,000 Americans,

a higher portion than in any other country and seven times as great as in Europe. Some 7.2 million people are either in prison or on probation or parole —

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