EL VALOR JURICO

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer instrumento jurídico internacional general de derechos humanos proclamado por una Organización Internacional de carácter universal.

Desde los primeros pasos de las Naciones Unidas, la elaboración de un instrumento que concretase y definiese las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos se convirtió en uno de sus objetivos esenciales. Fue la Comisión de Derechos Humanos, creada en 1946 como órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC), quien asumió la parte más importante de dicha tarea, que resultó complicada debido a las posiciones enfrentadas existentes. Inicialmente, la Comisión se planteó la elaboración de tres documentos: una Declaración, luego un Pacto de Derechos Humanos, y por último un documento estableciendo una serie de medidas para la puesta en práctica de los dos anteriores. Sin embargo, pronto se vio que los Estados no estaban dispuestos a asumir compromisos sólidos, por lo que se optó por un objetivo mucho más modesto: elaborar un documento que consagrase los derechos humanos más relevantes.

Se planteó entonces el dilema de si el documento sería una mera Declaración de la Asamblea General, sin pleno valor jurídico vinculante para los Estados, o un Pacto internacional de derechos humanos, esto es, un verdadero tratado internacional con fuerza obligatoria (Verdoot, 1964:54). De nuevo volvió a primar la postura más tibia y menos vinculante para los Estados, optándose por una Declaración de derechos humanos, una especie de manifiesto con carácter político y programático, dejando para más adelante la elaboración de un instrumento con mayor grado de vinculatoriedad para los Estados y la adopción de medidas concretas para la puesta en práctica de los derechos humanos reconocidos. (véase pactos internacionales de derechos humanos).

Incluso así, su elaboración estuvo plagada de dificultades. La principal de ellas fue el gran conflicto ideológico-político entre el sistema capitalista y el comunista que bipolarizó a la sociedad internacional y también a las Naciones Unidas durante toda la Guerra Fría. Para la Unión Soviética y sus aliados socialistas la Declaración Universal de los Derechos Humanos no era un objetivo fundamental, mostrando hacia ella más bien una “hostilidad irreductible” (Cassin, 1951:267). En su opinión, la persona es, ante todo, un ser social y, por lo tanto, los derechos que hay que garantizar son los derechos de carácter económico, social y cultural, no otorgando tanta importancia a los derechos de naturaleza civil y política. Además, los países socialistas daban una enorme importancia al principio de la soberanía estatal, prioritaria sobre los derechos humanos. De este modo, los derechos humanos se consideraban un asunto esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, y, en consecuencia, la comunidad internacional no podía intervenir y criticar su conculcación en un determinado país. Por el contrario, la postura de los países occidentales, en especial Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, se distinguía por una decidida defensa de los derechos de carácter civil y político, las libertades clásicas de las democracias occidentales. Asimismo, estos países eran partidarios de que los derechos humanos pasasen a ser un asunto que escapase a la jurisdicción interna de los Estados, es decir, que la comunidad internacional tuviese algo que decir en estas cuestiones.

A pesar de esta politización de los derechos humanos, convertidos en un arma arrojadiza más entre los dos bloques, finalmente el 10 de diciembre de 1948 se aprobó en París por la Asamblea General la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Contó con 48 votos a favor, ningún voto en contra y 8 abstenciones (URSS, Bielorrusia, Ucrania, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Sudáfrica y Arabia Saudí). Los países socialistas se abstuvieron por su desacuerdo con algunas partes de la Declaración, Arabia Saudí por mostrar ciertas reservas derivadas de sus tradiciones religiosas y familiares, y Sudáfrica por su radical desacuerdo con la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales. Recordemos que la mayoría de los países del Tercer Mundo seguían aún colonizados, por lo que ni formaban parte de las Naciones Unidas ni participaron en los debates, con la salvedad de los latinoamericanos, que además realizaron algunas aportaciones significativas.

El hecho de que la Convención no tuviera ni un solo voto en contra debe ser destacado, pues pasó así a convertirse en el referente imprescindible de la humanidad en lo que concierne a los derechos humanos. No en vano, constituyó una suerte de consenso o equilibrio entre las partes, de modo que, en opinión del profesor Cassese (1991:53), más que un triunfo de uno u otro bloque, supuso “una victoria (no total, ciertamente) de la humanidad entera”. En efecto, a pesar de las disputas y contra todo pronóstico, el contenido final de la Declaración constituye un delicado y sano equilibrio entre las diferentes ideologías y concepciones de los derechos humanos y de la sociedad que existían en la época de su redacción (Oraá y Gómez Isa, 1998:50). Aunque es de justicia reconocer que en determinados pasajes de la Declaración se observa indudablemente un influjo predominante de las tesis occidentales, no se puede afirmar que el resultado final fuese una imposición de una ideología sobre la otra. De hecho, uno de los aspectos más significativos del contenido de la Declaración es que, por primera vez en un texto internacional, se daba entrada tanto a los derechos civiles y políticos como a los de carácter económico, social y cultural.

El Preámbulo de la Declaración es de excepcional

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