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Acción de Extinción del Derecho de Dominio

La figura de la Extinción del Derecho de Dominio no es una figura novedosa. Mucho tiempo atrás, la regulación agraria tenía prevista su aplicación sobre aquellas propiedades que no cumplieran con la función social asignada por la Constitución Política -más exactamente a partir de la reforma introducida en 1936-. Se trataba, entonces y en esa materia, de impedir la concentración de grandes extensiones de tierra en poder de propietarios que, desconociendo la marcada vocación agrícola de nuestro país y el imperativo de hacer productivos los recursos nacionales para lograr un mayor crecimiento económico, conservaban sus fundos inactivos. Posteriormente, el instituto jurídico se hizo procedente además en asuntos mineros y, más recientemente, ambientales -por la función ecológica que le agregó a la propiedad el artículo 58 constitucional-.

En materia penal y también de tiempo atrás, la Extinción del Derecho de Dominio puede aplicarse respecto de aquellos bienes que hayan sido instrumento o producto de la comisión del delito, siempre y cuando sean vinculados al respectivo proceso penal y el investigado resulte declarado responsable del punible del que provienen los bienes.

Sin embargo, otras disposiciones de nuestro ordenamiento penal -como la extinción de la acción penal por la muerte del procesado o por la prescripción (artículos 76 y 77 del Código Penal), o como aquella expresión introducida al comiso que advierte que sólo podrán ser objeto de la medida los bienes que se encuentren fuera de comercio- terminaron por hacer ineficaces las normas que castigaban los réditos del delito. En efecto, en un país en el que las autoridades deben enfrentarse a sanguinarios aparatos paraestatales de fuerza y en el que la congestión histórica de los despachos judiciales son una constante, lo posibilidad de que acciones penales de especial importancia se extingan por la muerte del procesado o por la verificación del fenómeno de la prescripción es muy alta y, por consiguiente, la de que los bienes vinculados a esos procesos terminen saneados y en manos de los familiares o del propio delincuente.

Pero había otras hipótesis y variables que cubrir. La indolencia ante el avasallador avance del narcotráfico -indolencia del país, en general, y de la clase dirigente, en particular e innegablemente con una cuota de responsabilidad muchísimo mayor-, les permitió a las organizaciones criminales diseñar sofisticadas estructuras para ocultar sus recursos ilícitos en la economía, mediante la vinculación de cadenas de testaferros, el montaje de empresas de fachada, las importaciones y exportaciones ficticias o la corrupción de agentes estatales, para citar sólo algunos ejemplos.

El enfrentamiento, por consecuencia, no podía comprender únicamente a quienes dirigían, hacían parte o delinquían para las organizaciones criminales. Tenía que abarcar

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