DERECHOS HUMANOS

IDENTIFICACIÓN

PROBLEMA PÚBLICO: ‘VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS’

Los derechos humanos en forma general podrían entenderse como reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica de demandas de libertad, y dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional.

Estos derechos, han sido, desde la emergencia del mundo moderno, uno de los temas centrales de la teoría y la praxis políticas. A partir del surgimiento de la modernidad hasta hoy en día, pasando por las proclamaciones de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución francesa de 1789 y la declaración Universal de Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948, los derechos humanos, entendidos éstos como elementos fundamentales de un proceso de emancipación de la humanidad o como un ‘proyecto de autonomía individual y colectiva’, han jalonado la historia de las ideas y de la acción política en el mundo, particularmente desde finales del siglo XVIII. La cuestión de los derechos humanos ha estado implícita o explícitamente presente en las principales controversias y luchas políticas. Hoy iniciando siglo XXI, ésta materia sigue siendo un referente, un norte indispensable para la orientación de cualquier actividad política que pone la preocupación por la condición humana en su aspiración a la libertad, a la igualdad, a la dignidad y a la justicia en el centro de sus objetivos.

La política de derechos humanos en sentido amplio abarca todas las esferas de la actuación estatal y gubernamental. Hacen parte de ella el trabajo por realizar los derechos del niño, la igualdad de las mujeres, la política de respeto de los grupos étnicos, la acción por los derechos económicos, sociales y culturales y la que procura los derechos colectivos.

En ella caben las labores de los órganos judiciales por satisfacer las demandas de justicia, las garantías políticas, la transparencia en la administración de los bienes públicos y la seguridad. La promoción, la garantía, y la protección de los derechos compromete a todas las agencias del estado a todos los niveles.

Según la disposición de las autoridades, existe un tire y afloje en cuanto a problemas y definiciones de problemas (la definición de un problema nunca en ‘objetiva’ sino que corresponde a una construcción social), a propuestas de soluciones (es decir, propuestas de políticas públicas) que se inscriben y se priorizan en la agenda gubernamental.

En Colombia, la institucionalización del problema de los derechos humanos se enfocó esencialmente desde la perspectiva del conflicto armado, de la lucha antisubversiva y de las garantías individuales, dejando durante la mayor parte del proceso en la sombra el componente de los derechos humanos relativos a los derechos económicos, sociales y culturales.

Con la expedición de la Constitución de 1991, lo que parecía ser una anomalía periférica –promover los derecho humanos-, se convirtió en uno de los referentes centrales, al lado de otros. En ese momento, los defensores de una política favorable a los derechos humanos adquirieron legitimidad en el plano del discurso político y jurídico. Sin embargo éste discurso -elevado ahora a rango constitucional- está aún por materializarse e imponerse en el conjunto de las políticas.

Es así como los gobiernos colombianos sucesivos han creado varias instituciones, promulgado leyes, aprobado planes, reunido comisiones, comités u órganos para la defensa y promoción de los derechos humanos en las instituciones nacionales, sectoriales y territoriales.

JUSTIFICACIÓN

Contextualizada la violación de los derechos humanos en el estado Colombiano, nos enfocaremos al desarrollo de la misma en el ente territorial ‘BOYACÁ, expresando a grandes rasgos que:

Derechos implica igualdad de oportunidades y conlleva a la obligación de modificar circunstancias como ya se señaló, para incluir a aquellos a quienes la vida digna no ha sido más que una quimera. No hay pobreza más grande que nacer sin amor, sin respeto o tener que sufrir humillaciones por la condición física, el origen, el color, la condición económica, circunstancias que generan inequidad de base y que debe ser que no debe modificadas con acciones positivas. Exigencia ética para cualquier estado que se presuma de social y democrático de derecho.

Las labores de los órganos judiciales han sido el promover el desarrollo humano, para la autorrealización del individuo, la familia y la comunidad, coadyuvando al logro de una participación real en la construcción de lo público, propendiendo por la equidad, constituyéndose en dinamizador de la economía con sentido social, cooperando en la profundización de la democracia y contribuyendo al fortalecimiento de la familia como institución básica de la sociedad. Dichos órganos se proyectan como un equipo idóneo y eficaz, fundamentados en criterios de prioridad, equidad, solidaridad y transparencia, comprometidos con la búsqueda del crecimiento personal, familiar, social y cultural del individuo, llevando a cabo acciones de coordinación y articulación interinstitucional en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población Boyacense.

Un territorio contaminado por minas antipersonales afecta la movilidad de las gentes, la productividad de los predios y la gobernabilidad de los mismos. En Colombia el 92% de los casos se presentan en áreas rurales, según el programa presidencial para la acción integral contra estas minas.

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