LLEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL

EL PROCESO PENAL EN VENEZUELA

La presente investigación ha tenido como propósito analizar el proceso penal en Venezuela. La metodología utilizada en el estudio fue documental dogmática la cual permitió ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza. Tomando en cuenta los objetivos específicos de la investigación y el planteamiento conceptual integrado por ideas doctrinarias y bibliográficas importantes, se obtuvo información que permitió un desarrollo óptimo del propósito del trabajo. Se enmarcó dentro del esquema concebido por la Universidad Bicentenaria de Aragua. El estudio que se realizó permitió concluir que se puede concluir que la actualidad, el Sistema Penal Venezolano se sustenta tal y como lo consagra el vigente Código Orgánico Procesal Penal, instrumento legal de carácter adjetivo en el denominado Sistema Acusatorio. Es con la puesta en práctica de este instrumento jurídico, que Venezuela comienza a profundizar las bases para una justicia equitativa, publica y cónsona con los preceptos constitucionales y supra constitucionales vigentes que conllevan a la humanización y democratización de la justicia penal en la tierra de Simón Bolívar debido a que como es sabido, la humanidad a lo largo de los siglos ha tratado de encontrar la mejor forma para enjuiciar a quienes cometen los delitos. En tal proceso histórico se ha determinado que, aún con sus imperfecciones, el sistema acusatorio, oral y público es el más adecuado. En otro orden de ideas, es menester acotar que la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela también consagra dentro de su articulado una serie de disposiciones tendientes a regular la participación ciudadana en el estado de derecho y por ende en la administración de justicia penal en Venezuela, lo cual resulta prioritario para un Estado definido como un Estado Social de Derecho y de Justicia.

Descriptores: Derecho penal, proceso penal, fases, debido proceso, principios y garantías

INTRODUCCIÓN

El Estado en su función de garante y protector de la administración de justicia debe tener como objetivo fundamental la garantía de la libertad del individuo, esta garantía además debe estar respaldada por un debido proceso y el derecho a la defensa. En toda esta responsabilidad igualitaria para todos los ciudadanos, que tiene el Estado para que el individuo como elemento fundamental de la sociedad pueda desenvolver sus actividades libremente, siempre y cuando su comportamiento esté acorde con las normas reguladoras que el Estado impone, están las normas reguladoras de tipo constitucional.

Frente a estos principios que limitan la función del Estado en la búsqueda de una información que esté vinculada en algún hecho, donde el individuo tenga una supuesta participación y haya transgredido las normas establecidas, existen algunas consideraciones que el mismo Estado como garante de la acción penal, ejercida a través del Ministerio Público, debe

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