DETITUCION DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO

TRABAJO DE IMVESTIGACION

1.- TÍTULO.

“ANALIZAR JURÍDICAMENTE SI LA DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL ECUADOR RESPETA EL DEBIDO PROCESO”.

2.- RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS.

Un funcionario público es aquel trabajador que desempeña funciones en un organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial.

El servicio público es una actividad amplia por sus características, organización y forma. Es un interés general que está por encima de cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de asegurar la prestación del mismo con eficiencia y eficacia.

Todo ciudadano legalmente nombrado para ejercer una función pública remunerada, se constituye en servidor público del Estado ecuatoriano; por tanto, sus relaciones laborales con la institución nominadora se regulan por la Ley Orgánica de Servicio Público.

Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad, es uno de los principales deberes y responsabilidades que la Constitución de la República asigna a las y los ciudadanos ecuatorianos.

En el mismo sentido, la Norma Suprema dispone que las personas tengan derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, y, que la administración pública constituya un servicio a la colectividad, que se rija, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, calidad y evaluación. La Ley Orgánica del Servicio Público establece como deber de las o los servidores públicos: “Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad.

Los Servidores Públicos son las personas nombradas temporales o permanentemente en cargos del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Municipios, entidades autónomas o semiautónomas y en general, la que percibe remuneración del Estado.

Referente al marco jurídico y en el articulado de la LOSEP, nos menciona las causales de destitución, los Deberes, Derechos y Prohibiciones.

Finalmente, los resultados de la investigación permiten dar a conocer el resultado sobre la destitución de los funcionarios públicos y la apreciación de que si se respeta o no el debido proceso en los casos de destitución de funcionarios públicos.

Con las preguntas planteadas, se logra que los encuestados den respuestas concretas que permiten conocer que la destitución de funcionarios públicos se desprende de una verdad, que tenemos un marco jurídico que regula las funciones o atribuciones, las responsabilidades penales, civiles y administrativas aplicables a los funcionarios que violen o incumplan estas leyes.

Así pues, los quince profesionales encuestados comentan que si conocen de la destitución de funcionarios públicos, además indican que se da por no desempeñar honesta y eficientemente sus funciones.

También se refleja el criterio que no se respeta el debido proceso en los casos de destituciones a funcionarios públicos, so pretexto de lograr eficiencia y eficacia en los empleados.

Igualmente los encuestados señalan que la Ley Orgánica del Servidor Público en cierta parte está acorde a los intereses de los servidores públicos, puesto que ayuda a reconocer quienes en realidad deben de ser servidores públicos, pero que por otro lado hay necesidad de reformarlo, toda vez que se vuelve inconstitucional por el tema de la compra de renuncias obligatorias con indemnización, con lo que se viola claramente la Constitución de la República del Ecuador en su parte pertinente

Como experiencia de los casos o procesos seguidos por destitución a funcionarios públicos tratados por el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo es que han terminado dando la razón mayoritariamente al funcionario o destituido porque simplemente no se dio el debido proceso al momento de la aplicación del sumario administrativo.

Finalmente, la literatura revisada, la aplicación de los métodos y técnicas para la investigación de campo han permitido obtener una información muy valiosa que enriquece el conocimiento y permite discernir con capacidad la problemática de la destitución a funcionarios públicos, por lo que esperamos que este estudio realizado sea un aporte que contribuya a tener claridad y capacidad critica a la hora de ofrecer algún criterio jurídico en este tema tan espinoso de la destitución, que con mucho agrado lo hemos investigado.

2.1. RESUMEN TRADUCIDO AL INGLES

ENGLISH IN ABSTRACT.

A public official is a worker who performs functions in an organism, whether legislative, executive or judicial.

Public service is a broad activity by its nature, organization and form. It is a general interest that is above any other circumstances, where the state has an obligation to ensure the provision of the service efficiently and effectively.

Every citizen legally appointed to hold public paid, constitutes a public servant of the Ecuadorian State, so it’s working relationship with the nominating institution regulated by the Public Service Act.

Assume public functions as a service to the community and accountable to society, is one of the major duties and responsibilities that the Constitution assigns to the citizens and Ecuadorians.

Similarly, the Supreme Standard provides that persons entitled to dispose of goods and services of the highest quality, and public administration constitutes a service to the community, which is subject, among others, by the principles of efficiency, efficiency, quality and evaluation. The Public Service Act establishes the duty of public servants or "Meet permanently, in the exercise of their duties with due care and assist the public with timely and relevant information, guaranteeing the right of people to high quality public services.

Public Servants are temporary or permanent appointees to positions of the Executive, Legislative and Judicial, municipalities, autonomous or semiautonomous and generally perceived the remuneration of the State.

Concerning the legal framework and in the body of the LOSEP, we mention

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