Interes Legitimo E Interes Simple

5.5. EL INTERÉS LEGÍTIMO

Los intereses legítimos son situaciones en que se encuentran determinados ciudadanos en relación con una administración pública. Un ciudadano tiene un interés legítimo cuando la administración pública le causa un daño, perjuicio o beneficio en su esfera personal. Este interés legítimo es aplicable para los efectos de intervenir en el procedimiento administrativo y para recurrir a las decisiones administrativas bien frente la propia administración o ante los jueces integrantes del poder judicial. El interés legítimo, también es considerado como una facultad que posee un titular que no es particularizado, sino como integrante de un grupo de sujetos, diferenciables dentro de la comunidad, que, como titulares, pueden exigir a un sujeto obligado, que es el Estado.

Ciertas calidades de legitimidad de los actos administrativos, de sus órganos, incluso por acciones o recursos judiciales, es decir; que da utilidad impugnativa procesal. La jurisprudencia señala que ostentan interés legítimo en un caso quienes se encuentran en una situación jurídica individualizada, distinta de la situación jurídica que otros ciudadanos pueden tener respecto de la misma cuestión. El Tribunal añade que existe interés legítimo cuando la estimación del recurso produce un beneficio o evita un perjuicio a la persona que lo interpone. El beneficio o perjuicio debe ser cierto y efectivo, pero no es necesario que sea inmediato.

5.6. EL INTERES SIMPLE

Distintos autores sostienen que el interés simple es aquel que comprende un mero interés perteneciente a todo ciudadano o habitante sobre el cumplimiento de la ley, se trata del interés que posee todas las comunidad a que se cumpla con el ordenamiento jurídico y sobre el cual solo se podía efectuar una mera denuncia; además de ello evita la existencia de actos administrativos ilegítimos. El interés simple, no da derecho a interponer acciones judiciales ni recursos administrativos. Permite realizar denuncias ante la administración y el Defensor del Pueblo sobre una acción u omisión considerada ilegítima. En el interés simple, la administración no está obligada a resolver la denuncia interpuesta, por lo que podemos inferir que todo habitante posee un interés simple en que el un proceso público licitatorio se lleve adelante, según lo establece la normativa vigente que lo regula.

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