Implicaciones de la transparencia en el servicio público y la rendición de cuentas para el fortalecimiento social

Capítulo No. 1.1. Implicaciones de la transparencia en el servicio público y la rendición de cuentas para el fortalecimiento social.

Transparencia y Rendición de Cuentas.

Transparencia una puerta hacia la democracia. Publicación del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Segunda edición. Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Chihuahua, México. 2011. Pág. 78

La transparencia es una palabra reciente que aparece ligada a la vida democrática e implica que el ejercicio de las funciones públicas debe estar a la vista de todos los integrantes de la sociedad, así como una construcción paulatina que requiere de la participación de todos nosotros. De esta manera, la ciudadanía puede conocer lo que realizan los gobernantes, darle seguimiento y vigilar el desarrollo de las políticas y los recursos públicos. Asimismo, también las autoridades cuidan su actuación, se conducen con honestidad y se obligan a cumplir las leyes y normas, a comunicar las decisiones, los procedimientos, los recursos y todo aquello que esté relacionado con sus acciones, razones y funciones.

Sin embargo, la transparencia no puede concebirse sin la existencia de la rendición de cuentas, una expresión que merece que nos detengamos en su significado por su relevancia para la conformación de una república democrática.

Rendición de cuentas

Esta expresión está asociada a la traducción de un término inglés: accountability. Según señala Andreas Schedler, la traducción es imprecisa y no puede ser literal; se requiere una explicación amplia de todo lo que abarca esta palabra del idioma inglés. Por ello conviene revisar algunos aspectos que menciona este politólogo mexicano acerca de la rendición de cuentas, para entender y darle justa dimensión a su significado. Dice Schedler:

«Como otros conceptos políticos en inglés, se trata de un término que no tiene un equivalente preciso en castellano, ni una traducción estable. A veces se traduce como control, a veces como fiscalización, otras como responsabilidad. Sin embargo, la traducción más común y la más cercana es la rendición de cuentas.

[...] mientras accountability conlleva un sentido claro de obligación, la noción de rendición de cuentas parece sugerir que se trata de un acto voluntario, de una concesión generosa del soberano que rinde cuentas por virtud y voluntad propia, no por necesidad. Podemos precisar entonces que accountability es la rendición obligatoria de cuentas.

Adicionalmente, junto con la rendición de cuentas (por obligación), el concepto de accountability también incluye la exigencia de cuentas (por derecho). Como en los controles al poder, las obligaciones de unos son los derechos de otros, la idea de accountability contempla de antemano a las dos partes involucradas –a los que rinden cuentas al igual que a los que exigen cuentas–.

[...] la rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones. Los tres aspectos en su conjunto –información, justificación y castigo– convierten a la rendición de cuentas en una empresa multifacética. La convierten en una casa conceptual amplia que hospeda una muchedumbre de términos afines, como la vigilancia, la auditoría, la fiscalización o la penalización, y todos comparten la pretensión de domesticar el ejercicio del poder».

Rendir cuentas no sólo implica mecanismos claros para dar a conocer, sistemática y fluidamente, cómo, por qué y en qué se utilizan los impuestos de las y los contribuyentes. Este concepto va todavía más allá. Como señala Schedler, se refiere a una obligación de las autoridades, como también al derecho de la ciudadanía de pedir cuentas y explicaciones, y obtener respuesta a su exigencia. En ello, están implícitas las atribuciones de control y fiscalización que los poderes públicos tienen entre sí, como parte de las medidas de pesos y contrapesos.

Así pues, por definición la rendición de cuentas forma parte de un Estado republicano y democrático de derecho y debe entenderse en esa doble vía: como un derecho que posee la ciudadanía de pedirle cuentas a los gobernantes y como una obligación que éstos tienen de rendir cuentas a sus gobernados, a quienes representan.

