Crisis Mexicana

II FORO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

Observarori DESC

Barcelona, España, 17 al 20 de noviembre de 2003

PANEL: EL OBSTÁCULO DE LA DEUDA EXTERNA Y SU IMPACTO SOBRE LOS DESC

TEMA: EL CASO DE MÉXICO

Por Areli Sandoval Terán

Coordinadora del Programa

Diplomacia Ciudadana,

DESC y Social Watch

DECA Equipo Pueblo, A.C.

Las implicaciones de la deuda externa sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en México están relacionadas con los diversos y graves impactos sociales de las políticas de estabilización y de ajuste estructural (PAEs) de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) que se han aplicado en nuestro país en los últimos 20 años, como consecuencia de la crisis por el endeudamiento externo de los años 80. Asimismo, es cada vez más preocupante el peso que adquiere el endeudamiento público interno en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), con consecuencias directas en limitaciones al gasto social, medida a regresiva en términos de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en franco incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano derivadas de haber ratificado desde 1981 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Para explicar esta situación, el presente documento se divide en cinco apartados, a saber:

 Políticas de Estabilización Económica, Ajuste Estructural y sus impactos en los DESC

 Deuda externa

 Deuda interna

 Gasto social en el Presupuesto de Egresos de la Federación

 Reforma fiscal contraria a los DESC

* * *

1. Políticas de Estabilización Económica, Ajuste Estructural y sus impactos en los DESC

La crisis económica de 1982 en México por el endeudamiento externo marcó el punto de partida para que el país comenzara una estricta aplicación de las políticas de estabilización del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial (BM), una serie de medidas con numerosas condicionalidades para obtener préstamos, destacando :

1. Políticas fiscales contraccionistas para sanear las finanzas públicas pasando por la privatización de numerosas empresas, la reducción del gasto, incluidos los subsidios en materia social.

2. Restricciones y topes salariales para contener la inflación

3. Políticas monetarias restrictivas aumentando las tasas de interés para restringir la disponibilidad de crédito.

4. Liberalización del comercio a través de una apertura indiscriminada supuestamente para reactivar la economía

5. Eliminación de regulaciones a la inversión extranjera directa e indirecta (esta última orientada a recibir divisas aunque fuera capital golondrino)

6. Desregulación y flexibilización de los mercados laborales.

Algunos impactos en DESC de las PAESs en México: el caso de las privatizaciones y de los programas de combate a la pobreza

Los impactos que la aplicación de PAEs tanto de primera como de segunda generación han tenido en términos del deterioro de derechos económicos, sociales y culturales en México son diversos. Para ejemplificar algunos de ellos, describiremos brevemente la situación generada por las privatizaciones, como parte de las políticas de ajuste de primera generación, y de los programas de combate a la pobreza focalizados, como parte de las políticas de segunda generación.

Las privatizaciones

En primer lugar, es importante señalar que entre 1986 y 1990 la mitad de los préstamos del Banco Mundial a México se destinaron al ajuste estructural.

Como lo señalamos en el Informe Internacional de Social Watch 2003 titulado “los pobres y el mercado”, los programas de estabilización y ajuste estructural que ha adoptado México a partir de la crisis del endeudamiento externo de1982 han incluido la privatización total o parcial de numerosas empresas y actividades estatales en diversos sectores: industrial, financiero, agropecuario, minero, de infraestructura, de comunicaciones, petroquímico, y hasta de seguridad social. El ritmo de las privatizaciones en el país fue tan vertiginoso como el de las quiebras provocadas por el propio gobierno. Así, “de las 1,115 empresas estatales que había en 1983 diez años después sólo quedaban 213.” Entre las empresas paraestatales vendidas se ubican tanto estratégicas como secundarias, generadoras de utilidades como ineficientes, y muchas fueron compradas a precios muy por debajo de su valor real.

Además de la gravedad de los costos sociales generados por los despidos masivos, la pérdida de derechos por modificaciones a los contratos colectivos y la falta de transparencia en muchas de las ventas y en el destino de los recursos obtenidos, las privatizaciones en México también son cuestionables en términos de la poca o nula regulación por parte del Estado para asegurar el fomento del desarrollo económico y social del país en el mediano y largo plazo. Es decir, el objetivo inmediato de reducir el gasto público para sanear las finanzas privó sobre objetivos de corte estratégico. ¿Irresponsabilidad?, ¿incapacidad?, ¿falta de visión?, ¿corrupción?; una mezcla de estos factores y sobre todo, consecuencia de haber importado un modelo de “desarrollo” económico basado en el mercado, que minimiza la función económica y la responsabilidad social del Estado a tal grado que genera mayor inequidad, pobreza, deterioro ambiental y por ende, limitaciones al pleno goce de derechos fundamentales económicos, sociales y culturales, sobretodo cuando el proceso privatizador toca los servicios públicos, sean éstos estratégicos o básicos.

El proceso privatizador en el terreno de los servicios públicos en nuestro país ha adquirido distintas modalidades; desde el desmantelamiento de instituciones gubernamentales y la desregulación de la actividad que impulsaban para dar lugar al libre juego del mercado, hasta el traslado formal de la administración de los servicio al sector privado. En el primer caso podríamos situar, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) que se encargaba de

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