RECURSOS HUMANOS

Identificar la relación del servicio de Policía con las normas constitucionales e internacionales de Derechos Humanos

La Policía Nacional es una Institución de naturaleza civil cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la convivencia pacífica. La construcción de un país acorde con lo establecido por la Constitución Política de Colombia en materia de los derechos, libertades y las obligaciones es un trabajo que vincula a todos los colombianos para generar acciones correspondientes al Estado Social de Derecho

La actividad de Policía en Colombia está destinada a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la persona humana, tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el estado colombiano, Somos uno de los organismos del Estado que más críticas recibe de Amnistía Internacional y de muchas otras organizaciones de derechos humanos, Las normas nacionales que rigen la actividad de policía, están alineadas en gran parte con las normas interna y internacionales de derechos humanos, el estado Colombiano se ha comprometido a cumplir, las normas donde se identifican esos puentes de conexión, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En efecto, la Convención crea dos órganos de protección: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrados por magistrados de diferentes países, quienes deben revisar las posibles violaciones a los Derechos Humanos que se hayan cometido en el territorio colombiano Amnistía Internacional afirmaba que había indicios convincentes de que la mayoría de las víctimas de tortura eran personas sospechosas o condenadas por delitos comunes, y que la mayoría de los torturadores son policías que recurrían a la amenaza y la violencia armada para someter a sus víctimas, Se han documentado innumerables ejemplos de violaciones por parte de la policía de los derechos básicos de las personas a las que debería servir, desde la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante hasta impedir el ejercicio del derecho legítimo de reunión y asociación, poner en peligro la igualdad en el acceso a la justicia y no proteger los derechos básicos, en particular los de grupos vulnerables como lo son las mujeres y los niños, la policía ha desatendido, ignorado y tratado sin respeto el derecho básico a la vida, la libertad y la seguridad en todas las regiones del mundo. Lo contrario también es cierto que la policía ha efectuado contribuciones positivas al pleno disfrute de los derechos de las personas. La policía ha impedido la comisión de delitos, ha garantizado que las personas puedan manifestarse con seguridad en defensa de sus derechos, ha facilitado la consecución armoniosa de transiciones políticas, ha investigado a compañeros que han cometido delitos de toda índole, ha denunciado irregularidades en que han incurrido sus superiores y ha brindado su apoyo a reformas políticas y legales. Debido sin duda a que la policía viola los derechos humanos y también los protege, la relación entre muchas organizaciones de derechos humanos:

La actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad policial está regida por la Constitución Política, la ley los derechos humanos” en el (art. 1º). Para el cumplimiento de la misión constitucional, la Policía Nacional, se orienta por las leyes y los reglamentos institucionales, donde se establecen los parámetros, los procedimentales bajo los cuales se debe desarrollar la labor policial. Por ejemplo, el Código Nacional de Policía (Dcto. 1355 de 1970), establece que: “La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos

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