La Funcion Publica

INTRODUCCIÓN

La Función Pública referida a la persona como ciudadano, es muy decisiva en cuanto al desarrollo del Estado; porque si la persona alcanza su realización a través del trabajo, porque éste la dignifica; De igual forma, el Estado, crece con el ejercicio de esta capacidad y cualidad única del hombre. Sin embargo, este trabajo no puede desarrollarse de una manera desordenada, desorganizada, ya que ello llevaría fácilmente a la explotación, al poder de una minoría; y por ende, a la destrucción de la persona y con ella la del Estado.

Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos

Antiguamente, el acceso a la función pública, no era para todos; sino sólo para los nobles y en otros casos para los burgueses que podía comprarlos y detentarlos de por vida. Sin embargo, la función pública se ha vuelto grande y compleja en los Estados contemporáneos; es por ello, que necesita ser regulada y orientada para alcanzar adecuadamente sus fines. En nuestro país se encuentra normada en el Título I, Capítulo IV, artículos 39, 40, 41 y 42 que a continuación pasaremos a ver.

DERECHO CONSTITUCIONAL

CAPITULO IV

LA FUNCION PÚBLICA

DEFINICIONES PRELIMINARES:

1. Definición de Función Pública.

La Función Pública puede ser definida como el conjunto de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores en donde las funciones desempeñadas son señaladas por la Constitución, una ley o un reglamento. La Función Pública es la actividad realizada en cabeza de personas naturales en nombre del Estado cuyo fin está encaminado al logro de los fines esenciales del mismo Estado.

Esta figura está sometida a un Régimen con el cual se garantiza la igualdad, la eficiencia, los servicios que brinda el Estado y en consecuencia la práctica de los principios fundamentales en que se basa dicha actividad.

2. Definición de Funcionario Público

En el espíritu de la ley penal debe considerarse funcionario público a aquella persona que de algún modo participa ya sea con competencia originaria o por delegación, compartida o exclusivamente, del ejercicio de la función pública, sin importar la determinada calidad jurídica de la cual se encuentra investida.

De hecho se atribuye en la ley penal el status de funcionario público precisamente a aquel que por su cargo no lo tiene -mero empleado-, cuando participa del ejercicio de aquellas funciones.

3. Definición de Servidor Público.

Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo).

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.

Los Funcionarios y Trabajadores Públicos

Artículo 39.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la Republica tiene la más alta jerarquía en el servicio de la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a Ley.

Antecedentes en la Constitución de 1979

Los artículos de la Constitución de 1979 antecedentes del artículo 39 de la Constitución de 1993 son los siguientes

Artículo 58 Los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la Nación (…).

Artículo 60 Un sistema único homologa as remuneraciones bonificaciones y pensiones de los servidores del Estado.

La más alta jerarquía corresponde al Presidente de la República. A continuación a Senadores y Diputados, Ministros de Estado y Magistrados de la Corte Suprema.

Ambas Constituciones, con cambios de redacción que no conllevan diversa interpretación, tienen en común las siguientes normas:

• Que los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.

• Que existe una jerarquía en el servicio al Estado encabezada por el Presidente de la República.

La Constitución de 1993 establece el lugar que corresponde a los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura y al Fiscal de la Nación que ya existían en la Constitución de 1979 pero que no habían sido mencionados en el artículo 60. La Constitución de 1993 equipara a todos ellos al Defensor del Pueblo, no existente en la Constitución de 1979.

También la Constitución vigente establece que se ubican en rango posterior los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, según lo establezca la ley. La Constitución de 1979 no los había mencionado en este punto.

ANALISIS

El artículo transcrito reúne, con ligeras ampliaciones, los dispositivos 58 y 60 de la Constitución de 1979. La previsión diseñada es el establecimiento de la carrera pública, el servicio del Estado y las reglas mínimas para el funcionamiento ordenado de la administración pública.

La norma establece el principio de que los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, es decir, de la corporación políticamente organizada de peruanos. Estos trabajadores deben servir a ese objetivo: la actividad del Estado, en orden a la atención de los intereses del país y de la población.

Esto quiere decir que los servidores públicos no deben ser entendidos como trabajadores al servicio de un partido, de una facción, o siquiera de su jefe, sea este el Ministro, el Presidente del Congreso, de la Corte Suprema o del propio Presidente de la Republica.

Es importante recordar que normas como la que comentamos son de reciente data. Hasta hace doscientos años muchos cargos públicos eran vendidos a quienes los detentarían como propiedad. Esta modalidad fue aplicada, inclusive, a los cargos judiciales. Con ella, los reyes encontraron durante varios siglos la oportunidad de obtener ingresos para sus arcas fiscales a costa de la riqueza que los burgueses adinerados estaban dispuestos a entregarle a cambio de ejercitar estas

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