Grupos de apoyo a las personas en condiciones de vulnerabilidad

UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE SEDE HEREDIA

Derecho de Familia I. RESUMEN EJECUTIVO

Aileen San Lee Rodríguez

Grupos de apoyo a las personas en condiciones de vulnerabilidad

     En nuestro acontecer diario es común ver anuncios en la televisión, radio, periódicos o revistas cargados de contenido discriminatorio y falto de coherencia con los principios de un Estado de Derecho como lo es Costa Rica. A pesar de ello, en los últimos años se han encaminado acciones en la búsqueda por dar una solución a este grave problema de exclusión de algunas poblaciones que radican en territorio costarricense.

     Quizá una de las acciones más importantes que se han ejecutado en materia de acceso a justicia en Costa Rica la constituye la aprobación de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, el 26 de mayo de 2008 por parte de la Corte Plena del Poder Judicial, (artículo II del acta N° 17-2008), dándole la tarea a la Comisión de Acceso a la Justicia de desarrollar acciones institucionales encaminadas a mejorar las condiciones de acceso a la justicia para estas poblaciones.

     Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas. Estas personas se encuentran amparadas por nuestra Constitución Política en el artículo 33, en donde se establece el principio de igualdad.  

     Pero, ¿qué se entiende por condición de vulnerabilidad? Para nuestro caso, se entiende como “vulnerabilidad” según  Marco Andrés Mora (2013):

“Es un estado o situación en el cual las personas, por motivo de sus condiciones económicas (pobreza o extrema pobreza), sociales (nacionalidad, género, religión, educación, estado emocional), físicas, psicológicas y otras (como la persecución por parte del Estado u grupos armados, acoso familiar),  tienen disminuida la posibilidad de hacer efectivos sus derechos, es decir, poder incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.”pág.2  

     Por tanto, se pueden incluir dentro de esta categorización a niños, niñas y adolescentes; personas migrantes o refugiadas; personas con discapacidad; víctimas de delito; entre otras. De modo que el grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su capacidad para resistir y hacer frente a los peligros y recuperarse de los desastres dependen de factores físicos, económicos, sociales y políticos. Desde luego, la pobreza contribuye de manera importante a la vulnerabilidad. Es más probable que las personas pobres vivan y trabajen en zonas expuestas a peligros potenciales y menos probable que dispongan de los recursos necesarios para hacer frente a un desastre.

     Normalmente, en los países más ricos, las personas poseen una capacidad mayor para resistir a los efectos de un peligro. Suelen estar mejor protegidas frente a los peligros y disponer de sistemas de preparación. Además, la solidez de los medios de subsistencia y los ingresos mayores incrementan la resiliencia de las personas y les permiten recuperarse más rápidamente de un desastre.

     Así mismo, cabe destacar que las acciones son formuladas desde distintas oficinas y/o instancias del mismo Poder Judicial, responsables de la promoción de políticas, estrategias y proyectos para la implementación de las Reglas. Estas pueden desarrollar acciones interinstitucionales o interdepartamentales para implementar las acciones que requiera el cumplimiento de los principios y metas de este compromiso internacional.

     Dentro de las estrategias seguidas está la delimitación de los sectores de la población que se consideran en condición de vulnerabilidad. Dentro de las poblaciones consideradas como vulnerables encontramos:

1. Niñas, niños y adolescentes 

     Se buscan acciones encaminadas al fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para hacer realidad su acceso a la justicia por parte del Poder Judicial. Dentro de las instituciones que velan por la protección de los derechos de los menores de edad encontramos las siguientes:

• Patronato Nacional de la Infancia (PANI): Es la institución rectora que vela por los derechos y protección de la niñez y la adolescencia. Donde se puede buscar la asistencia del PANI en caso que el niño o niña, o persona menor de edad esté siendo agredida, discriminada o excluida. Así mismo está se encuentra respaldada por nuestra Constitución en su artículo 55 y en el Código de Familia en el artículo 5.
• CEN-CINAI: La Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral es parte del Ministerio de Salud. Brinda servicios de cuidado diario a niños y niñas en situación de pobreza y/o de riesgo social. Existen 617 establecimientos en el país brindando ese tipo de apoyo.

     Del mismo modo, encontramos regulación hacia las personas adscritas a la Ley Penal Juvenil, en concordancia con las Reglas de Brasilia, donde la edad es un determinante clave para decir que una persona está bajo condición de vulnerabilidad; de ahí el compromiso de desarrollar acciones que permitan la realización a cabalidad de los derechos reconocidos dentro del ordenamiento jurídico nacional para población menor de edad sometida a un proceso penal juvenil.

1. Personas Adultas Mayores

     Para desarrollar un envejecimiento positivo, la sociedad debe proporcionar a los mayores oportunidades para que puedan ser independientes, para que gocen de buena salud y para que sean productivos. Asimismo es importante que disfruten de una mayor seguridad y comodidad, fomentando el bienestar y creando entornos ambientales más propicios y favorables. Hay que pensar más en capacitar que en discapacitar, considerando a los mayores como participantes y contribuyentes activos de la sociedad. Por lo tanto, se generan acciones y pautas a seguir por parte de los funcionarios y funcionarias  judiciales para que el acceso al sistema de justicia por parte de las personas adultas mayores, tales como las modificaciones al sistema de información, trato prioritario o el cambio en el color del expediente (marrón). Dentro de las instituciones que velan por la protección de los derechos de las personas adultas mayores (PAM) encontramos:

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