Ensayo De La Tenencia De La Tierra

ANTECEDENTES

Un poco de historia

La problemática actual de la tenencia de la tierra en América Latina, tiene sus orígenes en el tiempo de la colonia cuando la corona española entregó, como encomienda a los colonizadores, parcelas de tierra para el manejo de la población indígena. Dichas encomiendas funcionaban bajo un sistema feudal de inserción de la mano de obra en donde los campesinos, la mayor parte de los cuales eran indígenas, trabajaban en actividades agrícolas bajo una relación de total dependencia con el encomendero, sin derecho a la propiedad de la tierra. “Estos estaban encargados de proteger a los indios, de catequizarlos y de recibir tributo bajo la forma de productos agrícolas, de trabajo o de dinero” . La encomienda funcionó principalmente en los altiplanos y fue abolida en el siglo XVIII.

Paralelamente a la encomienda, con una importancia relativa y duración mayor, funcionó el sistema de hacienda, el cual nace de las ventas y/o donaciones que la Corona Española hace, a partir de mitad del siglo XVI, a ricas familias de españoles y congregaciones religiosas especialmente en los altiplanos. De esta manera la propiedad de la tierra se hallaba concentrada en estas clases sociales con una total marginación de la población indígena a la propiedad de la misma.

El sistema de hacienda, prevaleció hasta la segunda mitad del siglo XX donde grandes haciendas eran propiedad de unos pocos latifundistas que “tenían el control monopólico sobre las tierras lo que les permitía contratar trabajadores que, a cambio de un acceso precario a una superficie pequeña de tierra –minifundio–, se comprometían a trabajar gratuitamente para el latifundista” . De esta manera se consolida la teoría del complejo latifundio / minifundio en donde se establece que es un sistema que generaba condiciones de ineficiencia en el uso de la tierra y actuaba como freno a cualquier innovación tecnológica. El latifundista tenía a su disposición grandes extensiones de tierra y mano de obra gratuita, y por tal razón no necesitaba mejorar sus anticuados métodos de cultivo. Por el otro lado, el campesino minifundista tenía acceso a una limitada superficie de tierra de mala calidad, sobreexplotada y que servía únicamente para atender sus necesidades básicas de autoconsumo.

La estructura agraria cambiaba muy poco en pleno siglo XX, hasta que empezaron las reformas agrarias, México dio el ejemplo y le siguieron varios países en el Caribe y especialmente Sudamérica. Dichas reformas agrarias, intentaban terminar con la gran concentración de la tierra en manos de unos pocos hacendados que controlaban, además, a miles de familias indígenas y trabajadores precaristas en general, que dependían totalmente de los arreglos a los que podían llegar con ellos.

Esto también indica la acelerada conversión de uso del suelo en esta época, especialmente por la recuperación que experimentó la agroexportación en productos como la cascarilla, cacao y la naciente actividad bananera.

Al mismo tiempo se fueron generando una serie de leyes y código agrarios en todos los países, con enfoques distintos, pero que en el fondo su denominador común, era de un marco jurídico con un espíritu de garantizar la propiedad privada de la tierra y promover su uso eficiente, pero estas leyes por sí mismas fueron insuficientes para lograr su cometido; además, como afirma Southgate: “Se puede asegurar que la Ley de Desarrollo Agrario ha alterado fundamentalmente los derechos sobre la propiedad rural ... Sin embargo, la Ley no constituye una reforma integral como la que se necesita para el uso y manejo eficiente de la la riqueza ambiental” .

Situación socioeconómica de latinoamérica en relación al tema

La región presenta serios problemas de pobreza y subdesarrollo, sus economías tienen estrechos vínculos con Estados Unidos y dependen ampliamente del financiamiento externo.

Los países de esta región consolidaron en la década de los 90, procesos de ajuste estructural y la aplicación de las llamadas “políticas económicas neoliberales” . Los nuevos paradigmas económicos eran paulatinamente validados por los resultados del crecimiento económico que mostraba la región. Desde el año 1994 en adelante, la situación de la economía regional fue compleja y contradictoria, mostrándose las inconsistencias y debilidades de las economías subregionales y la necesidad de revisión y ajuste de las políticas aplicadas hasta ese momento.

Este panorama se agravó por la incertidumbre política y social que hoy vive la región: la guerrilla colombiana, la crisis política de Venezuela, la dolarización en Ecuador, los altos niveles de corrupción en estos países y la pobreza, son -entre otros- serios problemas que aquejan los andes..

En cuanto al tema de tierras, la región presenta fuertes procesos de concentración, inequidad en su distribución , territorialidad indígena con dificultades para su consolidación , institucionalidad agraria fragmentada y con escaso financiamiento, limitaciones para acceder a los derechos de propiedad, debido entre otras razones a costos de la tierra y engorrosos procedimientos administrativos para la titulación. .

Otro problema relacionado a la tenencia de la tierra, es el uso inadecuado del suelo, debido a falta de políticas claras sobre ordenamiento territorial.

Hasta hace algunos años, las políticas agrarias fueron una de las principales causas de deforestación en la América andina, ya que consignaban en la legislación de tierras, la necesidad de demostrar la presencia mediante actos posesorios de cambio de uso del suelo, reemplazando bosque por trabajos agrícolas o simplemente por pastizales.

Otro tema importante en el entendimiento de la problemática en la región , es la ocupación ilegal de la tierra, conocido como invasión. Generado por la pobreza, los países se sienten impotentes en solucionar este problema, lo que se evidencia en una débil inversión en el agro y el aparecimiento de grupos paramilitares. Las ocupaciones en tierras agrícolas impiden su prosperidad, planes de largo plazo y reducen la inversión extranjera en los andes.

Con este panorama, la región presenta una legislación incompleta, que a su vez limita el desarrollo de un mercado de tierras dinámico, eficiente y que promueva el uso sostenible de la tierra, y por el contrario asistimos

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