Acción Penal

Acción penal

La acción penal es el punto de partida del proceso judicial, se origina a partir del acaecimiento de un delito, y que supone la imposición de un castigo u correctivo al infractor, de acuerdo a lo establecido en la legislación penal preexistente.

Su origen obedece a la evolución del sistema jurídico a lo largo de la historia, este vino a reemplazar la venganza, la autodefensa y la mal llamada justicia por propia mano que impero durante mucho tiempo en el mundo, al ser el estado quien asume la vigilancia y el resarcimiento de los bienes jurídicos de los asociados, todo ello encaminado hacia los preceptos superiores de legalidad, y seguridad jurídica.

En un sentido filosófico la acción penal tiene fundamento constitucional, es la forma que tiene el estado para restablecer la paz social que ha sido alterada por la comisión de un delito.

Esta potestad se encuentra en cabeza del estado y la ejerce a través del ministerio público, representado en la fiscalía general de la nación, pero en algunos delitos en atención a la naturaleza del bien jurídico lesionado, y a la menor lesividad de la conducta punible del actor, pudiera el legislador cederle el ejercicio de la acción penal a la víctima, o a las demás autoridades, dando origen así a un segundo tipo de acción penal, la acción penal privada.

Recapitulando entonces, existen dos tipos de acción penal la pública y la privada, la pública evidente mente es aquella en la que es el propio estado quien la ejerce contra los particulares infractores, y la otra por el contrario es cuando es la propia víctima quien ejerce la acción, siempre es de tener en cuenta que por la naturaleza de nuestro modelo de estado, la fiscalía general de la nación tiene preferencia en todo tiempo al momento de ejercer tal potestad.

Mucho se ha hablado últimamente sobre la privatización del derecho penal, sobre todo desde la aparición en el escenario jurídico colombiano del acto legislativo 06 del 2011, mediante el cual se reformaron varios artículos de la carta magna del 91, lo que al parecer entendieron o quisieron dar a entender fue que la función de la fiscalía general de la nación como el principal ente acusador del estado se había, trasladado a las propias víctimas.

Cuando la realidad es que solo en determinados casos y con autorización expresa del legislador puede la victima tomarse esta potestad, anta la autoridad judicial.

En el contexto de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal acusatorio, Colombia ha venido ajustando su normatividad a los estándares internacionales, de la mano de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ampliando sus garantías y sus posibilidades de intervención al interior de la actuación penal, hoy por hoy las víctimas hasta pueden solicitar la imposición de medida de aseguramiento en contra del sindicado.

Los derechos de las víctimas a la

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