Sobre El Juzgado Penal

JUZGADO PENAL

Un juzgado penal es el que recibe los asuntos remitidos por el Ministerio Público investigador solicitando al juez gire orden de aprehensión o de comparecencia según el tipo de delito que se haya cometido, con base en las investigaciones realizadas por el propio agente del Ministerio Público y la policía judicial que está bajo sus órdenes si considera que a su juicio se comprobó el cuerpo de un delito y la presunta responsabilidad de una persona determinada. (artículo 262 del Código de Procedimientos Penales para el Estado).Por lo que el juez deberá analizar todos las pruebas (declaraciones, testimoniales, periciales, documentos, etc.) con las que se le remitió el expediente estando facultado para conceder o negar la orden de aprehensión o de comparecencia según corresponda, y si se acredita o no la presunta responsabilidad de la persona en el delito que se supone cometió (artículo 16 de la Constitución General de la República).Si al momento de remitir el Ministerio Público su investigación la hace con detenido, el juez cuenta con 72 horas para resolver sobre el formal procesamiento, o dejarlo en libertad si es que no existen suficientes pruebas que hasta ese momento acrediten su posible responsabilidad en el delito por el que lo acusa el Ministerio Público investigador. (artículos 19 de la Constitución General de la República. 278 y 285 del Código de Procedimientos Penales del Estado).En ese lapso es obligación del juez dar a conocer al inculpado, el nombre de su acusador, la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que la persona conozca bien el hecho que se le atribuye y pueda contestar en base a ello, y estar en posibilidad de rendir su declaración preparatoria, debiendo en ese acto de estar asistido por una persona de su confianza o un licenciado en derecho y en caso de no hacerlo el juez le nombrará un defensor de oficio. El juez deberá hacer del conocimiento al inculpado si tiene derecho a gozar de su libertad bajo caución (artículos 2 de la Constitución General de la República y 272, 273 Y 274 de Código de Procedimiento Penales).La Ley establece que los detenidos siempre que no hayan cometido un delito considerado por la Ley como grave, o que el Ministerio Público no lo considere como un peligro para la sociedad, tendrá derecho a gozar de su libertad provisional (artículo 20 de la Constitución General de la República) entre otras cauciones, mediante depósito en efectivo, o mediante fianza, que puede ser exhibida en efectivo o a través de una afianzadora, (artículos 123 y 128 del Código de Procedimientos Penales del Estado) que significa que puede estar en libertad pero con limitaciones (artículo 129 del Código de Procedimientos Penales) en virtud que se le sigue un proceso en el que se determinará si es responsable o no.Todas aquellas personas a las que se les sigue un proceso penal deberán tener un defensor, quien puede ser una persona de su confianza

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