Derechos De Propiedad

Los Derechos de Propiedad y la Constitución

EI requisito más importante para el desarrollo económico de cualquier nación es que pre-valezca un estado de derecho, entendido este como aquella situación en donde, además del cumplimiento irrestricto de las leyes vigentes, estas mismas leyes sean eficientes en la definición y garantía de los derechos de propiedad. Partiendo de esto, nos podemos preguntar si el sus¬tento del marco legal mexicano, la Constitución, cumple con este requisito es decir, si define eficientemente los derechos de propiedad. La respuesta es no. Y, en consecuencia, México sigue siendo un país subdesarrollado, con bajos niveles de PIB per capita y notoriamente inequitativo.

EI Estado de Derecho

Para que la interacción entre individuos y empresas en los dife¬rentes mercados que existen en la economía se lleve a cabo de una manera eficiente, es necesario que estos tengan la garantía de que los derechos de propiedad sobre los recursos que poseen están garantizados legalmente y protegidos judicialmente. Esto implica que las partes que incu¬rren en una transacción tengan conocimiento de los términos de intercambio y acepten las reglas que rigen ese intercambio y que si alguna de las partes no cumple con lo acordado, la contraparte siempre tenga la prerrogativa de buscar la acción judicial para proteger sus derechos. Este marco institucional que rige las transac¬ciones es el corazón de un estado de derecho. Así, las instituciones son el conjunto de reglas, los pro¬cedimientos legales para cumplir y hacer cumplir lo acordado entre las partes, así como las normas de comportamiento ético y norma-tivo designadas para constreñir el comportamiento individual en la búsqueda de la maximización de su bienestar.

Las instituciones económicas, que comprenden al marco legal y alas organizaciones económicas, formales e informales, juegan un papel crucial para dotar a la socie¬dad de un ámbito adecuado en el cual las transacciones entre los diferentes agentes económicos se lleven a cabo y son muy importan¬tes para reducir los costos de tran¬sacción y promover la especializa¬ción en el trabajo. Las instituciones son, de esta manera, las reglas del juego en una sociedad, mismas que determinan, por una parte, cómo se utilizan los recursos que los individuos y la sociedad poseen y, por otra, el resultado en términos del crecimiento económico y de la distribución del ingreso.

Uno de los principales obje¬tivos del marco legal, entendido como las reglas formales bajo las cuales interactúan los individuos y las organizaciones, es definir los derechos de propiedad sobre los recursos que cada uno de los agentes económicos posea y permitirles apropiarse del flujo de ingresos que se deriva de la utilización de estos recursos, ya sean físicos o humanos. Un segundo objetivo es determinar las condiciones de entrada y el nivel de competencia que existe en cada mercado y un tercero, es contribuir a la creación de nuevos mercados. La principal función del marco legal es la definición de los derechos de propiedad, entendiendo estos como las relaciones de comportamiento entre los agentes económicos, sancionadas legalmente, y que surgen de la existencia de bienes y que atañen a su utilización. Estas relaciones especifican las normas de comportamiento res¬pecto a los bienes que cada agente económico debe observar en su interacción con los otros agentes económicos que componen la sociedad. En este contexto, el concepto de derechos de propie¬dad se aplica a todos los bienes escasos, materiales 0 inmateria¬les, y que por lo tanto tienen un precio positivo.

En una economía en la cual los derechos de propiedad están bien definidos, los propietarios de estos recursos tendrán el incentivo para asignarlos a aquellas activida¬des en las cuales esperan obtener el mayor rendimiento posible que se derive de su utilización. En este sentido, los individuos buscaran aprovechar las venta¬jas comparativas que poseen; es decir, tomaran en consideración, al decidir como asignar los recur¬sos, el costa de oportunidad que representa no haberlos utilizado en la siguiente mejor alternativa. Al tener el incentivo para asignar los recursos hacia aquellas activi¬dades en la cuáles el ingreso que se deriva de su utilización es el máximo posible, no solamente se maximiza el ingreso del propieta¬rio de cada recurso, sino también el ingreso de la sociedad.

Un elemento esencial en lo que al marco institucional se refiere, además de la definición misma de los derechos de propie¬dad, es la protección judicial de estos. En un contexto en donde rija el estado de derecho, además del limite al poder del Estado (el cual no puede actuar arbitrariamente en contra de los individuos) y de que los derechos individuales, así como los derechos de propiedad sobre los recursos y los ingresos derivados de su utilización están definidos legalmente con precisión, existe un poder judicial indepen¬diente que vela por la protección de esos derechos. De esta manera, en un estado de derecho, la procuración y la administración de jus¬ticia son imparciales y eficientes y garantizan el cumplimiento de los contratos, tanto entre particulares como entre estos y el gobierno.

Por lo anterior, es cru¬cial des de una perspectiva de desarrollo económico, que en el diseño de las leyes y normas reglamentarias no se entorpezca el intercambio voluntario y la asignación eficiente de recursos, además de que deben estar limi¬tad os, en todo aspecto y tiempo, al respeto irrestricto de los dere¬chos privados de propiedad. En este sentido, es papel del gobierno dotar a la sociedad de un conjunto de leyes y reglamentos que induz¬can la existencia de mercados competitivos tanto de bienes y servicios como de los factores de la producción y que garanticen la igualdad de oportunidades de acceso a estos mercados, de forma tal que los problemas económicos a los que se enfrenta cualquier sociedad puedan ser resueltos de la manera más eficiente y efectiva posible. Y de igual importancia, y para que los individuos tengan la garantía de que sus derechos están protegidos y garantizados, es contar con un poder judicial que sea eficiente, independiente e imparcial. De poco sirve tener un conjunto eficiente de leyes y reglas, si no existe una autoridad judicial que efectivamente garan¬tice su observancia y proteja a los agentes económicos privados en contra de los actos de gobierno que violen sus derechos.

Así, un estado de derecho puede definirse como aquel en el cual los derechos privados de propiedad están perfectamente definidos en el marco legal, garantizados por un poder judi¬cial independiente e imparcial y el gobierno no puede violar la esfera privada. En resumen, un estado de derecho no es más que el imperio absoluto de la ley, aplicable por igual a todos,

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