La Prueba Electrónica

“LA PRUEBA ELECTRÓNICA”

La prueba electrónica representa un severo abismo dentro de la justicia en México, debido a que no existe, como tampoco en el resto del mundo, una regulación de la materia a pesar de las exigencias que la tecnología hoy representa dentro de la sociedad.

Debido a la falta de regulación legal que existe, se ha tenido la necesidad en el mundo entero de recurrir a la analogía, la jurisprudencia y el derecho comparado para que el juzgador que tiene frente a sí pruebas de esta naturaleza, tenga al menos el apoyo mínimo jurídico para estar en aptitud de dictar una resolución lo más apegada a derecho posible.

Asimismo y a pesar de que pueda resultar una prueba fidedigna y determinante dentro del procedimiento, el solo hecho de ofrecer una prueba electrónica, también representa un reto para el mismo oferente, pues debe asegurar la legalidad del ofrecimiento (cuando es inexistente su regulación), así como cubrir con la cadena de custodia.

Otro punto a resaltar es la celeridad del actuar judicial, debido a que celeridad con que la tecnología "se mueve", la actuación judicial o intervención, corre el riesgo de "quedar atrás", pues mientras esta inicia alguna averiguación o procedimiento en los que emita un mandato que asegure la cadena de custodia, aquella puede ya haber cambiado los elementos constitutivos del delito, tal es el caso de publicaciones de internet.

Por otro lado, la prueba electrónica y la garantía de cumplir con la cadena de custodia, se topan con la limitante que implica la inviolabilidad de la privacidad y de las comunicaciones, derechos humanos que deberán ser primordialmente respetados dentro de cualquier actuación judicial tendiente a allegarse de elementos tales como la prueba en estudio. Situación que necesariamente deberá encontrar una solución legislativa a efecto de no dejar en desventaja a la autoridad o al mismo ofendido.

De tal manera que el ofrecimiento y aseguramiento de la prueba, debe indudablemente cumplir, en primer término, con la licitud del allegamiento de la misma, sin manipulación de los particulares, sino hasta la intervención de la propia autoridad ministerial, quien debe ser la encargada de ordenar su aseguramiento mediante órdenes que cumplan con las garantías constitucionales del debido proceso, así como asegurar que dichos mandatos se cumplan bajo el más estricto seguimiento, debiendo la autoridad documentar cada uno de los pasos seguidos en la cadena de custodia para presentar una prueba electrónica que haga prueba plena y sea considerada como tal en el momento de dictar la resolución correspondiente, evitando con todo ello posibles nulidades por allegamientos de prueba ilícita.

...