Reseña Legítima Defensa

ZILIO, JACSON, Legítima defensa (Santiago, Ediciones Didot, 2012) 370 págs.

Cuando hablamos de legítima defensa, nos referimos también al denominado principio de proporcionalidad que se debe dar entre la gravedad del ataque y la reacción del sujeto agredido, lo cual despliega toda su eficacia. En cuanto a esto, las teorías jurídicas que han sido elaboradas hasta el día de hoy ha sido bastante contradictorias al momento de interpretar y aplicar los presupuestos que nos otorga la ley en la legítima defensa en casos de un grado o nivel muy extremo. Además, muchas de dichas teorías están influenciadas por la sensibilidad de la sociedad a través de la prensa y por la realidad socioeconómica de los distintos países en donde ha sido aplicada la figura de la legítima defensa y en donde también, se han desarrollado distintas teorías.

El principal aporte que nos hace Jacson Zilio en esta materia es referirse a todas estas limitantes ético sociales de sensibilidad y condiciones socioeconómicas, y las lleva a los fines preventivos y garantistas, como lo son las características más trascendentes del Derecho Penal en un determinado Estado democrático de Derecho. El profesor no hace cuestionamiento alguno acerca de la necesidad de que exista la defensa, sino que, solamente intenta recalcar y destacar que la defensa sólo debe ser permitida cuando se proyecta con fines de prevención y también con el principio de intervención mínima que gobierna al Derecho Penal, o sea, cada vez que estemos frente a una forma idónea y adecuada de prevenir un ataque con el mínimo daño posible para con la persona del agresor.

El profesor Zilio intenta objetivizar las restricciones o limitaciones ético sociales en un doble sentido: En un primer término, minimiza la violencia privada a limitantes que se compatibilicen con los fines de prevención del Derecho Penal; y, en un segundo sentido, nos encamina a la solución de casos en que la tutela de los Derechos Humanos, en especial por el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, de los que no sólo es titular la víctima, sino que también el agresor, y de los que no se puede ser privado de manera legítima alguna, salvo en casos excepcionalísimos, los cuales no solamente deben solucionarse de un modo compatible a las exigencias que la ley señala, sino que igualmente de conformidad a los criterios o limitantes ético sociales, y a una concepción de la convivencia social humana y democrática.

En definitiva, el autor hace una análisis sumamente crítico a la figura penal de la legítima defensa, en cuanto a aplicación y manera de entendimiento en la convivencia social se tiene de dicha figura penal.

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