El poder coercitivo

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1. INTRODUCCIÓN

En este contexto de análisis y estudio de los fenómenos, cuando se trata de abordar el tema de la libertad, nos encontramos con la necesidad de comprender el comportamiento humano. Para explorar el comportamiento humano de manera adecuada, debemos enfocarnos en varios aspectos fundamentales. En primer lugar, es esencial examinar el aspecto psicológico que influye en cada individuo. Luego, debemos considerar el aspecto cultural que ejerce su influencia en las sociedades y en la formación de sus valores educativos, los cuales contribuyen a la creación de normas y tradiciones. Además, no podemos obviar el aspecto económico, que desempeña un papel significativo al determinar hasta qué punto las necesidades de las personas y de la sociedad en su conjunto están siendo satisfechas. Todo este análisis se lleva a cabo con el propósito de comprender la función sancionadora que el Estado desempeña y a la cual la sociedad recurre como una limitación de la libertad.

El derecho sancionador penal, en particular, ha dado lugar a la acción procesal, como se establece en el Decreto Legislativo N° 957. En este contexto, el artículo 66 de este decreto legislativo otorga de manera explícita poder coercitivo al fiscal encargado de la investigación. En el transcurso de las diligencias preliminares y/o la investigación preparatoria, el fiscal tiene la facultad de ordenar la conducción forzosa del individuo bajo investigación, utilizando para ello a miembros de la policía nacional (Medina, 2019).

Por lo tanto, en este breve análisis, comenzaremos explorando parcialmente los conceptos que abarcan el poder coercitivo. En primer lugar, nos enfocaremos en las distintas definiciones de los términos "poder" y "coerción". Además, examinaremos las bases en las que se sustenta el poder, así como su influencia en la toma de decisiones en los ámbitos político y social, y también exploraremos sus limitaciones y desafíos. Igualmente, analizaremos sus interacciones con otras formas de poder, como el poder persuasivo y el poder legítimo, y consideraremos cómo puede ser empleado de manera ética y responsable para alcanzar objetivos políticos y sociales. Todo esto se llevará a cabo con el propósito de establecer una base sólida para comprender el concepto de poder coercitivo.

1. CUERPO

Al analizar el funcionamiento de las organizaciones, se ha tenido en consideración el concepto de poder, que ha sido empleado de manera intercambiable. Desde una perspectiva universal, podemos afirmar que el poder se relaciona con la habilidad o capacidad para ejercer influencia sobre otros, y esta influencia se manifiesta a través de acciones concretas. Para lograr esto, las bases de poder se identifican como las fuentes que otorgan a una persona la capacidad de influir y modificar el comportamiento de otros mediante la aplicación de estrategias específicas, que son métodos concretos adoptados para ejercer dicha influencia. En un análisis de la literatura sobre las bases de poder, Viloria et al. (2016) sistematizaron las principales clasificaciones propuestas por diversos autores. De todas estas clasificaciones, la que ha ganado mayor aceptación y ha generado más investigación es la desarrollada por French y Raven en 1953. Esta tipología de las bases de poder se ha aplicado ampliamente en las relaciones de poder interpersonales en contextos organizacionales y en numerosas esferas de interacción social. En su formulación inicial, French y Raven propusieron cinco bases de poder: el poder de recompensa, el poder coercitivo, el poder legítimo, el poder referente y el poder del experto.

Por otro lado, en relación al término "coerción", según Blanco (2020) indica que se pueden encontrar diferentes definiciones, siendo el caso de Nagel y Blake, los cuales argumentan de manera general que el Estado necesita justificarla ante sus ciudadanos. Sin embargo, ambos plantean un paso problemático en este proceso de justificación: sugieren que esta justificación se logra a través de la aplicación de un principio de justicia distributiva igualitaria. En el caso de Blake, considera que la coerción implica una forma específica de respeto, ya que al imponer fines a un individuo que no son los suyos, se le trata de manera condescendiente y se menoscaba su autonomía. Contrariamente, la coerción pública en la construcción de una comunidad política busca precisamente lo opuesto, establecer un marco común en el cual cada persona pueda perseguir sus propios objetivos mientras respeta la libertad de los demás. Si este principio liberal se convierte en el fundamento de la coerción, su infracción conduce a una forma particular de injusticia: la dominación, que surge cuando la comunidad política no reconoce igualmente el derecho a la libertad de algunos al definir ese marco común. Esto se evita al garantizar que todos los sujetos puedan participar en igualdad de condiciones en la determinación política de las estructuras que influyen en sus acciones. Desde esta perspectiva, la falta de respeto radica más bien en asumir que el bloqueo de la igual participación se resuelve simplemente mediante la transferencia de recursos.

Por otro lado, Pevnick presenta una crítica similar, pero en su opinión, la justificación de la coerción se basa exclusivamente en sus resultados (ampliar el conjunto de opciones) y sus intenciones (expresar igual respeto hacia todos los ciudadanos), sin necesidad de recurrir a la justicia distributiva. Sin embargo, esta postura es cuestionable, ya que la política y la distribución de recursos están estrechamente relacionadas. La falta de estructuras políticas específicas directamente favorece la dominación, y la existencia de instituciones democráticas que formalmente permiten la igual participación de todos no garantiza la ausencia de este tipo de injusticia. Esto se debe a que las dinámicas estructurales de distribución y reconocimiento también influyen de manera significativa en la igual participación de los individuos en la determinación de las condiciones políticas que afectan sus acciones. Es ampliamente aceptado que las grandes desigualdades económicas obstaculizan de manera significativa la igual participación política de todos, incluso cuando existen instituciones políticas que formalmente promueven la igualdad. Por lo tanto, las consideraciones distributivas no pueden considerarse independientes de la justificación de la coerción y deben formar parte, junto con otros factores, de su fundamentación.

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