ELEMENTOS DEL PROBLEMA

ELEMENTOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El Gobierno Mexicano debe dirimir con precisión quirúrgica quién es quién en este mundo de la autodefensa en México y asumir responsabilidades en ley y otorgar a la población la protección necesaria en vez de combatir a las Policías Comunitarias con la fuerza del Estado argumentando la violación a las leyes y comisión de delitos.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:

¿Es necesario que el Gobierno impulse reformas y cambios en materia legislativa con respecto al reconocimiento de sus derechos y contribución de las Policías Comunitarias en materia de Seguridad en sus respectivos pueblos?

OBJETIVOS

Determinar la diferencia entre Guardias Comunitarias, Grupos de Autodefensa y Paramilitares.

Analizar la problemática de inseguridad a fondo en las entidades en conflicto y delimitar las funciones del Estado en materia de seguridad así como los derechos de los pueblos indígenas.

Estudiar los derechos colectivos que involucran a los pueblos indígenas y su ámbito de aplicación.

JUSTIFICACIÓN

La reciente proliferación de grupos civiles de autodefensa y policías comunitarias ha sido provocada por la incapacidad del Estado para responder a la crisis de violencia y de inseguridad que azota diversas regiones del país.

En un recuento en medios locales y nacionales, se contabilizan más de 36 grupos (cuerpos de seguridad comunitarios, policías rurales, guardias blancas, de autodefensa civil y grupos paramilitares) en 16 estados del país (Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla Quintana Roo y Tlaxcala).

Sin embargo, hay diferencias importantes entre ellos. No es lo mismo La Comunitaria de Guerrero –surgida y armada por decisión colectiva de las comunidades– que los grupos de autodefensa de ciudadanos hartos de la inseguridad, que las guardias blancas, policías rurales o paramilitares entrenados por el Ejército.

En México existe una tradición histórica de autodefensa entre los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Algunas experiencias sobreviven desde el siglo XIX, como los guardias tradicionales seris y yaquis en el noroeste, que cuentan una estructura militar, producto de las largas guerras que libraron contra el gobierno mexicano y en defensa de su territorio en el siglo XIX.

En el Sureste sobrevive la guardia tradicional maya que resguarda a Chan Santa Cruz, en el municipio de Carrillo Puerto, Quintana Roo, y proviene de la lucha de los mayas contra el colonialismo y la esclavitud.

Entre los pueblos indígenas, casi siempre, la autodefensa ha sido el último recurso al que acuden para defenderse de amenazas de la delincuencia, caciques locales, gobierno o megaproyectos.

A partir de 1994, con el levantamiento indígena del EZLN, en Chiapas, se detonaron procesos de autonomía indígena en muchos lugares del país, sobre todo en Guerrero y Oaxaca.

En Guerrero, la grave crisis de inseguridad y el abandono del Estado obligaron a los pueblos a protegerse a sí mismos. En 1995 nació la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero, que hoy se extiende a 104 comunidades de 13 municipios del Estado. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), nombrada en asambleas regionales, tiene a su cargo las funciones de procuración y administración de justicia. Asimismo, coordina el proceso de reeducación al que son sometidos quienes son encontrados culpables de delitos, el cual consiste en trabajo social a favor de las comunidades.

Otras comunidades indígenas nahuas, purépechas, chatinas, zapotecas, mazahuas y otomíes de 22 municipios de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Sonora, Oaxaca, Morelos y Veracruz han seguido el ejemplo de armarse para hacer valer sus derechos.

En el municipio de Cherán, Michoacán, los indígenas se sublevaron contra la violencia del narcotráfico y en defensa del bosque. Desde abril de 2011, la asamblea del pueblo se hizo cargo de la seguridad y del gobierno local.

Los nahuas de Manantlán, Jalisco, defienden su territorio de compañías mineras chinas y grupos de talamontes. Los indígenas de Álvaro Obregón en San Dionisio del Mar, Oaxaca, organizaron la autodefensa contra las empresas extranjeras que buscan instalar molinos para generar electricidad en sus tierras, sin considerar sus derechos. Demandan la consulta a los pueblos acerca de los proyectos de desarrollo en sus tierras.

Si las autoridades actúan en la ilegalidad, violan derechos y despojan a los pueblos, los ciudadanos están facultados para ejercer su soberanía y hacer cumplir la Constitución.

El derecho a la autonomía de los pueblos indios les permite asumir la seguridad y justicia. Las policías y las guardias comunitarias están dentro del Estado de derecho y responden a una decisión y control colectivo y democrático de sus comunidades.

En las comunidades indígenas existe históricamente el cargo de policía comunitario como parte de su sistema normativo o de los servicios que se hace sin pago alguno.

La policía comunitaria forma parte de la estructura del sistema de cargos tradicional del pueblo y “la nombra la comunidad, sirve a la comunidad y responde a la comunidad”.

Su existencia es histórica en México. Pero da la casualidad que, de pronto, en unos cuantos meses, a partir de Septiembre de 2012 en decenas de poblaciones de 20 municipios indígenas del país se detonó la creación de grupos de autodefensa o de policías ciudadanas para enfrentar al crimen organizado o el despojo de sus territorios para megaproyectos. Sus consignas de origen son ir contra el narcotráfico y la violencia en contra de sus comunidades.

La mayoría de sus integrantes están armados y, aun así, el gobierno federal dice que es un problema “colateral” al del crimen organizado, narcotráfico y violencia criminal en el país.

Pero, casualmente, la mayoría de estos grupos pregonan: “¡No al Ejército aquí!”; “¡No a la Marina aquí!”. El argumento es el de que estas instancias del gobierno federal llegaron a irrumpir en sus comunidades y -dicen- “cometen abusos y excesos; hostigan y amenazan”… ¿Esto es verdad?

Probablemente. No todos los militares desempeñan su misión con apego a los Derechos Humanos. Aunque tampoco hay que olvidar que estos grupos surgen con ciudadanos bienintencionados que quieren defender su vida

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