La posesión

En el Perú, la posesión es un concepto fundamental en el ámbito jurídico que se refiere al ejercicio de un poder de hecho sobre un bien inmueble, es decir, tener el control y disfrute de dicho bien. La posesión puede ser ejercida de manera pacífica, pública, continua y en calidad de propietario, o también puede ser precaria, clandestina o violenta.

El Código Civil peruano reconoce la importancia de la posesión y establece normas para su protección y defensa. Se considera que la posesión genera ciertos derechos y facultades para el poseedor, como el derecho a la defensa y protección frente a terceros que pretendan perturbarla o despojarla. Sin embargo, la posesión no otorga automáticamente el derecho de propiedad sobre el bien, ya que este requiere de un título de propiedad válido y debidamente registrado.

En el contexto de disputas sobre la posesión, es común que se presenten casos de mejor derecho a la posesión, donde dos o más personas reclaman tener el derecho preferente de poseer un bien determinado. Estos casos se resuelven a través de procesos judiciales, donde se evalúan los títulos posesorios presentados por las partes y se determina cuál de ellos es preferente y oponible.

La casación, como recurso de impugnación extraordinario, permite a las partes involucradas en un caso llevar el conflicto ante la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. En este tipo de recursos, se busca que la Sala Suprema revise y corrija posibles errores de interpretación o aplicación del derecho en las resoluciones emitidas por las instancias judiciales inferiores.

En resumen, la posesión en el Perú es el ejercicio del poder de hecho sobre un bien inmueble y genera derechos y facultades para el poseedor. Sin embargo, la posesión no otorga automáticamente el derecho de propiedad. En casos de disputa sobre la posesión, se recurre a procesos judiciales y se evalúan los títulos posesorios para determinar cuál de ellos tiene el mejor derecho a la posesión. La casación es un recurso para impugnar resoluciones y buscar la revisión de posibles errores en la aplicación del derecho.

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