Funcion Policial

Introducción

En las dos últimas décadas se han incrementado la criminalidad y la percepción de inseguridad en

las principales ciudades de América Latina, incrementos que han situado el tema de la seguridad

ciudadana como prioritario en las agendas públicas y de los gobiernos y han supuesto la ubicación

del problema de la inseguridad como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y

ciudadanas del continente. Puede decirse que estamos al frente de una violencia implantada en un

contexto de debilitamiento institucional, de amplias desigualdades económicas y de relaciones

sociales profundamente asimétricas.

Sin embargo, esta importancia no ha sido refrendada con el adecuado diseño de políticas públicas

de seguridad ciudadana integrales y estratégicas; más bien, algunas acciones gubernamentales

aparecen dominadas por el síndrome del temor, del corto plazo y la urgencia social del tema con

soluciones que privilegian el uso de la fuerza y las restricciones de libertad y derechos como

mecanismos aptos para delinear soluciones, sin perjuicio, además, de los réditos electorales que

el tema de seguridad posee.

Los abordajes institucionales del tema de seguridad ciudadana son, en el mejor de los casos,

desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos; no obstante escasean los abordajes del

tema de la seguridad ciudadana para la garantía de los derechos humanos.

En el Estado democrático de Derecho, la función policial se erige como un servicio público a la

comunidad que tiene por finalidad garantizar a toda la población el libre ejercicio de los

derechos y libertades; siendo una labor íntimamente ligada al bienestar general y a la calidad

de vida de las personas como función superior del Estado. La razón de ser que otorga

legitimidad a la profesión policial es la protección y garantía de los derechos humanos y

libertades fundamentales, razón que constituye su horizonte último.

Sin embargo, la recurrencia de episodios en los que el accionar de las fuerzas policiales genera

consecuencias más dramáticas que las que pretende evitar, permite sostener que el abuso en

el uso de la fuerza por parte de la policía es un problema de tal magnitud que contribuye a

incrementar los niveles de violencia al tiempo que genera una desnaturalización de la

obligación de garantía de la seguridad ciudadana como responsabilidad del Estado y sus

funcionarios.

Las consideraciones que siguen tienen por finalidad presentar, de una parte, una aproximación

al paradigma de la seguridad ciudadana para la garantía de los derechos humanos, al tiempo

que ofrecer un breve análisis sobre la configuración de la función policial y el uso de la fuerza a

partir del deber de promoción y garantía de derechos y libertades que compete a la policía en

el Estado Democrático de Derecho.

Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos

El elevado y creciente aumento de los hechos de violencia durante los últimos veinte años en la

región y su carácter rutinario e impune es inconsistente con la democracia; muestra una

1

Abogada, Magíster en Derechos Humanos. Oficial del Programa “Seguridad y Derechos Humanos” en

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH. “abdicación de la autoridad democrática” y afecta la credibilidad de las frágiles instituciones

democráticas2

.

Los fenómenos de la criminalidad y violencia se asocian tanto al aumento de la desigualdad, a

la exclusión social y a la progresiva limitación de oportunidades como a la insuficiencia

institucional para enfrentarlos: ineficiencia policial, impunidad asociada a la ineficiencia y

corrupción del poder judicial, limitaciones en la legislación vigente, políticas públicas de

prevenciones inexistentes o inadecuadas, entre otros.

Por ello, una política adecuada de seguridad ciudadana tiene que ser concebida, en primer

lugar, como parte del conjunto de los esfuerzos de los Estados por avanzar en la inclusión

social y la igualdad de oportunidades y como parte del esfuerzo de fortalecer nuestras aún

débiles democracias y garantizar los derechos humanos y libertades públicas; conquistas

fundamentales de las últimas décadas que no pueden ser arriesgadas.

Las modernas teorías han venido conceptualizando la seguridad de un modo integral

refiriéndose a la seguridad humana3

. Si bien esta noción es determinante en aras a lograr

afectar aquellos factores estructurales generadores de inseguridad y medir los avances en

equidad y democracia al interior de los países; adolece de una amplitud semántica y carece de

la especificidad técnica y conceptual necesaria para posibilitar la evaluación de las políticas

públicas que puedan formularse para su logro4

.

De acuerdo con el paradigma del desarrollo humano, nos referimos a la seguridad ciudadana

como aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente

garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos

institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o coerciones ilegítimas que

pueden lesionar tales derechos.

De ahí que el derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho

consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre

ejercicio de todos sus derechos. En este sentido, la falta de normatividad y tutela efectiva del

derecho a la seguridad ciudadana per se no puede servir de obstáculo para el establecimiento

de la responsabilidad estatal ante el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar, proteger

y cumplir5

.

El derecho a la seguridad es por ello un derecho fundamental, para todos, por lo que el objetivo

último de las políticas de seguridad desarrolladas por el Estado para el logro de su garantía, no

es el de la protección de una parte de la sociedad a costa de la marginación y criminalización

de otras, sino el de la inclusión de la totalidad o de la gran mayoría de los ciudadanos en la

construcción de pautas de convivencia democrática compartidas, en las que deben primar

políticas de prevención, reparación y sanción con propósitos reinsertadores por encima de las

de represión y violencia sobre los no privilegiados.

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