Gestión Del Talento Humano

Si el nuevo Gobierno quiere buscar una solución definitiva a los graves problemas financieros de la empresa Puertos de Colombia (Colpuertos), deberá pensar en una privatización parcial de sus servicios. Esa es la conclusión de un estudio realizado por la Contraloría General de la República, en el cual demuestra que a Colpuertos se la reparten entre muchos, pero los trabajadores se llevan la tajada más jugosa .

La propuesta señala que los sindicatos o empresas de trabajadores portuarios se pueden constituir en la contraparte privada. Esa es, quizás, la única forma de que les duela la empresa y mejoren su eficiencia.

El estudio plantea que es factible privatizar casi todas las operaciones, tales como la estiba, el pilotaje de buques, almacenamiento de mercancías, transporte y hasta el suministro de cierto tipo de equipo.

Esa sería parte de la solución. Pero paralelamente habría que aprobar una liberación de tarifas (congeladas desde 1981), porque buena parte del déficit financiero se originan en los subsidios a los exportadores e importadores.

La Contraloría recuerda, sin embargo, que como se trata de un servicio público, el Gobierno deberá evitar que se generen monopolios excluyentes y mantener una participación que le permita una regulación estatal para coordinar todo el proceso de modernización para la apertura económica. Es impostergable El estudio, que viene a sumarse a otros que piden privatización estilo Ferrocarriles Nacionales, sostiene que pensar simplemente en modernizar los puertos bajo la estructura actual, no se justifica. Los obstáculos que crea la Convención Colectiva de Trabajadores son de una magnitud tal, según la Contraloría, que se traduciría en un esfuerzo perdido.

La privatización es necesaria, porque los costos laborales, unidos a la ineficiencia, tienen a la empresa con un panorama financiero desolador.

Los costos laborales están desboronando la empresa, porque cada trabajador devenga 20.1 salarios al año y no aporta ni un peso para su jubilación. Esa carga queda en manos de la Empresa y por eso, según otro estudio de Planeación Nacional, hoy tiene una carga de pensiones por 260.000 millones de pesos y no posee recursos para atenderla.

Pero hay más. Los trabajadores tienen derecho a distribuirse el 5 por ciento de las utilidades y el 20 por ciento de los ingresos por cargamentos nuevos. Para completar, en cada puerto los dirigentes sindicales tienen derecho a 15.000 horas de permisos al año, que día a día agudizan la situación financiera.

Por esas altas cargas y la ineficiencia, en siete años de la década de los ochenta, Colpuertos arrojó pérdidas y solo hubo saldo positivo en dos y una utilidad neta en 1985 de 750 millones de pesos. El peor año fue 1989, con pérdidas por 14.334 millones.

Ese saldo rojo sigue creciendo no obstante los esfuerzos por disminuir la excesiva planta de personal. Entre 1982 y 1989 se bajó de 12.406 a 8.177 empleados, un 33 por ciento. Sienembargo esa decisión no redujo significativamente los costos laborales.

Por el contrario, desde 1985 los egresos por conceptos salariales y prestacionales han crecido 23 por ciento anual en términos reales (después de cubrir la inflación), cifra que supera ampliamente los incrementos para otros servidores públicos.

Los costos laborales son reveladores. En 1980, por cada 100 pesos de valor agregado por la entidad, 87.84 pesos eran destinados a cubrir la carga laboral. Esa alta relación decreció hasta 36 de cada 100 pesos en 1985, pero luego la tendencia cambió hasta volver a los niveles anteriores.

Aunque se ha reducido personal, Colpuertos podría trabajar con 4.900 personas, lo cual implica que sobran 3.272. Esa solución resultaría muy costosa, porque el 77 por ciento del personal activo tiene más de 10 años de servicio y el 32 por ciento entre 15 y 20 años.

La estrategia menos costosa, según la Contraloría, implicaría jubilar 1.500 trabajadores en cuatro años, que cobijaría a los que tienen más de 16 años de servicio y despedir 1.700 de los de más reciente vinculación.

Esa alternativa, que es parte de las propuestas de reestructuración y no de privatización, le costaría al Gobierno unos 27.000 millones de pesos de 1989, es decir más de 32.000 millones de hoy. Una cifra que equivale a tres veces el presupuesto de 1990 para inversión en salud. Alta ineficiencia Al pedir la privatización parcial, la Contraloría sostiene que es quizás la única fórmula para acabar con la ineficiencia de Colpuertos.

Las restricciones que impone la convención colectiva han generado una alta subutilización de las instalaciones, que implican que así los muelles estén repletos de barcos, no hay labores de cargue y descargue durante buena parte del día.

En Buenaventura no se labora en el 56 por ciento del tiempo y en Cartagena en el 60 por ciento. Sin embargo, el caso más preocupante se presenta en el Puerto de Barranquilla, donde en definitiva solo se trabaja un 10 por ciento del tiempo y en Santa Marta 26 por ciento.

Por esa subutilización, entre 1987-89 el terminal de Buenaventura estuvo parado durante un 40 por ciento del tiempo, lo cual equivale a mantener un promedio de cinco muelles inactivos al año. Y en Cartagena la situación fue peor: el terminal estuvo parado el 50 por ciento del tiempo, que es como mantener tres de sus seis muelles inactivos todo el año.

Aunque el estudio reconoce que no todo es consecuencia de problemas administrativos y que parte se debe a fallas en presentación de documentos, de todas formas la mayor parte se debe a la convención.

En Buenaventura el 76 por ciento de las demoras tienen origen laboral y en Cartagena alcanza al 87 por ciento. Se interrumpe el trabajo por pactos convencionales, por festivos, por dominicales, por el desorden en los horarios de trabajo, por la toma de alimentos, por los cambios de turno, etc.

No obstante esas ineficiencias, el estudio de la Contraloría reconoce que el puerto de Buenaventura es el más rentable.

Publicación

eltiempo.com

Sección

Otros

Fecha de publicación

5 de agosto de 1990

Autor

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El país lleva una década acostumbrado a que cada vez que escucha algo sobre Foncolpuertos es para un nuevo escándalo. Sin embargo dicen que en juego largo siempre hay desquite.

Que hoy Foncolpuertos sea sinónimo de corrupción no es gratuito. Se cobraron pensiones de más de 25 millones de pesos al mes. Los pensionados demandaron y obtuvieron liquidaciones que alcanzaron a sumar 2,3 billones de pesos -una cifra equivalente al ahorro que hoy tienen todos los trabajadores del país en los fondos voluntarios de pensiones-. Corruptos de cuello blanco -algunos abogados, jueces y políticos- cobraron

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