ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL REGISTRO CIVIL

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL REGISTRO CIVIL

Los vestigios más remotos que pueden citarse como antecedentes del Registro Civil los encontramos en algunas culturas orientales, en las que practicaban censos.

En la Roma antigua (s. VI A.C.), existieron datos censales desde la época del emperador Servio Tulio.  En  el siglo II D.C., se implantaron normas  sobre filiación.

También se decretó la obligación  de los padres  de registrar el nacimiento de sus hijos.

Durante la edad media, la expansión y el auge del catolicismo hizo que la iglesia católica tuviera el control del registro de los nacimientos y matrimonios.  Los primeros libros parroquiales en donde aparecen inscripciones se encuentran en Francia, a mediados del siglo XIV.

En  1787, Luis XVI dispuso la libertad de cultos en Francia y, con ello, el establecimiento de un rústico  Registro Civil para que los nacimientos, matrimonios y defunciones fueran objetos de inscripción ante los oficiales de la justicia real.

La Revolución francesa de 1789 trajo consigo la separación  de la iglesia y el Estado y, en 1804, se reguló el funcionamiento del Registro Civil, secularizando en el Código de Napoleón.

En nuestro país existen indicios de que algunas instituciones prehispánicas se reconocían el parentesco por consaguinidad y afinidad.  Estos registros se celebraban ante funcionarios que al mismo tiempo tenían carácter religioso  y estatal.

Entre los mayas se tenían disposiciones concernientes al estado civil de las personas, a las herencias, a los contratos y al matrimonio.

Al sobrevenir la Conquista, los usos y costumbres de la Península Ibérica se trasladaron a nuestra tierra. Las partidas parroquiales constituyen el antecedente directo del registro del estado civil de las personas.

Con la aplicación del bautismo, fue que se establecieron los primeros libros parroquiales, que registran también multidinarias ceremonias de “conversiones” de indígenas a la región católica, cuyos datos no se registran puntualmente.  Ello condujo a la adjudicación  de repetidos “nombres de pila”, lo que, al paso de los siglos, degeneró en la abundante homonimia que prolifera en nuestro país aún en la actualidad.  La falta de registro condujo a que se otorgaran unas llamadas “cedulillas”, que constituyeron a las partidas eclesiásticas.

A los indigentes pertenecientes a las clases superiores de la sociedad se les concedió la deferencia de un nombre especial, como fue el caso del hijo de Cuauhtémoc, a quien llamaron Diego de Mendoza de Austria y Moctezuma.

En los registros parroquiales, se colocó a los indígenas y esclavos africanos en un nivel de marginalidad  que llegó al extremo de que algunos ibéricos afirmaron que los aborígenes eran irracionales, con el propósito de usurpar sus territorios y bienes.

En defensa de la calidad humana de los indígenas levantaron sus voces varios humanistas ibéricos. La pugna  tuvo que ser resuelta por el papa Paulo III,  quien dio fallo a favor de la inteligencia indígena, pero esto no evitó la estratificación social que puede verse en los viejos libros eclesiásticos, en donde se anotaban los bautizos de los infantes.  En ellos se hacia una alusión  de manera infamante y degradatoria a las castas consideradas inferiores, mencionándose de su condición de indios,  mulatos, mestizos,  coyotes, calpan-mulato, lobo, salta-patrás, cambujo, albarrazado, zambo-prieto, tente en el aire, no te entiendo y ahí te estás, y oreos, todo con el objeto de señalar diversas categorías sociales.

En cuanto a las partidas parroquiales, consignaban los elementos esenciales, como la fecha de inscripción, el día en que tuvo efecto el acto que se inscribía, los datos generales de los interesados, la vecindad, nombre y ocupación de los testigos y,  finalmente, en el margen inferior se imprimía exclusivamente la firma del párroco, sin ninguna intervención de los participantes en el acto. Ocasionalmente suscribían también los escribanos que levantan el registro.

Luego de iniciado el movimiento independentista, Hidalgo emitió un bando el 6 de diciembre de 1810, en el cual se observaban algunos aspectos tendientes a favorecer a las castas más desprotegidas.  Pero ni en este documento, ni en el manifiesto de la Suprema Junta Gubernativa de Zitacuaro, ni en los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos, encontramos disposición alguna acerca del registro del estado civil de las personas.

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