Sustancia Sobre La Forma

I. INTRODUCCIÓN

El funcionamiento de la democracia en Colombia ofrece lecciones importantes para las democracias de la región. Principalmente, es preciso resaltar que la existencia de instituciones formales que garanticen los derechos de los ciudadanos y protejan el estado de derecho puede no ser suficiente para lograr una democracia legítima, equitativa y justa. Es así como los avances democráticos que logró el país en materia formal, tras una larga trayectoria de democracia electoral y la aprobación en 1991 de una Constitución progresiva y garantista, se ven desmejorados por una serie de fenómenos que, no siendo completamente ajenos a la realidad de países vecinos, han tomado ventaja en Colombia: clientelismo, tráfico de drogas, conflicto armado interno y la erosión de los pesos y contrapesos característicos de las democracias maduras. En este artículo hacemos un balance del estado de la democracia en Colombia resaltando la fuerte tensión entre la forma y la sustancia. Existen instituciones que generan la apariencia de una democracia consolidada, pero éstas conviven en un entorno que socava la legitimidad misma de esas instituciones y limita su capacidad de producir los resultados esperables de la democracia plena.

Las principales amenazas para la democracia en Colombia provienen de dos fuentes, a nuestro juicio. En primer lugar, la democracia está amenazada por una serie de factores "externos" relacionados con la situación de orden público y el accionar de diferentes actores armados ilegales tales como paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. Así, la crisis de la parapolítica ha socavado la legitimidad de las instituciones fundamentales de la representación democrática: los partidos políticos y el Congreso. El Congreso colombiano se ha visto diezmado, con 73 miembros del Congreso bajo investigación y 30 condenados y encarcelados por sus vínculos con los grupos paramilitares, para el momento en que se escribe este trabajo. La oficina del Fiscal General ha entregado información a la Corte Suprema que facilitará la investigación de cinco miembros, pues expone sus vínculos con grupos de la guerrilla izquierdista. Estos escenarios han generado una valoración pésima que afecta el respaldo que la ciudadanía podría otorgar tanto al Congreso como a los partidos políticos colombianos, y, de igual manera, ha socavado la habilidad del Congreso para ejecutar sus tareas legislativas, con consecuencias desastrosas para la amplitud y calidad de la representación política en la democracia de Colombia.

A pesar de los logros recientes de la política de "seguridad democrática" del gobierno, relacionados con las guerrillas izquierdistas, es poco probable que el movimiento guerrillero desaparezca en el futuro inmediato, lo cual dejará intacto el problema del intercambio humanitario existente entre las víctimas del secuestro y guerrilleros encarcelados, junto con la probabilidad de que la violencia continúe, especialmente en la parte sur del país. Además, nuevos y reconstituidos grupos paramilitares derechistas han emergido en varias partes del país, lo que complica aún más los esfuerzos de pacificación del gobierno. Junto con los ataques de grupos ilegales —tanto de la izquierda como de la derecha- a las instituciones democráticas colombianas, el impacto del narcotráfico sigue siendo enorme. A pesar de la extradición reciente de 14 prominentes líderes paramilitares profundamente involucrados en el tráfico de drogas, y la confiscación continua de drogas ilícitas y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de la misma, la influencia política y la penetración de las instituciones democráticas del país por los narcotraficantes no desaparecerán. La violencia y la anarquía que provienen de los grupos paramilitares y guerrilleros, así como del narcotráfico, permanecerán como un reto significativo a la viabilidad de la democracia colombiana. Esto es particularmente visible a nivel subnacional de la política con elecciones locales y regionales que ocurren bajo condiciones que están lejos de ser realmente "poliárquicas".

En segundo lugar, la democracia colombiana se ve también amenazada por factores "internos", en particular por los desbalances entre las ramas del poder que han resultado de la continuación del presidente Uribe en su cargo. La Constitución de 1991 otorgó poder a las tres ramas del gobierno, con controles y balances entre ellas. No obstante, este delicado balance fue socavado como consecuencia de un cambio constitucional introducido en 2005 que le permitió al presidente Uribe buscar un segundo mandato, mientras mantenía un esfuerzo continuo para asegurar firmas para un referendo que le permitiera buscar otros cuatro años adicionales en el poder. En consecuencia, el balance de poder ha cambiado significativamente en favor de la presidencia, permitiendo al Presidente adquirir más influencia sobre la rama judicial a través del nombramiento de jueces durante dos, o quizás tres periodos, lo cual va aunado con un aumento similar de poder sobre las decisiones del Banco de la República. Adicionalmente, el presidente Uribe no ha aceptado en buenos términos los fallos de la Corte Constitucional o la Corte Suprema que no han favorecido iniciativas gubernamentales. Además, no ha repudiado el movimiento que le permitiría buscar un tercer mandato presidencial, y es probable que este asunto genere una polarización significativa entre los actores políticos, aunque obviamente no con el mismo impacto en el público votante, que sin duda reelegiría al presidente Uribe si se le permitiera.

Igualmente, otra fuente de preocupación por la salud de la democracia colombiana tiene que ver con la relación existente entre el gobierno de Uribe y la oposición, relación que frecuentemente es tensa, en especial con el Polo Democrático, y en una escala menor, con el Partido Liberal. El gobierno tiende a no ser particularmente tolerante respecto a las críticas que emanan de los grupos y partidos de la oposición. En efecto, el gobierno frecuentemente desacredita y silencia a la oposición en un intento por invisibilizar las críticas frente a ciertos temas. Esto ha sido en especial en lo que respecta al escándalo de las relaciones con el paramilitarismo.

Para resumir, los retos que enfrenta la democracia colombiana son formidables, y los prospectos para ahondar aún más la desinstitucionalización no son insignificantes. Los rasgos carismáticos, y frecuentemente autoritarios, del liderazgo del presidente Uribe podrían implicar repercusiones serias para el sistema político. Entre tanto, el éxito gubernamental consistente en afianzar la seguridad del país mediante la pacificación de los grupos de izquierda y de derecha podría ser un requisito para la

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