Derechos Humanos

25 Discriminación en la vida pública

Discriminación en la vida pública En la historia de las civilizaciones, durante siglos, han

predominado las organizaciones de índole patriarcal: el hombre era el jefe del clan, el jefe de

familia, el jefe de las organizaciones, del Estado, etcétera. Es decir, el hombre era el que

participaba en la vida pública. Las mujeres, si bien tenían un rol importante, quedaban relegadas al

ámbito privado. Cuidaban a los hijos, los ancianos y enfermos, preparaban el alimento, trasmitían

las costumbres y tradiciones. Las mujeres no participaban por lo tanto en la organización de las

sociedades donde vivían, no intervenían en el dictado de las normas o leyes que regían sus vidas,

no eran consultadas para saber qué necesitaban, cuáles eran sus intereses como mujer; los

hombres interpretaban sus deseos y necesidades organizando toda la vida según esa visión

masculina y poniendo las reglas. Por ejemplo, nuestro código penal contemplaba un delito que se

llamaba adulterio; sin embargo, era tipificado (o sea, definido) en forma distinta para el varón y

para la mujer. Si era mujer, cometía adulterio quien tuviera al menos una sola relación con otro

hombre, mientras que si era varón para quedar tipificado era necesario el amancebamiento (es

decir, tener durante un lapso prolongado de tiempo otra mujer y además, en forma estable).

Afortunadamente ha desaparecido el delito y también su discriminatoria regulación. Pensemos en

la razón de la norma. Lo que aquí se protegía era el honor del marido y la pureza de su

descendencia. Lo que se penaba era la posibilidad de introducir en el matrimonio hijos de otro.

Ahora, si el marido tenía hijos con la manceba, el honor de la mujer no importaba. Queda abierto el

debate. Como se ve, es importante la participación de la mujer en la vida pública para que también

ella elabore las reglas, dirija o juzgue. Sin embargo tuvieron que pasar veinte siglos y dos guerras

mundiales para que la mujer comenzara a intervenir en el ámbito público. En nuestro país, el

primer paso fue el reconocimiento del voto femenino en el año 1947, durante el gobierno de Juan

D. Perón; la lucha por el sufragio femenino ya ha sido tratada en el capítulo 4.

Otro esfuerzo relevante ocurrió en 1991, cuando el Congreso de la Nación sancionó la reforma a la

Ley Electoral, introduciendo la obligatoriedad de un mínimo de 30% de participación de mujeres,

asegurándoles lugares expectables en las listas de candidaturas a cargos electivos. Este principio

se incorporó en la reforma constitucional de 1994, y se concibe como acción positiva

(discriminación positiva para favorecer a las minorías). Sin embargo, su sanción trajo discusiones y

resistencias. La prensa de la época da testimonio de ello y, en un diario de gran circulación se llegó

a decir (en un editorial) que la ley de cupo impedía a los ciudadanos elegir libremente. Algunos

sectores consideraban que era desfavorable para las mujeres porque las condenaba al mínimo.

Esto de alguna manera es cierto, porque es tal el paternalismo, que los varones se resisten a

incluir más mujeres en las listas cuando las posibles aspirantes superan el 30%. A veces es

necesario recurrir a los estrados judiciales para reclamar la aplicación del cupo, como ocurrió con

los cargos electivos

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