Constitución Inglesa

Constitución del Reino Unido

Constitución británica, conjunto de leyes y principios (o moralejas), bajo la cual se gobierna el Reino Unido.1 A diferencia de muchas otras naciones, el Reino Unidono tiene ningún documento constitucional único. En este sentido, se dice que no tiene una constitución escrita, sino que tiene una no codificada.2 Gran parte de 'la Constitución británica' se plasma en documentos escritos, dentro de leyes, sentencias judiciales, y tratados. La Constitución tiene otras fuentes no escritas, que incluyen convenciones constitucionales parlamentarias (como se establece en Erskine May) y prerrogativas reales.

Históricamente, "No Act of Parliament can be unconstitutional, for the law of the land knows not the word or the idea.".3

Desde la Revolución de 1688, la piedra angular de la constitución británica ha sido tradicionalmente la doctrina de la soberanía parlamentaria, según la cual los estatutos que se aprueban por el Parlamento son la fuente suprema y última de su ley (la del Reino Unido).4 De ello se desprende que el Parlamento puede cambiar la Constitución simplemente cuando se aprueban nuevas leyes. Existe cierto debate sobre si este principio sigue siendo plenamente válido hasta hoy en día,5 en parte debido a la pertenencia del mismo Reino Unido a la Unión Europea.6

Principios clave[editar

La supremacía parlamentaria y el imperio de la ley[editar]

En el siglo XIX, A.V. Dicey, un especialista en derecho constitucional de gran influencia y abogado, escribió sobre los dos pilares de la constitución británica en su obra clásica An Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885). Estos pilares son, en primer lugar, el principio de la soberanía parlamentaria; y, en segundo lugar, el imperio de la ley. El primero significa que el Parlamento es el máximo órgano legislativo: sus leyes son la principal fuente del Derecho inglés (el concepto de la soberanía parlamentaria se disputa en el Derecho escocés, vea MacCormick v Lord Advocate). Este último es la idea de que todas las leyes y acciones gubernamentales se ajusten a ciertos principios fundamentales e inmutables. Estos principios fundamentales incluyen la aplicación igualitaria de la ley: todo el mundo es igual ante la ley y ninguna persona está por encima de la ley, incluyendo aquellos en el poder. Otro es que ninguna persona es punible en el cuerpo o bienes sin una violación de la ley: según lo sostenido en Entick v Carrington, a menos que exista una clara violación de la ley, las personas son libres de hacer cualquier cosa, salvo que la ley diga lo contrario; por lo que no hay castigo sin una clara violación de la ley.

De acuerdo con la doctrina de la soberanía parlamentaria, el Parlamento podría aprobar cualquier ley que desee. Por el contrario, en países con una constitución codificada, el órgano legislativo tiene normalmente prohibida la aprobación de leyes que contradigan esta constitución: las reformas constitucionales requieren un procedimiento especial que es más arduo que el de las leyes ordinarias.7

Hay muchas leyes del Parlamento que a su vez tienen importancia constitucional. Por ejemplo, el Parlamento tiene el poder de determinar la duración de su propia legislatura. Por las Parliament Acts de 1911 y 1949, la duración predeterminada de un mandato de la Asamblea es de cinco años, pero este puede ser prorrogado con el consentimiento de ambas Cámaras. Este poder fue utilizado por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para extender la vida útil del parlamento de 1935 en incrementos anuales hasta 1945. Sin embargo, el soberano conserva la facultad de disolver el Parlamento en cualquier momento con el asesoramiento del Primer Ministro. Asimismo, el Parlamento tiene el poder de cambiar la composición de sus cámaras constituyentes y la relación entre ellas. Algunos ejemplos son la House of Lords Act de 1999 que cambió la composición de la Cámara de los Lores, las Parliament Acts de 1911 y 1949, que alteró la relación entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, y la Reform Act de 1832 que hizo cambios importantes en el sistema utilizado para elegir a los miembros de la Cámara de los Comunes.

El poder otorgado al Parlamento incluye la facultad de determinar la línea de sucesión al trono británico. Este poder fue usado más recientemente para aprobar el Acta de la Declaración de Abdicación de Su Majestad de 1936, que daba efecto constitucional a la abdicación de Eduardo VIII y eliminó a cualquiera de sus descendientes putativos de la sucesión. Asimismo, el Parlamento tiene el poder de eliminar o regular los poderes ejecutivos del Soberano.8

El Parlamento se compone del Soberano, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes consta de 650 miembros elegidos por el pueblo mediante distritos uninominales en virtud de un sistema de elección por mayoría simple. Tras la aprobación de la House of Lords Act de 1999, la Cámara de los Lores se compone de 26 obispos de la Iglesia de Inglaterra (Lores Espirituales), 92 representantes elegidos de los pares hereditarios, y varios cientos de pares vitalicios.nota 1 La facultad de nombrar a los obispos de la Iglesia de Inglaterra, y de crear pares hereditarios y vitalicios, es ejercida por el Soberano con el asesoramiento del Primer Ministro. Por las Parliament Acts de 1911 y 1949 la legislación puede, en determinadas circunstancias, aprobarse sin el consentimiento de la Cámara de los Lores. A pesar de que toda la legislación debe recibir la aprobación del soberano (sanción real), ningún Soberano ha negado tal sanción desde 1708.9

Tras la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea (ahora Unión Europea) en 1972, el Reino Unido quedó obligado por la legislación europea y, más importante, el principio de la supremacía del Derecho de la Unión Europea. De acuerdo con este principio, que fue esbozado por la Corte Europea de Justicia en 1964 en el caso de Costa contra ENEL, las leyes de los Estados miembros que entren en conflicto con las leyes de la UE deben debe dejarse sin aplicar por los tribunales de los estados miembros. El conflicto entre los principios de la primacía del derecho comunitario y de la supremacía parlamentaria se puso de manifiesto en la sentencia Thoburn contra el Ayuntamiento de Sunderland,10 la cual sostenía que la European Communities Act de 1972, la ley que inició la participación británica en la UE, no podía ser implícitamente derogada por la simple aprobación de legislación posterior incompatible con la legislación europea. El tribunal fue más allá y sugirió que la Ley de 1972 formó parte de una categoría de "estatutos constitucionales" especiales que no eran objeto de derogación implícita. Esta excepción a la doctrina de la derogación

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