El Defensor Del Pueblo. La Experiencia Latinoamericana

2004 El Defensor del Pueblo. La experiencia latinoamericana

Lorena González Volio

IIDH

EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

Lorena González Volio

Funcionaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Profesora de Derecho Internacional de Derechos Humanos I y II Universidad de la Salle [1]

I. Introducción. II. Orígenes mundiales del Defensor del Pueblo. III. Orígenes del Defensor del Pueblo en América Latina. III.1. De las dictaduras militares y conflictos internos. III.2. De la debilidad institucional. III.3. De las democracias. IV. Análisis comparado del mandato del Defensor del Pueblo en América Latina. IV.1. Condiciones esenciales para el nombramiento del Ombudsman. IV.1.a. El Ombudsman y el proceso de nombramiento. IV.1.b. Duración del mandato. IV.1.c. Resguardo de su independencia. IV.1.d. Vacancia del cargo. IV.1.e. Sobre el presupuesto. IV.1.f. Sobre su competencia y limitaciones. IV.1.g. Sus funciones principales. IV.1.h. Las resoluciones y sus efectos. IV.1.i. Consecuencias por desobedecer o no colaborar con los Ombudsman. IV.1.j. Procedimiento en la tramitación de peticiones. V. Conclusiones. Bibliografía.

I. Introducción

Uno de los elementos claves para la consolidación de la democracia es la de contar con diversos mecanismos de control para el ejercicio del poder. Lo que se busca con este sistema es el equilibrio entre los diferentes poderes que coexisten en dicha forma de organización del Estado. América Latina no ha sido la excepción y, principalmente, durante los últimos quince años ha abierto diferentes espacios por medio de los cuales se canalizan los planteamientos y opiniones acerca del funcionamiento del sector público y se exige, además, el respeto efectivo de los derechos e intereses de los habitantes.

Esta apertura es una forma de fortalecer la democracia, de hacerla más participativa y de crear espacios en los cuales la sociedad pueda manifestarse de una forma más organizada. Este es uno de los ámbitos en los que la institución del Ombudsman puede llegar a desempeñar un papel de significativa trascendencia en la consolidación de las democracias latinoamericanas.

Una política de Estado que estimule la creación de organizaciones como las Defensorías, los Comisionados o las Procuradurías de Derechos Humanos, tal y como ha sucedido en América Latina, debe ir acompañada por una estrategia tendiente a fortalecerlas y a dotarlas de total independencia política, administrativa, funcional y presupuestaria. Es decir que los defensores del pueblo deben realizar sus funciones sin interferencia de ningún poder estatal, así como disponer de un presupuesto anual adecuado aprobado por el parlamento y contar con la libertad de darse su propia organización, administrar sus propios recursos económicos y tener la única y última palabra en los asuntos de su competencia.

El presente estudio busca explicar el proceso que han tenido estas instituciones desde la creación de la primera de ellas en 1985, en Guatemala, su fundamento jurídico, así como los desafíos que han tenido que afrontar y los retos que tienen por delante.

II. Orígenes mundiales del Defensor del Pueblo

La institución del Ombudsman ha estado presente en casi todos los momentos históricos de la humanidad. A lo largo de la historia, esta institución ha evolucionado de tener las funciones de fiscalizar y supervisar las actividades de los funcionarios de gobierno a la de cumplir esa función junto a la vigilancia del respeto a los derechos humanos, tal como se conoce actualmente.

La historia del Defensor del Pueblo en el mundo comienza en Grecia en las ciudades de Esparta y Atenas, las cuales estaban prácticamente unificadas entre los siglos VIII y VI AC. -entre los años 700 y 500 AC.-, cuando los "Eflore" en Esparta y los "Euthynoi" en Atenas, se dedicaban a controlar las actividades de los funcionarios del gobierno y las actividades municipales [2].

Asimismo, en la República Romana surge una institución para la protección y defensa de los derechos fundamentales hacia el siglo IV AC. Con la caída de la Monarquía y el surgimiento de la República se hizo más palpable la división entre clases sociales -patricios y plebeyos- por lo que la lucha de estos últimos en aras de lograr una igualdad social o, al menos, mejores condiciones de vida los llevó a tomar la decisión de salir de Roma, retirándose al monte Aventino, -aproximadamente en el 509 AC.- logrando entonces que los patricios hicieran la importante concesión de permitirles elegir dos Magistrados plebeyos para que les representasen y velasen por sus intereses. A estos funcionarios se les conoció como los Tribuni Plebis. Estos tenían derecho de veto y de oponerse a las decisiones de todos los Magistrados, así como a las de los Cónsules y a las del Senado Romano. [3]

Por su parte, en el Imperio Persa, durante el reinado de Ciro –entre 560 y 529 AC.- este encargó al "Ojo del Rey" el ejercicio de un contralor sobre la actividad de todos los funcionarios.

Más tarde, en la China de la dinastía Han –del siglo III AC. al año 220 DC.- el Emperador destacó a un funcionario, denominado Yan, para que ejerciera un contralor sistemático y permanente destinado a la supervisión de la administración imperial y sus funcionarios, recibiendo las peticiones del público contra lo que se denominaban "injusticias administrativas".

En la Época Bizantina –de 395 a 1453 DC.- surge la figura del Defensor Civitatis o Defensor de la Ciudad, el cual tenía la misión de proteger a los humildes contra las arbitrariedades de los gobernantes.

En Venecia, en el siglo XV, el Consejo de los Diez controló los excesos burocráticos de la ciudad con probada eficacia.

En el siglo XVI, el Gran Senescal de Suecia -quien actuaba como un verdadero inspector de los tribunales de justicia- exponía ante el rey las anormalidades que advertía en la administración de justicia, constituyéndose así en el predecesor del control administrativo que ejercería más tarde el Ombudsman. En 1713 el Rey Carlos XII nombra al primer Procurador Supremo, funcionario encargado de velar por que los servidores públicos cumplieran fielmente las leyes y los estatutos del reino. En efecto, fue en Suecia donde nació la figura del Ombudsman con sus actuales características, tal como la conocemos hoy día, la cual se institucionalizó en 1809 luego de una disputa entre el rey y el parlamento.

Al constituirse la monarquía parlamentaria y delimitarse las atribuciones de las tres funciones del Estado, se creó un

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