Transparencia y rendición de cuentas

La rendición de cuentas es un acto obligatorio de todas las autoridades y la transparencia es la cualidad que debe acompañar ese acto. Este binomio, rendir cuentas y hacerlo de manera transparente, le impone varios desafíos a los hábitos perniciosos de las autoridades, acostumbradas, siglo tras siglo, a ejercer el poder sin que nadie cuestione ni se interese por nada. Por ello ambas resultan valiosas para marcarle procedimientos y mecanismos obligatorios a los gobernantes, al mismo tiempo que contribuyen al fortalecimiento de la ciudadanía.

La transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones de las autoridades que les implican procedimientos y maneras de hacer visibles sus acciones. Difícilmente los gobernantes aceptarán ser vigilados y requeridos, por esa inclinación cultural hacia el secretismo y autoritarismo que abunda en la forma de actuar gubernamental, sin embargo esta vigilancia resulta indispensable para el bienestar de la sociedad y el desarrollo de la república democrática, y debe provenir de los propios servidores, como parte de su ética pública, de sus atribuciones y obligaciones legales. Las y los servidores públicos deben acostumbrarse a entregar información; es entre ellos mismos, desde el servicio público, donde se debe crear, desarrollar, fortalecer y concretar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

El ejercicio de funciones de las y los servidores públicos debe ser evidente, cristalino, de tal manera que esté a la vista de todas las personas qué hacen las autoridades, con qué criterios, cómo lo realizan, con qué objeto, en cuánto tiempo, con cuánto presupuesto, etcétera, por un principio ético de quienes se encargan de ejercer y responder por los recursos públicos –pertenecientes a todos y todas–. Además de ello, estos servidores públicos tienen un mandato legal-constitucional.

Reiteramos, pues, que la transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a ir completando una buena parte del rompecabezas democrático de nuestro país. La transparencia es una de las cualidades por excelencia para todas y todos los servidores públicos y una condición que permite a la ciudadanía evaluar gobernantes, controlar el poder público, fortalecer a la autoridad política y detectar y corregir errores; a ello se refieren los académicos al señalar usos y efectos de ejercer el poder en forma transparente, en una lógica democrática.

De tal modo, puede decirse que la transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a empujar un proceso educativo en doble vía: por un lado, para las autoridades, quienes requieren acostumbrarse a rendir cuentas de una manera transparente, y formarse y transformarse para ejercer el poder de manera horizontal, limpia, justa y de cara a los miembros de la sociedad. Por el otro lado, para las y los ciudadanos al moverlos a hacer uso de su derecho legítimo a obtener por parte de los gobernantes información oportuna y veraz, que les sirva en la toma de decisiones y les permita ejercer control sobre el poder y lo que se hace con dinero público.

Gestión pública transparente.

La transparencia se concibe, además, como un principio de la gestión pública que se concreta en dos formas: 1) se mandata, se ordena, abrir y mostrarle a la ciudadanía procesos, decisiones, resultados, planes, presupuestos, estudios y desarrollos, de la actuación de todos los entes de gobierno, en todos los órdenes, y 2) se requiere asumir la transparencia como un valor organizacional, con un conjunto de normas, procedimientos y acciones de la vida cotidiana de toda institución que le permite producir, utilizar y distribuir la información pública como un recurso estratégico tanto para sí misma como para la sociedad.

De acuerdo con Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política y profesor-investigador del Centro de Estudios de Investigación y Docencia Económicas (CIDE):

«a) La transparencia como política pública no se limita a cumplir las normas mínimas que regulan el acceso a la información pública, sino que comprende la forma en que se produce, se distribuye y se utiliza la información dentro de la propia organización, entendida como un recurso estratégico para el cumplimiento de sus fines;

b) La política de transparencia asume que el carácter público de la información debe servir para perfeccionar los procesos y las decisiones internas y, en consecuencia, para incrementar la utilidad social de la función que desarrollan las organizaciones que componen el sector público;

c) La política de transparencia se propone construir procesos de decisión y de acción que forman parte del espacio público y, en consecuencia, no son excluyentes, asignan responsabilidad con claridad, pueden verificarse y deben conocerse públicamente».

Al ampliar el criterio y reconocer que la transparencia es condición necesaria para todo encargo en el servicio público, retomando las ideas de Merino, hay que señalar que una gestión pública transparente debe tener al menos seis rasgos principales:

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