MAPUCHES HISTORIA EN CHILE

I.- INTRODUCCIÓN

Desde los comienzos de la historia independiente de Chile, como República emancipada de la corona española, debió enfrentar la realidad de un territorio casi inexplorado, que se ubicaba desde el río Maule al sur y que era ocupado por los araucanos o mapuches, quienes se dividían en diferentes pueblos, y se denominaban conforme su ubicación geográfica (pehuenches, mapuches, lafquenches, huilliches).

La situación comenzó a tomar forma, a partir del año 1857, fecha en que se dio inicio a la ocupación militar del sur chileno, procurando políticas de penetración, ya sea mediante fuerzas armadas o colonos nacionales y extranjeros. Todas las vías posibles fueron utilizadas.

En 1869, los pueblos mapuches se vieron en la necesidad de firmar la paz y perdieron mas de dos millones de hectáreas de terrenos, que por tradición e historia habían ocupado hasta ese momento, situación que en su tiempo fue reconocida por la corona española. Dicha extensión territorial pasó a ser parte del Estado chileno, quien procedió a vender, regular y dividir las tierras ocupadas.

Inmediatamente después de la guerra del pacífico, se produjo un último movimiento de resistencia, que fue sofocado con regimientos recién llegados de la citada confrontación, provocando la rendición total de los mapuches. Bajo estas condiciones, se asignó a cada aborigen, un promedio de cuatro hectáreas de tierra, lo que fue conocido como “título de merced” , generándose la radicación de las comunidades mapuches en un espacio territorial determinado por el Estado.

Desde dicha época, los diversos gobiernos han tratado de aportar una legislación a favor de los pueblos indígenas, en especial, para el mapuche. No obstante, en cada uno de ellos, han primado concepciones diversas, muy especialmente con el fin de reconocerlos como pueblo distinto a la raza chilena, sino que formando parte del todo, denominado Nación chilena.

De esta forma, se ha soslayado un elemento perturbador, que incidiría hasta hoy, como hubiese sido el haberlos reconocido como un “pueblo” dentro de la Nación chilena y en la actualidad estarían gozando de un status que no tienen. Aquí se origina la necesidad y el discurso de reconocerse como un pueblo, que es distinto al chileno, sometido y colonizado por éste y que expresa históricamente una absoluta indiferencia por la Ley nacional y una permanente confrontación con el Estado chileno y sus organismos. Esta es una situación de naturaleza política, que se viene manejando desde la década de los años 60 y 70, y que ha sido explotadas por diversos grupos y organizaciones ideológicas y partidistas.

A comienzos del presente siglo, las diversas comunidades indígenas mapuches, iniciaron acciones tendientes a organizarse para conformar un referente único y que – como frente común amplio – fuera el interlocutor válido para tratar con las autoridades centrales del país, pero que, fruto de su propia idiosincrasia, no tuvieron permanencia en el tiempo, cayendo en el descrédito, hasta desaparecer.

A finales de la década de los 70, comenzó un resurgimiento de los diversos grupos, pero orientados hacia la solución de sus problemas más inmediatos, emergiendo los primeros por el año 1978. Durante el gobierno militar (1973 – 1990), las diversas organizaciones cesaron en sus funciones y desaparecieron, en especial aquellas con claras tendencias de izquierda.

Por el propio proceso de consolidación y ajuste, los grupos se fueron dividiendo. Sumando a los anterior, la injerencia de partidos políticos, como partidos políticos, como el comunista, provocó su faccionamiento, pero también la consolidación de otros, como el AD-MAPU, continuador de la línea política del P.C.

Como consecuencia de divergencias internas, surgen organizaciones nuevas, que reagrupan a fracciones importantes de los mapuches y sus comunidades. Una parte influyente logró, durante el año 1989, un pacto con el futuro Presidente de la República “PATRICIO AYLWIN AZOCAR” (1990-1994), quien prometió una legislación a fin con los intereses de las etnias mapuches e indígenas en general (Ley indígena de 19 93).

Transcurrido los primeros años del gobierno de los partidos de la Concertación por la Democracia, las organizaciones mapuches desahucian el pacto de 1989, exigiendo la realización de otro, ya que las condiciones del primero no se cumplieron. Con este argumento se llegó al año 1992, fecha que conmemoró los 500 años de la conquista española del Continente americano. Este evento permitió resaltar a la agrupación “Consejo de todas las tierras” y a su líder, el werken (mensajero) AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA.

Los sucesos posteriores, como el procesamiento de los 144 integrantes del consejo, permitió al mismo crear una solidaridad étnica internacional y proyectar la imagen del estado chileno, utilizando la fuerza y la ley para someter al pueblo mapuche, el que luchaba por sus legítimos derechos ancestrales.

La consolidación de, a lo menos 39 organizaciones indígenas diversas en el país, todas orientadas al movimiento indigenista mundial, ha permitido la llegada de otras organizaciones no gurnamentales (ONG`S) que mediante aportes económicos extranjeros se mantienen activos. Se destaca, especialmente, la ayuda proveniente de países como Holanda, Bélgica, Canadá, Australia y España entre otros.

Desde el año 1993 al 1996, hubo un período de relativa calma en las diversas comunidades, pero ya desde 1997 en adelante, las manifestaciones públicas comenzaron a hacerse presente mediante actos ilegales que muchas veces ocasionaron daños a la propiedad privada y pública.

Tras cada manifestación se observó un patrón, común de comportamiento que se ha mantenido hasta el día de hoy, dado por la usurpación de terrenos con una coordinación incipiente pero eficiente y que permite de paso llamar la atención de la autoridad local y, de paso, ejercer presión sobre la CONADI para que inicie los trámites para la adquisición de la tierra que demandan como propia.

Este proceso, y sus resultados, se ha mantenido y poco a poco, las comunidades étnicas , involucradas han logrado que cientos de hectáreas sean adquiridas por el fisco para su uso y explotación. La adquisición es realizada por la CONADI quien trabaja con financiamiento entregado por el estado para tal propósito, lo que implica una limitada capacidad negociadora, pues los requerimientos son altos en comparación con sus recursos.

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