Trabajo Practico

Ley de Costos y precios Justos

Lcda. Neibys Naranjo

La Ley de Costos y Precios Justos se presenta como un cuerpo normativo dirigido fundamentalmente a controlar la oferta de bienes y servicios en la República Bolivariana de Venezuela, mediante el establecimiento y fijación de precios equitativos que según lo establecido en la normativa evita el incremento de la inflación en el país aunado a la prácticas ilícitas y fijación de precios de forma incontrolada. El poder monopólico dentro de una sociedad capitalista creó una política aplicada por los empresarios para dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, que no se corresponden con referentes internacionales, ni obedecen a una estructura de costo justificable. En tal sentido el objetivo de dicha Ley es establecer un sistema de registro tanto natural como jurídico que permita unificar el costo real de los bienes y servicios que se prestan a nivel nacional.

La implementación de la Ley de Costos y Precios Justos ha generado un sinfín de críticas que han generado polémica en cuanto a las consecuencias que sufrirá el país a nivel económico con el incremento de la inflación. El instructivo es claro todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, estarán sometidas a la normativa. En tal sentido las grandes empresas, como Empresas Polar. La cual, es una de las más estables en el país también será sometida a revisión. Por su parte, Lorenzo Mendoza presidente de Empresas Polar, aseguró que “la empresa se mantendrá invirtiendo en el país a pesar de los obstáculos que plantea la Ley de Costos. Nosotros hemos tenido más de 2.200 fiscalizaciones en los últimos nueve años, así que no nos preocupa este nuevo proceso" es evidente que empresas como la mencionada no presentarán inconvenientes con las fiscalizaciones que se aplicarán a lo largo y ancho del país. Aunque Mendoza plantea la Ley de Costos y Precios Justos como un obstáculo para la inversión en el país.

Por otra parte las pequeñas empresas y la economía informal no están exentas del cumplimiento de la ley. Sin embargo, si estas personas (vendedores informales) venden algún producto regulado deben hacerlo al precio establecido o de lo contrario se exponen a las sanciones previstas y decomisos de la mercancía por el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios (FANB, Policía Nacional e Indepabis).

El mayor temor de los comerciantes es que el Gobierno siga implementando medidas para regular los precios y ganancias sin haber hecho una previa evaluación de los costos. Ahora la pregunta es ¿Cómo se hará para revisar las estructuras de costos de cada una de las empresas que operan en el mercado venezolano? Para llevar esta pregunta a dimensiones mayores hay que imaginarse el número de empresas que serán controladas, multiplicado por el número de productos, lo cual se convierte en algo totalmente inmanejable.

Por el lado del sector privado, vemos que esta ley podría llevarlo a la autorregulación con el fin de no caer en faltas, pero también podría tener repercusiones directas sobre la oferta y la calidad de los bienes, ya que si los precios se ven regulados drásticamente sin evaluar antes las estructuras de costos de cada empresa y tomando en cuenta el sector específico en el que éstas operan, se buscarán alternativas paralelas para seguir operando.

Desde el punto de vista de mercado, vemos que este instrumento de regulación estatal será el sustituidor de la dinámica que se produce entre los oferentes y demandantes para alcanzar

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