Derecho Electoral

El derecho es un fenómeno social objeto de interpretación, es decir interpreta los fenómenos jurídicos de forma distinta, en el sentido de que las percepciones de un fenómeno son distintas por parte de un órgano judicial y uno administrativo, en caso concreto es dable encontrar interpretaciones diferentes entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, ya que la interpretación difiera también entre los actores políticos que pugnan por la titularidad del poder público. A través de la evolución del derecho son pocos los estudios sobre interpretación electoral, y esto se debe a ciertas causas; (la conformación de órganos electorales cercanos al Poder Ejecutivo, integración de los órganos superiores designados por el Ejecutivo federal o locales; La cultura jurídica que menosprecio los tratados internacionales en materia de derechos humanos y derechos políticos; y el favoritismo hacia los instrumentos clásicos de control constitucional).

La forma de conseguir la legitimidad de los órganos electorales proviene de una interpretación y argumentación que privilegien los derechos y el texto constitucional y una vía para lograr la legitimidad y legalidad sustancial de los órganos electorales es combatir la antinomia y formalismo con una interpretación electoral abierta y garantista.

El derecho electoral como disciplina del derecho constitucional es considerada una innovación de la transición democrática en el campo jurídico, su evolución puede dividirse en 3 movimientos denominados “olas democráticas”, en la que cada ola es detenida por una resaca (contraola) de regresión autoritaria; décadas atrás era imposible hablar de derecho electoral, y a partir de procesos de transición democrática que aceleran el estudio del derecho electoral: 1)la creación de órganos electorales con autonomía de los poderes clásicos, 2) la especialización de la justicia electoral y 3)perfeccionamiento electoral.

Existen diversas concepciones acerca del derecho electoral, las concepciones formalistas consideran al derecho electoral como un conjunto de normas jurídicas que regulan los procesos de selección de titulares de los órganos del Estado; la segunda clasificación es denominada como bipolar, ya que divide al derecho electoral en dos sectores; uno que abarca las normas jurídicas que regulan la actividad de la decisión de los ciudadanos sobre quien será el titular de los poderes públicos, y otro que establece normas consuetudinarias y legales que regulan la elección de representantes populares. Flavio Galván proporciona un concepto integral del derecho electoral, como la rama del derecho público que estudia el conjunto de legislaciones, costumbres, jurisprudencia y principios jurídicos que regulan la conducta social en la materia electoral, y esta última es definida como aquella que regula las normas que regulan las características del sufragio, derechos y obligaciones de los electores, formas y métodos a través de los cuales los ciudadanos eligen a sus representantes; los sistemas y fórmulas para convertir votos en escaños, derechos y obligaciones de los partidos políticos y candidatos, la integración y competencia de las autoridades electorales, desarrollo de los comicios, mecanismos de defensa legal de los actos y resoluciones, infracciones, faltas y sanciones administrativas.

Los criterios de interpretación electoral, se dan en distintos casos; el primer criterio de interpretación se encuentra en la versión del Cofipe de 1990, estableciendo los criterios de interpretación en materia electoral, el cual se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático, y funcional atento al contenido del artículo 14 último párrafo constitucional, y el cual dispone que, se deberá de ajustar a la letra de la ley, a su interpretación jurídica y a los principios generales del derecho. Por lo que, todos los órganos del Instituto Nacional Electoral incluyendo consejos locales, y distritales deben estar facultados para interpretar las disposiciones del Cofipe. Existe un planteamiento que el autor da para el establecimiento de un orden normativo interno del Instituto

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