Ilegimitidad De La Operación Fénix

Las formas de proceder del Estado pueden ser juzgadas a partir de dos perspectivas muy diferentes, aunque muy conectadas, entre sí: lo antecedente o lo consiguiente. En este texto se deslegitimará la autoridad del Estado en cabeza de Álvaro Uribe Vélez en la Operación Fénix desde antecedentes del contexto colombiano y no desde las consecuencias –crisis diplomática por violación de la soberanía de Ecuador, enfrentamiento a una demanda por violación del Derecho Internacional Público- que se obtuvieron de la intervención estatal en la que fue abatido Raúl Reyes (alto mando guerrillero de las FARC).

En primer lugar, las estructuras de autoridad –en este texto sólo será incluido el Estado- respaldan su legitimidad en la justificación que en ellas se encuentra, y dicha justificación sólo puede hallarse mediante una prueba de asunción de responsabilidad. El expresidente Uribe asumió voluntariamente una responsabilidad con el pueblo colombiano desde el año 2001 mediante su programa de Gobierno, en el cual se comprometía a dedicar todas las energías para que Colombia fuese más grande, libre y justa.

Las pruebas que eligió para demostrar su responsabilidad fueron consignadas en ciento sesenta y seis puntos de su segundo programa de gobierno –se hará uso del segundo período ya que fue en este tiempo en el que se desarrolló la Operación Fénix-, pero aquí se mencionarán sólo algunas claves: Implementación de ocho proyectos de Sistema de Transporte Masivo (STM) para dieciséis ciudades del país, elevar a un millón y medio los beneficiarios de Familias en Acción, asegurar de forma universal en materia de salud a personas con Sisbén I, II y III, ampliar la cobertura en educación básica al 100%, elevar el presupuesto para Vivienda de Interés Social a trescientos cincuenta mil millones de pesos, crear un sistema de acreditación que garantice la calidad en la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, disminuir los índices de pobreza al 33% y el de indigencia al 12,6%; y erradicar la desigualdad.

En segundo lugar, el examen de la realidad durante su período de Gobierno muestra que reprobó su prueba, porque: En Colombia sólo hay 7 STM en Medellín, Pereira, Cali, Bucaramanga y Bogotá; el aseguramiento en salud para Sisbén I, II y III llegó al 91% en diciembre del 2010, la cobertura en educación básica fue del 58% en prescolar, 81% en primaria y 78% en secundaria; el presupuesto para VIS fue de tan sólo cien mil millones de pesos, la cobertura en acueducto, alcantarillado y aseo llegó respectivamente a 86,6% y 75,3%; por lo que si ni siquiera se alcanzó la cobertura mucho menos se garantizó la calidad del servicio, el índice de pobreza a finales de 2009 alcanzó el 45,5% (20’475.000 personas aproximadamente) y el de indigencia el 16,4% (7’380.000); y la desigualdad tuvo un índice de 0,578 en el coeficiente de Gini. Sólo aprobó una de las nueve pruebas aquí mencionadas, y fue el acceso de 1’714.308 beneficiarios al programa Familias en Acción.

Lo anterior demuestra que por haber fallado en su prueba de asunción de responsabilidad su autoridad no tiene ninguna justificación y debe desaparecer, sin embargo, hay que ver con detalle la Operación Fénix para dar un juicio final.

La intervención del Gobierno Uribe en Angostura tuvo lugar el día primero

...