Inclusión en Educación Primaria

Inclusión en Educación Primaria

           Legislación y Normativa Educativa

Inclusión Educativa: aportes para una real inclusión en el nivel primario.

El concepto de inclusión ha sido una temática recurrente en materia educativa en Argentina.

En función de regular y garantizar el cumplimiento de políticas sociales y educativas que den sentido al principio de igualdad distributiva de oportunidades en relación al derecho personal y social a recibir educación, y siendo el Estado garante de su ejecución, muchas son las reglamentaciones que postulan los principios de inclusión.

Normativa.

En la Argentina, las bases legales están establecidas en la Constitución Nacional donde se declara:

Artículo 14°. “Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de enseñar y aprender.”

 La  Ley de Educación Nacional N° 26.026 dice en su artículo 8 que “ La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida…”. La extensión de la obligatoriedad y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho pone en el centro de las preocupaciones la necesidad de definir políticas específicas que garanticen su educación y sus trayectorias escolares completas.

La Ley de Protección Integral de Los Derechos de Las Niñas, Niños y Adolescentes N°26.061 sobre la base de la Convención sobre los Derechos del Niño “tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina”. Este interés superior del niño impone un límite que debe guiar toda política pública relativa a la infancia. En este sentido, se entiende como “interés superior del niño, de la niña y del adolescente” la satisfacción máxima, integral y simultánea de los derechos y garantías de dicho grupo.

Los marcos regulatorios de las políticas de la Modalidad de Educación Especial surgen de:

  Ley N° 23.054/84: Convención de los Derechos Humanos

  Ley N° 23. 849/89 Convención de los Derechos del Niño.

La Resolución N° 155/11 CFE: define los entramados para el abordaje de la modalidad en los distintos niveles educativos; tiene como meta sentar marcos que favorezcan el trabajo que se lleva adelante en los distintos niveles educativos.

Partiendo de los principios establecidos a lo largo de las diferentes normativas sobre la enseñanza como derecho personal y la equidad en el acceso a la educación, nuestro trabajo está enfocado a trazar líneas de acción que contribuyan a una inclusión real en el nivel primario.

La Ley de Educación Nacional dice en su artículo 26 que “ La Educación Primaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación de los/as niños/as a partir de los SEIS (6) años de edad.

Entre sus objetivos destacamos:

a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria.

b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones.

c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana

Todos los niños tienen derecho a la educación integral, básica y común y se les debe dar la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos.

Cada niño tiene características, intereses, capacidad y necesidades de aprendizaje propios. Por lo que los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades.

Si bien la inclusión, en general, y la educación inclusiva, en particular, son responsabilidad del conjunto de la sociedad, el Estado tiene un rol garante en el derecho a una educación de calidad para todos. Estas garantías se reflejan en:

• Ofrecer oportunidades educativas de calidad para todos y generar las condiciones necesarias para todas las personas (los contenidos y la calidad de la educación buscan ser relevantes para todos los grupos sociales).  
• Mejorar las condiciones de acceso, permanencia y egreso de todos los estudiantes con foco en aquellos con mayor riesgo de exclusión, como por ejemplo alumnos con discapacidad, con dificultades de aprendizaje, con altas capacidades y/o con características de distinto tipo (cognitivas, étnico-culturales o socioeconómicas, entre otras) en una educación común.  
• Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación apropiados que permitan medir el impacto, así como la continua mejora de las políticas educativas.

En virtud de poner en acción estas garantías y con el objetivo de generar una verdadera transformación en relación a una real inclusión, desde las instituciones educativas  se deberán contemplar diversas estrategias donde los diferentes actores que integran la escuela (directivos, docentes, personal no docente, alumnos y familias, etc.), a través de espacios participativos, de diálogo y de práctica, profundicen en dicho proceso y establezcan las bases para la consolidación del proyecto inclusivo, teniendo en cuenta diferentes dimensiones:

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