Informe Final Cvr

Conclusiones generales del informe final de la CVR

Resumen: El 28 de agosto de 2003 se publicó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú. Un profundo análisis sobre los hechos y circunstancias ocurridos entre 1980 y 2000 ha dejado al descubierto las heridas de un país que trata de consolidar su frágil democracia. El Informe de la CVR analiza la forma en que se desarrolló el conflicto armado interno entre los movimientos subversivos y el Estado peruano. Creada el 4 de junio de 2001 bajo la presidencia transitoria de Valentín Paniagua, ha dejado de manifiesto una clara necesidad por reformar las estructuras sociales, políticas, económicas e institucionales que dieron origen a este período; también establece la necesidad de un apoyo decidido tanto del gobierno como de la propia comunidad internacional a los planes y programas de reparación de los derechos de las víctimas y reforma de las instituciones públicas.

Análisis: Al igual que en otros países de Latinoamérica –véanse los casos chileno, argentino o guatemalteco–, en Perú se ha llevado a cabo un profundo proceso de investigación y análisis de su reciente pasado histórico a través de la creación y publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin embargo, esta forma de afrontar el pasado a través del análisis de los testimonios de las víctimas, no es un elemento único de la región latinoamericana, ya que se han llevado a cabo procesos similares en países como Camboya, Ruanda o Sudáfrica.

El conflicto armado interno –como se le ha dado en llamar– que venía sufriendo Perú desde el año 1980 culminó con la desarticulación de los dos movimientos subversivos más importantes y la detención de sus respectivos líderes: Abimael Guzmán de Sendero Luminoso (SL) en el año 1992 y Víctor Polay del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en 1997. Después de la victoria en la lucha armada contra estos movimientos y poco después de la reelección de Alberto Fujimori como Presidente de la República en julio de 2000, estalló un gran escándalo nacional a raíz de una cinta de vídeo que probaba los sobornos del entonces asesor del Sistema Nacional de Inteligencia y brazo derecho del presidente, Vladimiro Montesinos. En un clima de alta crispación social y tras la convocatoria de nuevas elecciones, Alberto Fujimori se dio a la fuga amparándose en su nacionalidad japonesa, residiendo desde entonces en el país nipón. Con la fuga de Fujimori y la renuncia de los dos vicepresidentes, Valentín Paniagua –entonces Presidente del Congreso– aceptó la Presidencia de la República de acuerdo a la Constitución Política vigente de 1993, instaurándose un gobierno de transición.

Con la finalidad de recuperar el orden institucional y político tan deteriorado por causa del anterior régimen, el presidente Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación Nacional en junio de 2001, con el mandato de “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos”. Este encargo del Estado peruano a la CVR se ha llevado a cabo con la finalidad de restaurar la justicia en el país mostrando la verdad sobre cualquier tipo de violación de los derechos humanos, señalando las responsabilidades individuales correspondientes, proponiendo al Estado acciones de reparación de los daños materiales y morales ocasionados a las víctimas e impulsando la reconciliación nacional y el fortalecimiento democrático del país.

La CVR se fijó cinco objetivos principales: el primero, realizar un análisis de las instituciones y de las condiciones políticas, sociales y culturales en el período de violencia comprendido entre 1980 y 2000. Segundo, favorecer al esclarecimiento por parte de la justicia de los crímenes y violaciones de derechos humanos perpetrados por organizaciones terroristas y agentes del Estado. Tercero, identificar y analizar los daños producidos como consecuencia de los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Cuarto, formular propuestas para la reparación de los daños de las víctimas o sus familiares. Quinto y último, elaborar recomendaciones sobre la base de las reformas institucionales que contribuyan a la prevención de la violencia política.

Después de dos años de trabajo, el 28 de agosto de este año se publicó el informe final de la CVR, en el que se evidencia “el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia” de Perú. El informe consta de 7 volúmenes, lo cual da cuenta de la enorme extensión del mismo y la dificultad por sintetizar su contenido. Así y todo, conviene resumir los aspectos más destacables.

En primer lugar, ha establecido por vez primera y de manera muy precisa la verdadera dimensión del conflicto, revelando las enormes fracturas sociales que existieron y que todavía perduran en la sociedad peruana contemporánea. Si al comienzo del informe la cifra estimada era de unas 30.000 víctimas, hoy se puede hablar de una cantidad no inferior a 69.000 personas. A esta cifra habría que sumarle todas aquellas personas que tras el 28 de agosto –fuera del plazo de la CVR, pues el mandato ya entonces había expirado– están tratando de dar su testimonio por primera vez, ya que gracias a su publicación han conseguido superar sus miedos y temores a posibles represalias.

En segundo lugar, el informe constata la evidente relación que se ha producido entre la situación de pobreza y exclusión social y la probabilidad de ser víctima de la violencia. En Ayacucho y en los departamentos más pobres del país –Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac– se concentra el 85% de las víctimas registradas, principalmente campesinos de áreas rurales, poniéndose así de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún predominan en el país. De esta forma, se evidencia que la tragedia nunca fue asumida por el resto del país, el cual se ha mantenido ajeno al conflicto, demostrando un velado racismo.

En tercer lugar, se atribuye como principal responsable del conflicto y de las víctimas al grupo maoísta Sendero Luminoso, debido a la extrema violencia con que atacaba a las poblaciones que trataba de controlar, con el fin de extender su ideología marxista fundamentalista.

En cuarto lugar, los gobiernos que estuvieron presentes en el período de violencia política –Fernando Belaúnde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori–

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