Ronald Dworkin Y Hart

LA DOCTRINA Y PENSAMIENTO DE RONALD DWORKIN Y COMO SE PUEDE RELACIONAR CON EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Concepto General y Apreciación Personal.

En términos generales, podría pensarse que la doctrina y pensamiento del iuspublicista Ronald Dworkin acerca de la concepción del derecho, es estrictamente en la función aplicativa del derecho por parte del juez quien, a su vez, en algunas circunstancias especiales puede convertirse en un juez de producción, situando su campo de acción a la función creativa del derecho, abarcando dimensiones para aplicar justicia dada la multiplicidad de variantes e hipótesis en planteamientos de problemas para su adecuada, apropiada, apta, recta y justificación de su decisión legitima. Así las cosas, el juez está llamado a representar sus justificaciones en la amplia función de administrar justicia desarrollando conclusiones dentro del enfoque amplio jurisdiccional, no olvidando que su decisión podrá ser retomada para sentenciar otros casos difíciles esto es teniendo en cuenta que en un momento dado la providencia reflejará la estabilidad y seguridad jurídica que debe existir en las decisiones y más cuando en la resolución de los derechos, obligaciones, facultades coercitivas, los mismos pueden entrar en conflicto entre sí.

El planteamiento de Dworkin en cuanto vislumbra que en las decisiones jurisdiccionales, en los casos difíciles, el juez debe tener una gran discrecionalidad judicial para aplicar principios que puedan definirse también desde el ámbito de la moral, las buenas costumbres y la política, lo más preciso posible, hace relación de este modo a las respuestas correctas que debe un juez aproximarse a los postulados de Justicia, Equidad y Debido Proceso; esto es, que el racionamiento judicial debe ser vinculante y obligatorio para casos posteriores con la finalidad de no llevar a una dispersión o anarquía de decisiones encontradas en orden a obtener patrones facticos – jurídicos en la que se enmarque una decisión solida y estable.

El planteamiento de Dworkin podría verse no sólo desde la aplicación de una rama o especialidad del derecho, pues si bien, la misma podría observarse o analizarse a la llana visión como un problema exclusivo del derecho constitucional en cuanto influye en el reconocimiento de los derechos, libertades, garantías, deberes y obligaciones del ser humano en un Estado, llámese de Derecho o Estado Social y Democrático de Derecho, cuando de su temática podría enmarcarse en principio frente a los problemas que debe solucionar el derecho constitucional, frente a las diversas instituciones democráticas, políticas, administrativas, judiciales y de control que confluyen en un Estado donde se busca el equilibrio con un sistema de pesos y contrapesos, lo cierto es, que toda la perspectiva y visión también puede abarcar las esferas, en mi concepto, del derecho público y hasta del privado, pues es claro que en todos los regímenes debe operar el principio de legalidad, en donde para el derecho interno no sólo es importante la misma Constitución o Carta Magna al establecerse como un conjunto de normas esenciales que reconoce al ser humano los derechos que tiene en la familia, la Sociedad y el Estado, las mismas deben reconocerse y hacerse efectivas y reales tanto en la parte dogmatica como en la orgánica de dicho texto fundamental, sino también las normas de índole internacional como pactos y convenciones que hagan parte del derecho que debe aplicarse a los coasociados y cogobernados por ser aceptados por el congreso de la república de Colombia.

Así las cosas, se tiene que la resolución de los problemas que el juez debe solucionar no sólo en términos estrictamente de la noción filosófica en cuanto atañe vías y canales que influyen en los estadios de la estructura moral y política, sino también que la misma se hace extensiva al desarrollo jurídico y con ello a los conceptos descriptivos y normativos, los mismos que le son reconocidos en la estructura de un ordenamiento o normatividad jurídica en cuanto también reconocen principios que deben ser adoptados por el derecho para la aplicación equilibrada y reconocimiento pleno de los mismos, cuando no exista norma en concreto para su aplicación recurriendo a los criterios de justicia, equidad y debido proceso. Existiendo contradicción y colusión entre dos principios, se resolverá su distención a través de la ponderación.

Es plenamente aplicable al derecho administrativo los conceptos aplicados y desarrollados por Dworkin al establecer que los principios deben hacer parte de la aplicación del derecho, entonces en la función administrativa es plenamente aplicable tanto en el ámbito de la administración pública por parte de los servidores públicos quienes también están llamados a resolver las situaciones jurídicas concretas que hagan nacer, modificar o extinguir derechos de los legitimados como que también en la jurisdicción contenciosa administrativa, el juez administrativo está llamado a ponderar, balancear e interpretar derechos que en algunas ocasiones y circunstancias puedan entrar en contradicción o en pugna ora bien formal y material, pero reconociendo siempre los derechos sustanciales que deben primar sobre los adjetivos o procedimentales en el reconocimiento de los derechos ora bien de los administrados o de la administración misma que también puede ser sujeto de derechos y por lo tanto legitimaria para invocar acciones administrativas.

Una normatividad basada en principios es viable y conducente pues para el caso colombiano y en materia del derecho administrativo en una de sus especialidades de la misma tenemos la parte relativa a la contratación estatal que aun se encuentra vigente en la ley 80 de 1993 donde encontramos que las normas, conductas, patrones y procedimientos de la administración que la rigen están regidas como norma general por los principios enmarcados dentro del mismo ordenamiento especial y que los decretos reglamentarios viabilizan para determinados eventos y caso sub lite cuando se necesita precisar, concretar y desarrollar de manera más especifica determinada etapa de la contratación, en mi opinión cualesquier especialidad sobre el derecho administrativo, tales como la parte disciplinaria, la fiscal, la responsabilidad y la tributaria entre otras puede también desarrollarse en aplicación a los principios, no dejando de lado que también son necesarias las normas que sean claras y expresas en atención al principio de legalidad que debe regir en un Estado Social de Derecho y de que los precedentes jurisdiccionales ayudan a debatir y estructurar lo que el manifiesta a través de la doctrina de las respuestas correctas y con ello buscar la integridad del sistema jurídico y de la administración de justicia en sentido lógico horizontal y vertical, sin que haya choque o discrepancias

...