Defensor Del Pueblo

INDICE

INTROCUCION…………………………………….………….………………… 4

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, EL ORIGEN DEL DEFENSOR

DEL PUEBLO, LA ESENCIA DE LA INSTITUCIÓ, DEFENSORES

DEL PUEBLO..........………………………………………………..………….. 6

CONCEPTO, VISIÓN, FUNCIONES, MARCO LEGAL, MANDATOS DE

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, FACULTADES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, INTERVENIR EN PROCESOS CONSTOTICIONALES,

PROCESOS ONSTITUCIONALES……………………..……………….……. 7

ADJUNTÍAS Y PROGRAMAS, PRIMERA ADJUNTÍA,

ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS

CON DISCAPACIDAD, ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN

ESTATAL, ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS

PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS, ADJUNTÍA PARA LOS

DERECHOS DE LA MUJER, ADJUNTÍA EN ASUNTOS

CONSTITUCIONALES, ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA, ADJUNTÍA PARA PREVENIR LOS

CONFLICTOS SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD………..…………… 9

ACCIONES ITINERANTES, GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN,

ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, CASOS ATENDIDOS……..………… 16

CONCLUSIONES…………………………………………………….………… 21

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………… 22

INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos claves para la consolidación de la democracia es la de contar con diversos mecanismos de control para el ejercicio del poder. Lo que se busca con este sistema es el equilibrio entre los diferentes poderes que coexisten en dicha forma de organización del Estado. América Latina no ha sido la excepción y, principalmente, durante los últimos quince años ha abierto diferentes espacios por medio de los cuales se canalizan los planteamientos y opiniones acerca del funcionamiento del sector público y se exige, además, el respeto efectivo de los derechos e intereses de los habitantes.

Esta apertura es una forma de fortalecer la democracia, de hacerla más participativa y de crear espacios en los cuales la sociedad pueda manifestarse de una forma más organizada. Este es uno de los ámbitos en los que la institución del Ombudsman puede llegar a desempeñar un papel de significativa trascendencia en la consolidación de las democracias latinoamericanas.

Una política de Estado que estimule la creación de organizaciones como las Defensorías, los Comisionados o las Procuradurías de Derechos Humanos, tal y como ha sucedido en América Latina, debe ir acompañada por una estrategia tendiente a fortalecerlas y a dotarlas de total independencia política, administrativa, funcional y presupuestaria. Es decir que los defensores del pueblo deben realizar sus funciones sin interferencia de ningún poder estatal, así como disponer de un presupuesto anual adecuado aprobado por el parlamento y contar con la libertad de darse su propia organización, administrar sus propios recursos económicos y tener la única y última palabra en los asuntos de su competencia.

El presente estudio busca explicar el proceso que han tenido estas instituciones desde la creación de la primera de ellas en 1985, en Guatemala, su fundamento jurídico, así como los desafíos que han tenido que afrontar y los retos que tienen por delante.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1. EL ORIGEN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

La figura del Defensor del Pueblo tiene su origen en Suecia y a principios del siglo XIX, en 1809. En ese año la Constitución incluye la figura del Ombudsman. Se trataría de una especie de delegado parlamentario pero independiente del Parlamento. Tenía como función vigilar a la administración, hacer respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos, y atender sus reclamaciones. Estamos hablando, pues, de una institución que promovía la garantía de los derechos reconocidos en la Constitución.

No fue hasta el año 1919 en que otro país recogió en su texto constitucional esta figura, y lo fue la vecina Finlandia. Después de la Segunda Guerra Mundial se ha ido extendiendo a casi todos los países democráticos.

LA ESENCIA DE LA INSTITUCIÓN

El nacimiento del Ombudsman o Defensor del Pueblo se remonta a más de 200 años atrás en Suecia, en donde surgió como una entidad de origen parlamentario con el encargo de velar por la buena administración pública en favor de los ciudadanos.

La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional.

La Defensoría atiende -en todo el país- quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos.

La Defensoría del Pueblo es, pues, un colaborador crítico del Estado que actúa, con autonomía, respecto de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía. En razón de ello, ejerce su mandato con objetividad, profesionalismo y responsabilidad, nunca por oposición arbitraria o injustificada frente al Estado.

En razón de su legitimidad, resulta vital que los ciudadanos y ciudadanas perciban y sientan a la Defensoría del Pueblo como una institución no solo cercana, sino entrañablemente comprometida con la solución de sus problemas.

DEFENSORES DEL PUEBLO

El titular de la institución es el Defensor del Pueblo, quien la representa y la dirige. Para ser elegido requiere como mínimo el voto favorable de dos terceras partes del Congreso de la República. Por consiguiente, su elección emana necesariamente de un consenso para un mandato que dura cinco años. El Defensor o Defensora del Pueblo no responde civil ni penalmente por las recomendaciones y las opiniones que emita en el ejercicio de sus funciones. Además, puede actuar

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