Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en su artículo 2 determina las normas generales que orientara la actuación de los funcionarios que integran los organismo con jurisdicción contenciosa administrativa las mismas servirán de lineamientos y directrices para garantizar la actuación ideal de los mismos, condicionando al contenido de estos principios la organización, estructura y competencia.  

Los lineamientos por los cuales deberán regirse dichos organismo son: justicia gratuita, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad e inmediación. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela como norma suprema en su artículo 26 también regulariza la actuación de la administración pública estableciendo que toda persona contara con la garantía constitucional además otorgándoselos como un derecho con igual rango, de acceder a los órganos de Jurisdicciones hacer valer su derecho y que en dicha actuación deberán regirse por los principios mencionado con anterioridad.

Del mismo modo la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que todos los procesos que se encuentren normados por esta ley deberán direccionarse en razón a los principios que rigen la jurisdicción contencioso administrativo creando el impedimento por parte de esta norma de que no se sacrificara la justicia por la aplicación de formalismos poco esenciales. Los procedimientos preceptuados en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia deberán apegarse a los principios contemplados en el artículo 85 de la misma ley.

La justicia es una función pública es por ello que  Estado debe ser el garante de que la misma se haga de manera efectiva, cuando nos referimos al principio de la Justicia Gratuita nos sugiere que con el deseo de garantizar el acceso a la justicia los tramites no constaran de ningún costo, se realizan en papel sencillo y no se exigirán pago de aranceles permitiendo así la accesibilidad a los órganos encargado de impartir justicia para ejercer la tutela efectiva de sus derechos.  

El Principio de Idoneidad es la facultad que se le atribuye por ley a los órganos jurisdiccionales por lo cual sostiene que el funcionario ser el encargado de brindar la protección al administrado empleando sus conocimiento, atendiendo estos a la ética profesional.

Los funcionarios publico actuaran con libertad en cuanto a la apreciación del derecho y con equidad dentro de la jurisdicción contenciosas admirativa teniendo solo por obstáculo para sus actuaciones o actuando bajo las limitaciones que la ley determine; permitiendo de esta manera la toma de decisiones en atención a las necesidades de los administrado, el funcionario que efectué de esta manera sus actuaciones estarán fundadas en los Principios de Autonomía e Independencia.

El Principio de Celeridad, con este principio lo que se busca es la obtención, dentro de un plazo razonable de los tribunales, la resolución definitiva de su conflicto, cuyo incumplimiento se genera por la inactividad del órgano jurisdiccional en no satisfacer la pretensión dentro del lapso previsto. A demás de celeridad en la jurisdicción administrativa, en esta toma de decisiones que pone fin a la controversia se busca que se atienda al Principio de Brevedad obligando de esta manera a los tribunales jurisdiccionales a dictar las decisiones sin hacer omisiones o retardos en los asuntos a le han  sido sometido.

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