Finanzas públicas

Después de siete décadas de gobierno de un solo partido hegemónico, y teniendo en estos últimos años un intento de transición a la “democracia”, los principales problemas económicos y financieros que le atañen a México solo se superan momentáneamente, en la mayoría de las veces sin cortarlos de raíz, sigue sin plantearse una reforma fiscal que verdaderamente supere tales situaciones y que además repare los daños sufridos. Sobre tal rubro el ex -presidente Vicente Fox Quesada propuso una iniciativa para la reforma fiscal que si bien, no contenía la solución a todas las dificultades, significaba por lo menos la aceptación de que las cosas en materia financiera y tributaria no se encuentran en el mejor estado en nuestro país, no solo por cuestiones de reforma sino por razones de “cultura” de la mayoría de la población.

Entre los principales problemas hacendarios de nuestro país se encuentran: la evasión, la elusión y los fraudes en materia tributaria, aunado a estos tenemos también temas de tipo administrativo, como la ineficiencia de el Sistema de Administración Tributaria (SAT) , se le puede sumar a todo esto la incapacidad de servicio fiscal de quienes son trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya que no existe en tal institución, como en muchas otras, la implementación del Servicio Civil de Carrera o de profesionalización en su defecto, por consecuencia sigue a esta serie de cuestiones críticas, contrariedades como la falta de calidad en la información o una asignación deficiente e inequitativa de los dineros, sin olvidar que en este país es difícil conciliar acuerdo de beneficio común por la lucha partidista.

Bergman plantea en el Programa de Presupuesto y Gasto Público que “Las administraciones tributarias tienen típicamente dos funciones primordiales:

1) La recaudación de los impuestos.

2) Los controles administrativos para la correcta aplicación de las leyes impositivas” (2003: 12)

Las cuestiones de evasión, elusión y fraudes suceden principalmente por que no existe un “tribunal” u órgano especializado en seguir y determinar fehacientemente castigos para que los contribuyentes cumplan legal y equitativamente con su tributación, pues por desgracia a los mexicanos no les parece lo más “inteligente” cumplir de manera recta con tales responsabilidades. Por esto podemos decir que el SAT no cumple con la segunda función primordial planteada en el párrafo anterior, sumado a todos los puntos débiles de esta organización. La ineficiencia de nuestro órgano de Administración tributaria (SAT) radica en que no tiene la suficiente capacidad de persuasión para que los contribuyentes cometan en tiempo y forma con sus impuestos, y esto se debe primordialmente a que no existen los profesionales capaces de solucionar estas cuestiones desde adentro, antes de plantear una reforma fiscal, se tendría que aumentar la capacidad de recaudación, para que dicha reforma tuviera éxito, esta es una cuestión medular para comenzar a mejorar la calidad de la recaudación en nuestro país; sin embargo hasta la fecha esto sigue en el limbo; como lo observan Werner y Ursúa: “…los principales objetivos que debe perseguir cualquier proyecto de reforma son: el incremento de los ingresos públicos y el aumento en la eficiencia del sistema tributario a través de la eliminación de diversas distorsiones…” (2005:31), como la ineficacia de los altos mandos del SAT, o la mala recaudación de impuestos como el IVA o el ISR, que son factiblemente regresivos, pues sólo contribuyen a aumentar más los rezagos sociales, entre tales rezagos destacaron CIDE – ITAM (2003) la desigualdad del ingreso, infraestructura y producción en las regiones del norte y sur del país, entre otros, por cuáles nos podemos dar cuenta de que la transición a un Estado democrático todavía es deficiente en el caso de México.

Como lo señalan Moctezuma y Roemer: Uno de los rasgos más característicos de las crisis políticas contemporáneas es su intima conexión con procesos administrativos carentes de racionalidad, donde los fines fundamentales del gobierno parecen subordinarse a los imperativos productivos de una burocracia inflexible, costosa, desprofesionalizada y frecuentemente corrupta. Esto trae como resultado una crisis de credibilidad que debilita el poder recaudatorio del aparato e inhibe el marco de derecho (1999). Pero tal debilidad del poder recaudatorio, surge de la falta de confianza por parte de la sociedad hacia el Estado y sus instituciones, pues si los servicios que se prestaran fueran de calidad y cumplieran con la meta de satisfacer las necesidades de la población, ésta cumpliría entonces con las obligaciones que

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