Absolucion de oposicion

Sumilla: Absuelve escrito de oposición presentado por el Señor Lorenzo Enrique Burga Caballero

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS:

MINERA LA ZANJA SRL, con RUC 20507975977, inscrita en la partida N° 11663193 del Registro de Personas Jurídicas de la oficina Registral de Lima, con domicilio en Av.Carlos Villarán 790, Urb. Santa Catalina, La Victoria debidamente representada por elIng. Luis De La Cruz Rengifo, según poder inscrito en el Asiento C00001 de la partida N° 11663192 con referencia al levantamiento de observaciones del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero La Zanja, ante usted nos presentamos y decimos lo siguiente:

Que, habiendo sido notificados de las observaciones formuladas al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero La Zanja, el cual incluye el escrito mediante el cual el Señor Lorenzo Enrique Burga Caballero se opone al proyecto La Zanja, nos presentamos ante su Despacho dentro del plazo legal conferido, para absolver los argumentos ahí planteados y solicitamos que dicha oposición sea declarada infundada en virtud de los siguientes fundamentos:

1. Sobre la acción judicial presentada por el Sr. Lorenzo Enrique Burga

Caballero

La oposición del Señor Burga Caballero se fundamenta principalmente en el derecho de propiedad que supuestamente ostenta el señor Burga Ferré y su solicitud de reivindicación del terreno, respecto de predios que forman parte del Proyecto Minero La Zanja y que, según señala, no habrían sido adquiridos de propietario legítimo, habiéndose producido un supuesto fraude por lo que ha iniciado un proceso civil contra los vendedores del predio y contra Compañía de Minas Buenaventura S.A.A, adquiriente de dicho predio. Este proceso ha sido admitido a trámite con la Resolución Nº 02 por el 7º Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo. En ese contexto, la observación presentada por el señor Lorenzo Burga Caballero, en representación del señor Jorge Burga Ferré, se sustenta en la demanda judicial presentada el 02.07.08 sobre la cual no ha recaído sentencia judicial alguna que contenga una valoración del Poder Judicial sobre los hechos denunciados. Esto implica, inobjetablemente, que los instrumentos públicos que acreditan la propiedad de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. sobre el predio reclamado, son documentos jurídicos válidos, legítimos y vigentes en todos sus efectos, sin perjuicio de lo que pueda finalmente concluir el Poder Judicial, en virtud de sus atribuciones jurisdiccionales. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el demandante alega que tendría la propiedad sobre 156.25 hectáreas “inafectas de la Reforma Agraria” del Predio Piedra Redonda. Sin embargo, pese a alegarlo, el demandante no acredita ni un título de propiedad registrado sobre dicha área, ni un código catastral que sobre dicho terreno haya generado el COFOPRI. Más aún, como el propio demandante reconoce y acompaña como medio probatorio a su demanda, el predio de 165 hectáreas de propiedad de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., que él alega se superpone con el espacio físico de la que él señala es su propiedad, sí cuenta con una Unidad Catastral (Código 020022) generada por el COFOPRI a nombre de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Conforme se aprecia, la posición de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. es legalmente sólida y los instrumentos que sustentan su propiedad sobre el predio indicado tienen plena validez.

2. Sobre la oposición propuesta y su relación con el procedimiento deevaluación del Estudio de Impacto Ambiental

Sin perjuicio de lo señalado, es preciso destacar que la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no autoriza el inicio de la ejecución del proyecto minero, por lo que con la resolución que aprobaría este estudio ambiental, no se estaría afectando el supuesto derecho de propiedad del señor Burga. De hecho, para la ejecución del proyecto se requiere una serie de requisitos, licencias y permisos diferentes de la aprobación del EIA∗, los que al igual que el derecho sobre el terreno superficial,

∗ Entre los principales permisos que se deben obtener para el desarrollo del proyecto, figuran los siguientes: Aprobación del Plan

de Cierre de Minas, Garantía Financiera para Plan de Cierre, Concesión de Beneficio, Concesión de Transporte Minero,

Concesión Eléctrica Definitiva, Servidumbre de Electricidad, Informe Técnico Favorable para consumidores directos de

combustibles líquidos, licencia de uso de aguas, registro de hidrocarburos de consumidores directos, autorización para inicio de

actividades de exploración en concesiones mineras metálicas/no metálicas, certificado de operación minera; otros que sean

necesarios de acuerdo a las características finales del proyecto, según determinación de la autoridad.

pueden ser tramitados en paralelo con la evaluación del EIA o posteriormente, tal y como se reconoce incluso para la etapa de exploración minera en el recientemente aprobado Decreto  Supremo N° 020-2008-EM. De hecho, ninguna norma sectorial o general, incluyendo al Decreto Supremo N° 016-93-EM, condiciona la aprobación del EIA a la obtención de dichos derechos. Conforme a lo señalado, la controversia sobre el terreno superficial no perjudica la

validez del derecho de propiedad de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., ni el procedimiento de aprobación del EIA, cuya naturaleza es de evaluación meramente ambiental y no incide en la evaluación de la propiedad del terreno superficial.

3. Sobre la suspensión del procedimiento

De acuerdo con la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la suspensión de los procedimientos administrativos en virtud de la existencia de un proceso judicial, sólo está prevista para aquellos casos en los que el pronunciamiento de la autoridad administrativa está condicionado a la previa resolución del conflicto judicial, porque de otro modo, se estarían constituyendo derechos administrativos que afectarían los resultados de la función jurisdiccional que es exclusiva del Poder Judicial. Este supuesto también está expresamente previsto en el artículo 13° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante D.S. N° 017-93-JUS y constituye una medida de excepción, debido a que limita la competencia de la autoridad administrativa, por lo que sólo debe ser aplicado cuando existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos jurídicos. En este caso, la autoridad competente para la resolución del procedimiento administrativo debe inhibirse hasta que el Poder Judicial resuelva el litigio. En este contexto, se entiende que la suspensión sólo se admite de manera excepcional.

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