Analisis sentencia agrario

Análisis de la sentencia

El abogado en ejercicio Eduar Enrique Moreno Blanco defensor público, representante de los ciudadanos Martin Javier Jiménez y Rafael Celeste Belisario, interpuso la solicitud de avocamiento  ante la Sala Constitucional, Plena, Político Administrativa, Electoral, Casación Civil y Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera y Segunda de lo contencioso Administrativo. Expresándose al respecto de la condena dictada al ciudadano Rafael Celeste Belisario de 10 años y 6 meses de prisión por la comisión de los delitos de invasión, perturbación violenta de la posesión de bienes inmuebles e incendios, fundamentada esta condena en los artículos 471-A y 472 del Código Penal Venezolano. Justificando su solicitud de avocamiento en el estado de salud del ciudadano Rafael Celeste Belisario quien padecía de hipertensión, empeorando la misma por la depresión originada por su ilegitima privación de libertad, fundamentando que esta fue ilegitima debido a que se llevo a cabo por procesos penales que no les correspondía, ya que la situación le correspondía a la competencia agraria.

Es importante destacar que el ciudadano Rafael Celeste Belisario ha ejercido la labor agrícola gran parte de su vida, principalmente en el fundo “San Jerónimo”, en el cual se hace referencia que beneficiaba al fundo con su labor, siendo este a su vez beneficiado. Poseía un documento emanado por Garantía de Permanencia mediante un acto administrativo del Instituto Nacional de Tierra, otorgando dentro del régimen de uso de tierras con vocación agrícola, sobre esas tierras o parte de estas, siendo este un producto agropecuario de lo cual se deduce que estamos en presencia de actividad agrícola y pecuaria, por tener derecho a las explotaciones, donde se discute entre el fundo “El Chiquero” y el fundo “San Jerónimo” siendo este ultimo ocupado por Carmen Abreu quien poseía un titulo de venta sobre dichas tierras o parte de ellas, siendo esta la victima dejando claramente expresado que existía un problema de deslinde de predios rurales. De allí se determina que el tema es de naturaleza agraria por lo que debió corresponderle su conocimiento y sustanciación al juez ordinario agrario.

De acuerdo a lo anteriormente explanado el Tribunal Supremo de Justicia fundamentándose en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en lo relacionado al avocamiento propiamente dicho, y previo conocimiento de la causa Nº JP21-P-2007-006551 proveniente del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, la sala se pronuncia sobre la denuncia de supuesta violación del orden publico constitucional que produce la privación de libertad del ciudadano Rafael Celeste Belisario. Basándose en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en lo relacionado a la competencia de los juzgados agrarios de primera instancia en conflictos surgidos entre particulares, en el principio de legalidad y tipicidad que implica que la conducta punible debe estar expresamente prevista en la ley formal y el debido proceso, obligatorio para todas las actuaciones judiciales y administrativas.

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