La República Liberal, El Salvador

La República Liberal (1871-1941)

“La integración regional nace ligada a la economía, pero a comienzos del presente milenio, los procesos de integración son multidimensionales, precisando de disciplinas y fuentes diversas para su conceptualización.” (Caldentey del Pozo, 2012, p.9).

Los Estados, como actores preeminentes en las relaciones internacionales, pretenden su supervivencia en el sistema internacional anárquico. Sin embargo, el esquema de gobernanza global ha incidido en el comportamiento estatal, específicamente, en el establecimiento de sus prioridades internas, que trascienden del dilema de seguridad enfocado en la militarización, hasta la organización de la agenda internacional (Villamar, 2017, p.138, 143-146).

De forma que los Estados, conscientes de la imposibilidad de afrontar individualmente amenazas comunes, orientan su actividad en torno a una multiplicidad de instituciones internacionales. Bajo este escenario, los países de América Central —inicialmente El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica— decidieron constituir un Sistema de Integración Centroamericana, el cual actualmente está conformado por órganos, subsistemas, secretarias e instituciones regionales especializadas.

En este marco, la integración en América Central ha sido un mecanismo que históricamente ha unido a la región. El Sistema de Integración Centroamericana— SICA—es el marco jurídico-político, en el que se desarrolla el proceso de la integración Centroamericana. Dicho sistema tiene a su vez un antecedente institucional previo, la Organización de Estados Americanos, ODECA, institución creada mediante la firma de la Carta de San Salvador el 14 de octubre de 1951; en concreto, el SICA se constituyó mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa, el  13 de diciembre de 1991, en el marco de la XI Reunión de Presidentes Centroamericanos.

El SICA, entre sus objetivos se enfoca en constituir a Centroamérica en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo; en este sentido, su actividad se desarrolla bajo el esquema de múltiples canales, que se categorizan en tres escalas: Estados miembros — con facultad de voz y voto—, observadores regionales y observadores extra regionales— con derecho a voz, pero sin voto^[1].

En cuanto al fundamento teórico del proceso de integración, este puede definirse en un sistema multinivel interestatal, intergubernamental y transnacional dado que los gobiernos de los Estados son los principales actores, (pero no los únicos) en este proceso y, por tanto, las acciones emprendidas emanan de una —decisión política—; esto implica que todos o algunos de los miembros podrán progresar con la celeridad que acuerden dentro del proceso. Sin embargo, esto no exime la interacción en un sistema multinivel.

En sus relaciones intergubernamentales, el SICA se vincula y operativiza procesos políticos con diversos matices a través de diferentes entidades extra gubernamentales, en varios ámbitos temáticos. Como ejemplo de ello, los países miembros del SICA actúan en bloque o unilateralmente con Organismos No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales que desarrollan programas para el cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia; como Save The Children, o con OXFAM; en temas relativas a la superación progresiva de la pobreza; o con entidades multi temáticas; como el Instituto Ítalo Latinoamericano (IILA), que desarrolla el Programa de Cooperación con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a través de la implementación de Cursos de Alta Formación de Cuadros Dirigentes. Estas entidades no son apéndices de cada gobierno per se sino iniciativas de inversores privados que, con fondos también provenientes de organismos de las Naciones Unidas, necesitan ejecutar programas conditio sine qua non a través de un gobierno o entidad supra nacional.

En las relaciones transnacionales, verbi gratia, aspectos de diferendos limítrofes, se sabe, no son objeto de abordaje en el marco del SICA, para ello se recurre a otras instancias para el caso, la Corte Internacional de Justicia, donde ya El Salvador y Honduras han dirimido sus diferencias. Este ejemplo evidencia que ni el rol del Estado y ni las relaciones interestatales son la panacea. Así también el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros, suelen prescribir ejes estratégicos y líneas de acción para optimizar los empréstitos y erogaciones a los que los países del SICA recurren para relativizar la mejora de sus finanzas.

Algunos autores sostienen que debería existir una clara diferencia entre las formas políticas y las formas técnicas de administrar.  Por ejemplo, Mitrany sostiene que, por medio de la cooperación técnica, las personas aprenden a pensar en términos no nacionalistas; las desarmonías y por tanto, las cosas mejorarían si el “gobierno de hombres” fuera reemplazado por la “administración de cosas” (Herrera, 1991, pp. 86-87).  

Para Miranda (2013), el SICA aún es un sistema en formación, el proyecto que está en juego es la −construcción gradual− de un Sistema de Integración regional con órganos que actúen desde la dimensión supranacional, para hacer posible tanto la consecución de los propósitos comunes como la interrelación de los Estados en el proceso de integrar Centroamérica, desde un marco comunitario (pp.18-19).

En consideración  de lo anterior, es pertinente enunciar que los Estados miembros enfocan la interdependencia económica tanto en términos de poder como desde la perspectiva del bienestar hacia sus ciudadanos, igualmente las acciones tienen como base los derechos humanos, la paz, la democracia, el desarrollo, la libertad, la seguridad jurídica, los principios consagrados en el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y derivados, el Derecho Internacional, y otros principios y normas contenidos en documentos de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos.

En este sentido, en el funcionamiento del SICA, se evidencia una interdependencia compleja, por lo que resulta imprescindible en lo sucesivo, realizar una desfragmentación de sus elementos: a) Minimización de la fuerza militar en los Estados miembros del SICA, b) multiplicidad de canales que conectan al SICA, y, c) la reorientación de la agenda comunitaria.

Respecto del uso de la fuerza militar, esta tiene un peso menor en el dilema de seguridad, dado que la agenda es primordialmente de integración y cooperación, basados en los parámetros de ayuda mutua y solidaridad, asimismo en el deber de cooperar, es decir que existe una renuncia expresa a la utilización no legitima de la fuerza, para la solución de los problemas, dado que dicha legitimidad únicamente puede encontrarse expresada en los órganos transnacionales.

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