Estudio huella hidrica
Enviado por Natalia Andrea Ruiz Cadavid • 1 de Diciembre de 2022 • Documentos de Investigación • 1.102 Palabras (5 Páginas) • 57 Visitas
Según la página web de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la capital del país cuenta con 15 territorios reconocidos como humedales, de los cuales 11 de ellos cuentan con certificación RAMSAR, la máxima certificación de categoría ambiental a nivel mundial.
Para el año 2007, el diario El Tiempo dio a conocer cifras de la Contraloría Distrital sobre el estado de los humedales en Bogotá; de las 50 mil hectáreas que estaban ocupadas por estos territorios, para el año 2007 sólo quedaban 660 y gran parte de ellas, en condiciones críticas, esto debido al aumento de construcciones urbanísticas y las consecuencias ambientales que traen estas en materia de residuos. Sin embargo, las últimas administraciones de la ciudad han trabajado por la recuperación y preservación de los humedales y, aun así, el trabajo no es suficiente. Esto queda constatado en el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2010-2011, de la Contraloría General de la República de Colombia, donde se señala que: Los tensores identificados como responsables de la degradación del ecosistema humedal son: cargas de contaminación por aguas residuales (…), relleno de los vasos originales de los humedales con materiales de residuos (…), desarrollos urbanos (…), desvío de las aguas afluentes (…). Como resultados de la evolución de la capital, los humedales son tratados como urbanos por estar inmersos en el crecimiento de la ciudad, perdiendo su conectividad biológica (2011. p. 269).
El humedal ‘El Burro’ ubicado en la localidad de Kennedy es uno de los humedales con más problemáticas de contaminación ambiental, por ello la arquitecta y candidata de la maestría en Hábitat Wanda Matta realizó una investigación presentada en el 2019 donde evidenció las cifras que demuestran la perdida de territorio ecosistémico del humedal mencionado a casusa de los asentamientos urbanos “en 1950, cuando Bogotá expandió su perímetro urbano acogiendo a seis municipios y aceleró su crecimiento demográfico, el humedal tenía 71 hectáreas; en 1975 se redujo a 38,53; en 1985 solo poseía 27,14; en 2000, periodo de mayor degradación espacial y ecológica, tenía 14, y finalmente en 2015 recuperó algunas hectáreas quedándose con 18,8, que es el terreno que conserva hoy”.
De acuerdo a la problemática presentada, la contraloría de Bogotá en el 2003 estipuló que el proceso de extinción de los humedales bogotanos se encuentra caracterizado por la profundización de los cauces asociados al humedal que se suman al relleno con escombros, material de excavación y basura, y la degradación de drenaje; provocando así un detrimento al humedal convirtiéndolo paisaje insalubre y con olores nauseabundos, considerados como lugares peligrosos y de corta permanencia debido a la inseguridad que genera.
Teniendo en cuenta que en el año 1994 los humedales fueron declarados reservas ambientales y patrimonio ecológico y la Corte Constitucional en varias sentencias, ha señalado que estos territorios son bienes de uso público y tienen gran importancia y relevancia en materia ecológica y ambiental, estos se han visto fuertemente amenazados las edificaciones legales e ilegales, la construcción de las principales avenidas y el vertimiento de aguas contaminadas (Rico, 2017).
No obstante, el 01 de julio del año 2020, el juez cuarto administrativo del circuito de Bogotá declaró la nulidad del decreto 565 que entró en vigencia en la última administración de Enrique Peñalosa, el cual permitía que los humedales no sólo sean usados como bienes de recreación pasiva sino también, que avala la construcción de obras duras en estos espacios ecológicos. Algo que va en contra de lo establecido en la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, donde se expresa la biodiversidad es un patrimonio nacional, fuente de servicios ecosistémicos y de beneficios para la sociedad en general, y al tener todos los ciudadanos colombianos los mismos derechos constitucionales, la gestión integral de la biodiversidad debe tener como base la generación de equidad social entre los diferentes sectores, actores e individuos que habitan este territorio PNGIBSE (MADS, 2012).
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