DERECHO A LA VIDA

DERECHO A LA VIDA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.

E

l pueblo de Colombia, en busca de su propio destino, ejerciendo su poder soberano y teniendo como fin supremo ”asegurar a sus integrantes la vida, […] dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo” decretó, sancionó y promulgó, mediante el acto legislativo 001 de 4 de julio del año 1991, una nueva Constitución Política para Colombia que, vigente en la actualidad (año 2013) y reemplazando a la centenaria Constitución del año 1886 pretende, simple y a su vez complejamente, establecer como valor supremo de su ordenamiento jurídico y pilar fundamental de los demás derechos, el respeto, protección y promoción de la vida en su territorio

Fiel a tal propósito, la Carta Política desde su Artículo 1, perteneciente al Título I denominado “De los Principios Fundamentales”, identifica a Colombia como un “Estado social de derecho, organizado en forma de República […] democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana” y a continuación y con el objeto de dar fuerza jurídica y coherencia política a esa filosofía plasmada en su Preámbulo y a esos principios establecidos en su Artículo 1 presenta, encabezando el Título II denominado “De los Derechos, las Garantías y los Deberes”, el Artículo 11 como piedra angular de su anhelo y mandato como pueblo, al afirmar en él, de manera contundente, que en Colombia “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”

Todo el ordenamiento jurídico-político de la nación colombiana se estructura a partir de los principios, valores y fines expresados por el pueblo y recogidos en la Constitución Política que obra como ley superior, tal como lo establece la misma Carta en su Artículo 4 al señalar “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Así, la Constitución como Texto Fundamental y las normas positivas que de ella se derivan, encuentran su validez y legitimidad en el mandato popular que se recoge, expresa y ordena en la Carta y que supone, por supuesto, que no pueda haber ley u acto que siendo contrario a la Constitución, no vulnere o lesione el orden jurídico, la justicia y la voluntad popular. Ir contra la Constitución es ir contra el pueblo, su voluntad y soberanía.

Por ello, la Corte Constitucional como guardiana máxima del Texto Político ha señalado que la integridad y supremacía de la Carta Política pueden considerarse como:

“un derecho fundamental de las personas que bajo distintas formas se concede a ellas por la Constitución para vigilar su cumplimiento y obtener, cuando no sea así, que los poderes públicos ejerzan sus competencias dentro de los límites de la Constitución, se inspiren en sus valores y principios y respeten, en todas las circunstancias, los derechos y garantías de las personas”.

Asimismo, el Tribunal Constitucional fija la importancia de la Carta Política dentro del ordenamiento jurídico-político colombiano en los siguientes términos:

“La posición de supremacía de la Constitución sobre las restantes normas que integran el orden jurídico, estriba en que aquélla determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y al efectuar todo esto, funda el orden jurídico mismo del Estado. […] El conjunto de los actos de los órganos constituidos -Congreso, Ejecutivo y jueces- se identifica con referencia a la Constitución y no se reconoce como derecho si desconoce sus criterios de validez”

Dentro de estos criterios de validez, destaca obviamente el Derecho a la Vida como piedra angular de todo el sistema, pues en un Estado Social de Derecho cimentado sobre el imperio de la ley, la vida, tal como lo han consignado los colombianos por voluntad popular en su Constitución Política de 1991, constituye el presupuesto necesario e indispensable para que haya titularidad y ejercicio de derechos y por ello la importancia de su debido respeto, protección y promoción en el Texto Constitucional y su ordenamiento jurídico derivado.

Para el análisis de la teoría constitucional que, relativa al Derecho a la Vida, establece para Colombia el marco jurídico, se estudian en este apartado, primero las normas y jurisprudencia de carácter interno sobre el tema y luego, otras que desde la misma Constitución garantizan la validez y obligatoriedad de la legislación internacional vigente emanada de las diferentes entidades supranacionales con ámbito de competencia sobre Colombia, enfatizando que, pese a la obligatoriedad de incorporar estas normas al derecho interno por la importancia que representan para la convivencia de los pueblos, las mismas pueden regir incluso sin que los Estados -y para el caso de estudio el colombiano-, las hayan incorporado a su normativa interna pues “El derecho

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