Antropologia Prevención estatal e institucional

Prevención de desastres naturales

Prevención estatal e institucional

Un aspecto fundamental con respecto a la prevención de desastres naturales es la necesidad de una competente gestión estatal e institucional. Debido a que los individuos viven en sociedad, las instancias gubernamentales y las diferentes instituciones deben velar, entre otras cuestiones, por el desarrollo de una planificación lo suficientemente adecuada para enfrentar los embates de la naturaleza. Según el Marco de Acción de Hyogo, por medio de los sistemas de prevención de desastres, se debe aspirar a la “reducción sustancial de pérdidas por desastres en vidas y en los activos medioambientales, económicos y sociales de los países y las comunidades” (Baas et al. 2009: III). Por ello, se plantea que un enfoque conveniente para llevar a cabo este tipo de prevención “depende de la solidez de las capacidades institucionales de los actores claves en diferentes niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil, y de una coordinación efectiva entre estos actores y niveles” (Baas et al 2009: III).

Una de las políticas que deben promoverse es la del ejercicio de simulación de desastres. Esto se debe a que esta práctica de escenarios de desastre permiten pasar de la teoría a la acción simulando una respuesta de emergencia a un acontecimiento, y juegan un papel importante al informar acerca de cada componente de la preparación de desastres, que son la planificación, capacitación, equipamiento, ejercicio, evaluación y la toma de acción para corregir y mitigar (Schwartz 2009: 13). De esta manera, la gestión, la promoción, la capacitación y el desarrollo correcto de simulacros en el país constituyen una medida importante que debe ser impulsada desde el Estado y las instituciones competentes, ya que posee un gran potencial para la prevención de situaciones de riesgo y juega un rol necesario para la preparación de la población en caso de futuros escenarios de desastre.

Además, otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta es el que se relaciona con la planificación urbana, asunto que amerita la correcta participación de entes políticos de diversa índole. Por ejemplo, como indica O’Connor Salmon, ingeniero del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, “las autoridades locales deben condicionar la autorización de todo nuevo asentamiento humano a estudios previos de vulnerabilidad y acorde con los planes reguladores de repoblamiento de ciudades” (2008: 59). Así, desde las instancias gubernamentales, se debe contar con la previsión necesaria al momento de proyectar el desarrollo de las urbes a partir de un plan inteligente de ocupación del territorio para evitar situaciones de riesgo y consecuencias funestas en caso de desastres naturales (O’Connor Salmon 2008: 62). Muchas veces, la planificación urbana está pensada por los entes estatales con objetivos distintos de desarrollo social que no consideran los posibles desastres naturales o, en todo caso, que no vinculan estos dos elementos.

Otra política pública, también relacionada con el territorio, pero más compleja y enfocada en los desastres, es la del ordenamiento territorial. Esta “comprende el diagnóstico, los objetivos, las políticas y estrategias, los programas y proyectos, las normas, y los mecanismos de estímulo y sanción destinados a orientar y administrar el uso de un territorio específico” (Vargas 2002: 33). En otros términos, su propósito es brindar políticas de prevención según el territorio específico en el que viven las personas, lo cual no solo garantiza, como en la planificación urbana, que la distribución geográfica del espacio sea eficiente para los ciudadanos en situaciones cotidianas, sino que también lo sea en situaciones de emergencia. Esta estrategia está pensada para funcionar dentro de una comunidad local específica y de forma municipal, no a nivel nacional. Además,

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