GUIA PRACTICA DE ADQUISICIONES DEL SECTOR PUBLICO

Guía práctica para las adquisiciones del Sector Público

Ricardo Jaime Moncada Figueroa - ricmonfig@gmail.com

1. Introducción

2. El Concepto de Compras del Sector Público

3. Los Procedimientos de Adquisiciones del Sector Público

4. El Comité de Adquisiciones y su funcionamiento

5. El Programa Anual de Adquisiciones

6. Las Políticas, Bases y Lineamientos

7. El Pedido y/o Contrato

8. La sanción a proveedores por incumplimiento al Pedido y/o Contrato

9. La Informática; como herramienta actual de los procesos de Adquisiciones del Sector Público

10. La Licitación Electrónica

11. Guía para participar en las compras del Sector Público

12. Motivos principales de inconformidades

13. La Ética del Comprador Profesional

14. Las Recomendaciones finales

15. Cuadros Resúmenes

16. Glosario

17. Bibliografía

Esta guía fue diseñada con base en la experiencia de los autores, el Lic. Ricardo Jaime Moncada Figueroa, tiene la licenciatura en Física y Matemáticas, del IPN, con los estudios de la Maestría en Ciencias de la Computación, de la UNAM; con más de 15 años en el área de adquisiciones del Sector Público; actualmente es subgerente de adquisiciones en el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

El Lic. Ricardo Sepúlveda Blanco, es licenciado en economía, de donde con más de 25 años de experiencia en compras tanto de Sector Público como del Sector Privado y es autor del texto intitulado “La Gerencia de Compras, un Enfoque Económico”; actualmente se dedica la organización de cursos y seminarios de capacitación.

Introducción

El Gobierno es el comprador más importante del país; tanto en volumen de compras, como en variedad de productos y servicios que demanda, del gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos de 2009, que importa la cantidad de $3,045,478,600,000.00 (Tres billones cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho millones, seiscientos mil pesos 00/100 M. N.), se estima conservadoramente que gasta el 37% en adquisiciones de bienes, contratación de servicios y obras de infraestructura, por lo tanto , cada mes eroga en promedio 93, 902, 233, 000 .00 (Noventa y tres mil novecientos dos millones, doscientos treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.). Esto sólo a nivel federal, a ello hay que sumar las compras que llevan a cabo los gobiernos estatales y municipales con recursos propios. Las dos terceras partes de las compras son a pequeñas y medianas empresas; el tamaño de la empresa no es requisito para ninguno de los procesos de compras del sector gubernamental.

Las Unidades compradoras a nivel federal son las Unidades Administrativas de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría General de la República, los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, y los Fideicomisos en los que el Fideicomitente sea el Gobierno Federal o una Entidad Paraestatal, las Entidades Federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que en su caso, corresponda a los municipios interesados.

En resumen, para cumplir con todas y cada una de sus actividades, los distintos niveles de Gobierno en México (Federal, Estatal y Municipal) requieren desde la adquisición de importantes volúmenes de materias primas, refacciones, productos terminados, contratación de servicios, hasta la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.

Distribuyéndose el gasto de la siguiente forma (-fuente: Secretaría de la Función Pública-):

49% Materiales y Suministros

30% Servicios Generales

17% Obra Pública

4% Bienes Muebles e Inmuebles

El Concepto de Compras del Sector Público

Las Compras del Sector Público, se procesan de un modo diferente a las adquisiciones del Sector Privado, porque están sujetas al marco de la Ley y es necesario conocer a profundidad la normatividad que las rige, el Funcionario Público que incumple con dicha normatividad se le sanciona de diferentes maneras, con penalizaciones que van desde la amonestación pública hasta el encarcelamiento, por lo que además de tener conocimiento de la Ley y su normatividad debe conocer cabalmente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en donde se señalan los principios que rigen la función pública, y señala las responsabilidades en las que pueden caer, por no cumplir con la Ley, hay que tener presente que el desconocimiento de la misma, no nos exime de su cumplimiento.

Por otra parte, siendo la Dirección de Recursos Materiales el responsable de suministrar oportunamente los bienes y servicios requeridos por el Sector Público, al mejor precio, en la cantidad y la calidad adecuadas con la propuesta más solvente, se vuelve indispensable una aplicación correcta de la Ley, para no entorpecer su abastecimiento y afectar así, el funcionamiento y la operación regular de las dependencias y entidades, por la normatividad a que está sometido.

Lo antes expuesto significa que el Funcionario Público responsable del área de adquisiciones debe tener muy claros los límites de su actuación, para que sin incurrir en violaciones a la Ley en la materia, cumpla con su objetivo principal; el suministro oportuno de los bienes y servicios requeridos por las dependencias y entidades del sector público.

3. Las Leyes que lo fundamentan.

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente expresa lo siguiente: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases,

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