ADIESTRAMIENTO CANINO

La pena de muerte no es un beneficio que contribuya a la justicia social en Colombia. En el año de 1910, en Colombia, se llevó a cabo la erradicación de la pena capital o pena de muerte (entendiéndose como la muerte provocada a un condenado por parte del Estado. Para Franz Von Lizt, “es el mal que el juez inflige al delincuente a causa de un delito, para expresar la reprobación social respecto al actor y al autor”) debido a que esta cruel práctica empezó a considerarse como una de las formas más retrógradas que tenía un Estado para hacer cumplir sus leyes y, además se reconoció por primera vez el derecho de la vida como parte fundamental del ser humano. Un ejemplo claro de este rechazo hacia la pena de muerte es uno de los manifiestos periodísticos de Murillo Toro, quien decía: “El sistema penal conocido es el más propio para corromper las costumbres. Una legislación que para extinguir el asesinato manda a asesinar, entra en un círculo vicioso en que habrá de agotar sus fuerzas sin poder realizar sus propósitos. No se consigue desarrollar el sentido moral con ejemplos que los conculcan… si esta sociedad fuera cristiana, eso bastaría para que no matara. Y si fuera simplemente deísta, no mataría porque Dios no mato a Caín, sino que únicamente lo condeno a esconder su faz de las miradas de los otros hombres, dando así desde el primer crimen el programa de penalidad social”.

En la actualidad, debemos estar conscientes de que nuestro país vive en una constante y permanente inseguridad jurídica, ya que las tres ramas que corresponden al poder público (legislativa, ejecutiva y judicial) no cuentan con los suficientes recursos humanos, económicos, científicos, tecnológicos, etc. para aplicar de manera oportuna y eficaz el mandato de las leyes, por lo que considerar la aprobación de la pena de muerte sería un riesgo altamente corrosivo a la constitución, pues en la práctica de esta siempre se observan la injusticia, el desconocimiento y la violación de las normas vigentes llevando consigo el fortalecimiento masivo de la corrupción.

En instancia, el presidente de la república, Juan Manuel Santos sanciono la ley 1410 de 2010, donde se aprueba el “Protocolo a la convención Americana sobre derechos humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte”, presentado en Asunción, Paraguay, el 8 de Junio de 1990 por la OEA. En dicho protocolo se recalca la importancia del derecho a la vida como derecho inalienable, sin que pueda ser suspendido por ninguna circunstancia y se prohíbe la aplicación a la pena de muerte. Así mismo, señala que la aplicación de esta ley no reduciría la tasa de crímenes en mayor medida que la adopción de la cadena perpetua, conduciría a la ejecución de algunos inocentes y eliminaría toda posibilidad de rehabilitación social y económica del procesado.

Por su parte, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) realizo una comisión internacional en la sede de Nueva York para discutir el problema de la posible eliminación global de la pena de muerte o pena capital. La aprobación de esta nueva resolución busca aumentar el número de países que estén en contra de la pena capital, de los cuales, ya han participado 136 puesto que en un inicio cuando se aprobó la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos (Año 1948) tan solo 8 países en todo el mundo habían abolido la pena capital para todos los tipos de delitos. También, la Amnistía Internacional se opone contundentemente a la práctica de la pena de muerte sin excepción alguna; considera que es la forma más extrema de la negación de los derechos humanos: “El homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano por el Estado en nombre de la justicia. La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es una pena cruel, inhumana y degradante”. Por esta razón solicita a todos los países que aun hacen práctica de esta legislación que realicen su suspensión inmediata.

Por otro lado, filósofos reconocidos de la historia como François Marie Arouet, más conocido como Voltaire, (Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración) rechazaron la intolerancia, tiranía y superstición en la sociedad expresando su descontento con la ejecución de la pena de muerte porque estipulaban que en muchos casos se castigaban actos que para su concepción eran inocentes; por ejemplo: personas que, no seguían con fidelidad absoluta al partido de los monarcas Ricardo III y Eduardo IV en Inglaterra o en la antigüedad cuando los atenienses castigaban con pena de muerte a cualquier extranjero que asistiera a las asambleas del pueblo gracias a que eran tachados como espías y se tenía el pensamiento de que robaban los derechos de la soberanía. En palabras del propio Voltaire tenemos: “Estos no son procesos criminales; son asesinatos que cometen asesinos privilegiados. El ultimo grado de perversidad consiste en escudarse con las leyes para cometer injusticias”. “El hombre de carácter violento que se ve ultrajado y mata a su ofensor en un rapto de cólera, es perdonable; le condena el rigor de la ley, pero le salva la misericordia, que debe ser atributo del soberano”.

Así mismo, el libro “Las Muertes” escrito por Arthur Koestler (novelista, ensayista, historiador, periodista, activista político y filósofo social húngaro de origen judío) y Albert Camus (Novelista, dramaturgo y filósofo francés) muestra la unión de dos ensayos que manifiestan el rechazo a la pena de muerte. El primer escritor (Arthur) se destacó en la historia principalmente por dirigir una campaña a favor de la abolición de la pena capital en Gran Bretaña; su ensayo titulado “Reflexiones sobre la horca” desarrolla los antecedentes del problema en Inglaterra debido a que este personaje estuvo a punto de ser ejecutado en las cárceles de Franco en 1937.

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